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Convergencia

Movimiento Ciudadano | Convergencia

Convergencia (hasta el 2002, Convergencia por la Democracia) es un partido político mexicano, fundado como tal en 1999 por miembros de la sociedad civil y antiguos miembros del PRI y otras fuerzas políticas.

Convergencia se define a sí mismo como un partido socialdemócrata.

Convergencia por la Democracia solicitó su registro como Agrupación Política Nacional en 1996. Le fue otorgado en enero de 1997.

El 5 de diciembre de 1998, Convergencia por la Democracia efectuó su Asamblea Nacional Constitutiva como partido político Nacional. El 1° de agosto de 1999, el Instituto Federal Electoral (IFE) notificó a la dirigencia de Convergencia que contaba formalmente con registro y con la personalidad jurídica de Partido Político Nacional.

La primera dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Convergencia fue encabezada por el Lic. Dante Delgado Rannauro (1999-2002), a quien acompañó en la Secretaría General del partido el Lic. Enrique Herrera Bruqueta hasta el año 2001.

Convergencia suscribe los valores y los principios de la socialdemocracia renovada: la igualdad y la equidad, la protección de los débiles, la libertad como autonomía, ningún derecho sin responsabilidad, ninguna autoridad sin democracia, el pluralismo y la defensa de los derechos fundamentales del ser humano, entre otros. Reconoce, además, la necesidad de respetar la libertad individual y la elección personal, pugnando en todo momento por una justicia social para todos los que habitamos este país.

Para Convergencia, la socialdemocracia hoy representa una orientación política que acepta el sistema de libre mercado como la mejor manera de organizar la producción de bienes y servicios requeridos para la satisfacción de necesidades materiales, pero al mismo tiempo tiene como objetivo fundamental la intervención del Estado para asegurar que los beneficios y dividendos sean producidos y distribuidos de una manera que se asegure una vida cabal y plena para toda la sociedad.

Desde su origen, Convergencia suscribe como ideología política los valores y los principios de la Socialdemocracia Renovada, que consisten en promover la igualdad y la equidad, la protección de los débiles, la libertad como autonomía, ningún derecho sin responsabilidad, ninguna autoridad sin democracia, el pluralismo y la defensa de los derechos fundamentales del ser humano, entre otros. Reconoce, además, la necesidad de respetar la libertad individual y la elección personal, pugnando en todo momento por una justicia social para todos los mexicanos. Para Convergencia, la Socialdemocracia representa hoy una orientación política que acepta el sistema de libre mercado como la mejor manera de organizar la producción de bienes y servicios requeridos para la satisfacción de necesidades materiales, pero al mismo tiempo tiene como objetivo fundamental la intervención del Estado para asegurar que los beneficios y dividendos sean producidos y distribuidos de una manera que se asegure una vida cabal y plena para toda la sociedad.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

1. UN NUEVO RUMBO PARA LA NACIÓN

Durante décadas la implantación de modelos de desarrollo ajenos a nuestra realidad y los desaciertos en la formulación y práctica de políticas gubernamentales sin el sustento de la voluntad democrática de los mexicanos, alejaron a nuestro país de toda posibilidad paralograr mejores niveles de bienestar colectivo, enfrentando a la población a muy serias dificultades.
El saldo histórico acumulado ha derivado en grandes desafíos que deberán ser resueltos en el futuro inmediato: deterioro general en el ingreso y en las condiciones de vida de la población; desempleo generalizado; baja calidad de la educación; crecimiento acelerado de la pobreza y concentración excesiva de la riqueza; una crisis en el sector agropecuario y un notorio proceso de desindustrialización. Además, la inseguridad, la impunidad, la injusticia y la violencia política que agravian a una sociedad que cada día confía menos en las instituciones.
Por otra parte el país ha emprendido un proceso de transición democrática, que deberá profundizarse, sustentarse y consolidarse en reglas que perfilen el nuevo sistema político que demanda nuestra sociedad. Un nuevo sistema producto de la acción política y no de la acción burocrática. Un sistema incluyente que contemple la creación de espacios para nuevos actores y aliente la participación de corrientes y formas de organización política regionales y locales.
Los retos que hoy enfrenta la nación no pueden ser abordados con actitudes excluyentes, ancladas en el pasado, invocando un futuro que nunca llega, o pensando en una sociedad que ya no existe.
El centralismo, la ausencia de consensos entre los poderes de la federación y el inadecuado funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos, la discrecionalidad y la corrupción en la procuración e impartición de justicia, aunado a la insuficiencia de espacios y canales de participación política, se contrapone a los avances de una sociedad cada vez más critica y plural, que exige el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos y su participación en los procesos democráticos del país, en síntesis, en la construcción del nuevo Estado democrático.
Convergencia es un partido integrado por mexicanas y mexicanos conscientes de la necesidad de buscar, con el concurso de toda la sociedad, Un Nuevo Rumbo para la Nación, en cuyo proyecto se incluyen oportunidades de progreso para todos, y por medio del cual se busca fortalecer la República, lograr la estabilidad y la tranquilidad social que nos permita consolidarnos internamente y nos permita participar con firmeza en el concierto de las naciones.
Convergencia suscribe los valores y los principios de la Socialdemocracia renovada, tales como: la igualdad y la equidad, la protección de los débiles, la libertad como autonomía, ningún derecho sin responsabilidad, ninguna autoridad sin democracia, el pluralismo, la defensa de los derechos fundamentales del ser humano, entre otros; reconoce la necesidad de respetar la libertad individual y la elección personal, pugnando en todo momento por una justicia social para todos los que habitamos este país.
En suma, es una opción que se compromete a impulsar políticas que permitan que todos los mexicanos cuenten con las mismas oportunidades, luchando por un desarrollo sustentable, equitativo y justo.
Para Convergencia, la Socialdemocracia hoy, representa una orientación política que acepta el sistema de libre mercado como la mejor manera de organizar la producción de bienes y servicios requeridos para la satisfacción de necesidades materiales, pero al mismo tiempo tiene como objetivo fundamental la intervención del Estado para asegurar que los beneficios y dividendos sean producidos y distribuidos de una manera que se asegure unavida cabal y plena para toda la sociedad.

2. UNA NUEVA POLÍTICA PARA UNA NUEVA SOCIEDAD

En la actualidad, la sociedad mexicana es diferente y demanda nuevas formas en el hacer y en el quehacer políticos. Una nueva sociedad que admite constructivamente su pluralidad y que es producto de regiones diversas, estados y municipios diferentes. Una nueva sociedad que desea que el mérito anteceda al privilegio, y que se sabe diferente a las visiones simplistas del centralismo. De ahí la necesidad de diseñar, con la participación comprometida de la ciudadanía, una nueva política para una nueva sociedad.
Una nueva política que considere la libre manifestación de las ideas y el respeto a la diferencia de los individuos como la base de la convivencia civilizada y del desarrollo democrático de la sociedad. Una nueva política, sin simulación ni engaño, que sea esperanza de cambio, inclusión y progreso. Una nueva forma de hacer política, que garantice la seguridad ciudadana, facilite el acceso a la impartición de justicia, evite la impunidad y la corrupción, y propicie la paz y la estabilidad social.
Los reclamos sociales del presente se constituyen en los retos a los que habrá de responder la agenda política que busque el cambio y la renovación de la nación. Los retos quedan de manifiesto de manera cotidiana, cuando el Estado resulta ineficaz ante la violencia creciente que sufren los ciudadanos; cuando los prestadores de bienes y servicios abusan de los consumidores, tanto en materia de precios como de calidad.
En la construcción de la Nación, los retos se manifiestan cuando los actores y las fuerzas populares no pueden organizarse libremente para contender por los puestos de elección popular; cuando los candados de gobernabilidad excluyen y no incluyen; cuando los acuerdos políticos federales, obvian, olvidan y desprecian la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios; cuando se pretende evitar que la sociedad civil sea cada día más una sociedad política.
Nuestra propuesta política contempla una nueva ética en el ejercicio del poder. Una nueva actitud política que impida la formación de camarillas o grupos de interés ajenos al pueblo; que propicie la sana competencia electoral sin ventajas para ningún partido y genere la construcción de nuevos espacios y consensos que garanticen la organización de la sociedad de manera incluyente y civilizada.
Proponemos, en suma, una nueva forma de hacer política que responda a los sentimientos de la nación, de cara a una nueva sociedad y de frente a un mundo competitivo y global como lo establece la realidad actual.

3. TRANSICIÓN POLÍTICA CON RUMBO Y ESTABILIDAD

Convergencia propone que la transición política que debe emprenderse en el país, debe propiciar los cambios que la sociedad requiere para contar con un país que tenga rumbo y estabilidad, porque estamos convencidos de que la transformación estructural que se requiere, es tan profunda y compleja, y toca expectativas, maneras de pensar y pautas de comportamiento tan extendidas y arraigadas, que seria difícil modificarlas en un plazo corto, y podría violentarse el precario equilibrio que mantienen los actores políticos y las estructuras sociales en la actualidad.

La dimensión de la transición y la dirección de la misma las debe establecer la propia sociedad. Todo cambio que se induzca debe darse en la medida y proporción que la sociedad lo requiera, y a través de la construcción de grandes consensos, porque la imposición vertical o violenta de un nuevo orden social puede generar inestabilidad y resentimientos que en el mediano plazo se puedan volver agravios y motivos de discordia.
Los cambios sociales deben darse de manera gradual, atendiendo no solamente a las condiciones de la circunstancia histórica interna, sino también a los factores de carácter internacional, poniendo especial cuidado en las relaciones de nuestro país con la zona desarrollada de Norteamérica y los países Latinoamericanos.
El rumbo es la condición y la esencia que le da certidumbre a la transformación que nos proponemos impulsar en la estructura de la sociedad mexicana. Y ese rumbo lo brinda la ideología, que es el conjunto de opiniones y creencias que todos compartimos y que es el producto de las luchas de nuestro pueblo y de nuestra tradición histórica.

El rumbo que postulamos tiene que ver con la democracia, entendida como demanda impostergable de mayor participación popular en las decisiones políticas fundamentales, así como en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de todos los mexicanos; dos grandes objetivos que a lo largo de casi dos siglos de vida independiente, se han revelado como constantes en el pensamiento y la acción del pueblo mexicano.
El postulado de una transición con rumbo debe enriquecerse con el ingrediente inseparable de la estabilidad social, como condición indispensable para lograr la paz y la tranquilidad que toda comunidad requiere para alcanzar su desarrollo integral.

4. UN PARTIDO DE LA SOCIEDAD

Convergencia es un partido que aspira a ser enlace entre la sociedad y el poder institucional para hacer posible el cumplimiento de las demandas del pueblo. Un partido que se constituya en instrumento político de la nueva sociedad para concertar la voluntad y la acción de quienes desean participar y colaborar con otros ciudadanos en la tarea de forjar Un Nuevo Rumbo para la Nación.
Nuestro partido se sitúa a la vanguardia de la Socialdemocracia y tiene la firme voluntad de unir sus esfuerzos con las fuerzas políticas del país para hacer realidad nuestro ánimo de progreso y conservar lo mejor de nuestras experiencias históricas.
Entendemos que el proyecto de modernización del país no debe ser la expresión de un propósito personal o de grupo, si no una propuesta de transformación social que debe enriquecerse con las aportaciones de nuestra sociedad diversa y plural. Nuestro partido, es un espacio político abierto, en el cual pueden participar las mujeres, los hombres, los jóvenes y las organizaciones sociales, interesados en debatir e impulsar estrategias para que México avance por el camino de la democracia social y pueda lograr una inserción exitosa en el nuevo contexto internacional, generando oportunidades de progreso para todos los mexicanos.
Como organización de mexicanos, identificados con el respeto a las libertades, a la disidencia y a la tolerancia, nos pronunciamos por una competencia civilizada para alcanzar el poder y por conducir, invariablemente, nuestras actividades partidistas por medio de los cauces de la ley, por la vía pacífica y privilegiando, en todos los casos, los conductos democráticos.
Como partido político nacional, Convergencia reconoce la obligación de observar lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes y las instituciones que de ella emanen. Así también, de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 21 del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, fiel a su postura nacionalista y a su autonomía política, establece que no subordinará sus actos, mediante pacto o acuerdo, a ninguna organización internacional o partido político extranjero y que no aceptará apoyos políticos, económicos o propagandísticos de las instituciones y personas que la ley prohíbe expresamente.
Nuestro partido asume el compromiso de representar los intereses nacionales y proyectar las necesidades regionales, realizando aportes para la resolución de los problemas locales, a fin de contribuir a la estabilidad política y social del país.

5. LA SOCIEDAD CIVIL

Fuente originaria de la energía que nutre al poder político y referente ético de legitimidad en el ejercicio del mismo, Los miembros de la sociedad y sus organizaciones constituyen, con el individuo, la razón de toda acción, particular o colectiva. Ningún proyecto político puede prosperar y mantener vigencia con estabilidad, si no tiene como sustento el interés y la participación de los sectores mayoritarios de la sociedad.
Ante la complejidad de los problemas que componen la agenda nacional, y dada la composición heterogénea y plural que caracteriza a la sociedad mexicana de inicio de siglo, Convergencia se pronuncia por una mayor apertura de opciones a la participación popular en la toma de las grandes decisiones y en el conocimiento de la información que se requiere para formar un criterio objetivo en la opinión pública.
La sociedad civil ha buscado canales de expresión y participación en los asuntos que competen a todos y se ha manifestado por medio del surgimiento de agrupaciones civiles y organizaciones sociales. Estas formas de participación requieren de los espacios necesarios para sus manifestaciones y formas de lucha. Es necesario crear los mecanismos legales que garanticen el respeto del poder público hacia las organizaciones no gubernamentales y hacia todas aquellas que enarbolen causas ciudadanas.
La iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum, deben ser instrumentos privilegiados al servicio de la sociedad civil para dar sentido y contenido democrático a la administración pública. De ahí, la importancia de que sean incluidos en nuestra Constitución Política para normar acciones de los tres niveles de gobierno.
Se trata de estimular la consulta ciudadana de carácter excepcional sobre actos de gobierno o leyes concretas que afectan el interés general de la comunidad. En suma, se trata de compensar y complementar la participación política de la ciudadanía en aquellos asuntos de primordial importancia o de carácter general que permitan corregir desvíos y acotar la actuación de los gobernantes y servidores públicos que pudieran ser contrarios a la voluntad ciudadana.

6. POLÍTICA

La política permite realizar los valores de la democracia y darle un sentido a la libertad. Su práctica implica el ejercicio prudente y oportuno del poder, y cuando se hace uso de los instrumentos que pone a nuestro alcance, la solución de los conflictos pasa al plano de lo posible.
La negociación, el diálogo, el trato civilizado, la construcción de consensos, la confrontación razonada de los puntos de vista opuestos, la tolerancia, el empleo de argumentos y no de acciones autoritarias y represivas, nos rescatan como seres humanos y nos dignifican frente al adversario y frente a la sociedad.
Eso es la política: arreglo pacífico de controversias y no choque entre fuerzas ciegas.

7. DEMOCRACIA

La democracia no es un concepto que se agota en los procesos de elección de los representantes populares en el gobierno o en el ejercicio del poder público; es una forma de vida que se traduce en una participación activa y sistemática de las mayorías en las decisiones que transforman la estructura social, y en la cual las minorías gozan de los derechos de representación y organización necesarios para defender sus ideas y el contenido y el valor de tales determinaciones.
Consideramos que la democracia participativa debe ir más allá de la recuperación, por parte del pueblo, de su posibilidad de influir en la toma de decisiones; en realidad, se trata de un concepto en permanente transformación que debe extenderse, como sistema de vida incluyente y corresponsable, a mayores oportunidades en lo político, en lo social, en lo económico y en lo cultural.
La transición a la democracia se consolidará en México si se cumplen tres premisas fundamentales: a) la transformación del sistema político y de los tres órdenes de gobierno; b) el fortalecimiento del sistema electoral autónomo e imparcial; y c) la apertura de manera definitiva de los canales de participación, tanto a la ciudadanía como a los partidos políticos, para que estos puedan establecer alianzas y coaliciones ante circunstancias diversas.
Como lo demuestra el proceso histórico universal, la democracia debe ser un sistema en movimiento constante hacia formas cada vez más incluyentes de representación política y conducción gubernamental, por eso es necesario lograr que los principios que le dan forma y contenido penetren en las conciencias de los individuos y en las prácticas institucionales; de igual manera, se requiere la presencia de ciudadanos cada vez más decididos a defender sus derechos individuales convencidos de la importancia que tiene el asumir sus responsabilidades colectivas. La democracia debe manifestarse en todas sus modalidades, debe ser directa, participativa y pluralista, en suma, debe consolidar el nuevo Estado democrático.

8. LIBERTAD E IGUALDAD

Convergencia postula que la libertad y la justicia social son principios inseparables que encuentran su expresión en el Estado de Derecho y que el fortalecimiento de la sociedad civil sólo puede darse con mujeres y hombres libres en una sociedad justa, pues una sociedad marcada por la pobreza y la exclusión de la mayoría, no puede garantizar el ejercicio de las libertades ciudadanas.
El reto histórico del Estado mexicano, en la instauración de la democracia integral, radica en lograr la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, sin destruir su libertad; en hacer realidad los derechos sociales sin inhibir la iniciativa, creatividad, talento e imaginación de los individuos y comunidades, y en luchar por una sociedad justa que destierre prácticas que permiten la explotación de los individuos.
La reforma social que postulamos busca erradicar la pobreza y llevar a cabo un proyecto basado en el respeto de las libertades, el fortalecimiento de nuestros valores democráticos y la ampliación de las oportunidades de ascenso social de los mexicanos.
La estrategia propuesta, se orienta a transformar realidades, para lograr que una economía fuerte y con capacidad de crecimiento sea el soporte material del bienestarcolectivo, aunada al desarrollo de una cultura cívica que coloque la solidaridad y la corresponsabilidad humanas como sus fundamentos éticos.

9. JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

La idea de justicia parte del reconocimiento de dar a cada quien lo que le corresponde según su esfuerzo y de conformidad con lo que marca la ley. La injusticia se produce cuando se originan desequilibrios y desigualdades en las relaciones humanas. Estas disparidades pueden llegar a producir resentimientos y agravios que dan origen a conflictos sociales, ingobernabilidad, anarquía y autoritarismo, fases de un círculo vicioso indeseable y políticamente aniquilante.
En un auténtico Estado de Derecho la ley se debe aplicar a todos por igual, sin distinciones ni privilegios; la función pública debe constituir un mandato de servicio a la comunidad y no una fuente de privilegio personal o de grupo; los gobernantes se deben obligar a rendir cuentas sobre el ejercicio de su función, y la sociedad debe vigilar el estricto y cabal cumplimiento de las tareas encomendadas a sus mandatarios.
Justicia y seguridad para todos sin privilegios ni trato discriminatorio, es uno de los más relevantes postulados de nuestra propuesta política. Por ello, estamos dispuestos a convocar y alentar una gran cruzada nacional que permita la recuperación de la seguridad pública perdida y el restablecimiento de un orden social basado en el consenso y en la participación activa de todos los sectores de la población.
Proteger la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la integridad física y la propiedad de los seres humanos es una obligación ineludible del Estado. La integridad de las personas y la seguridad de sus bienes es una acción que no puede esperar. La sociedad mexicana merece vivir en paz, sin zozobras ni temores, para dedicarse en la tranquilidad al trabajo productivo.
En un Estado democrático se requiere de mecanismos que permitan vigilar la acción gubernamental y realizar una investigación imparcial y apartidista de las quejas de la ciudadanía, porque aparte de impedir y corregir los abusos, la misma vigilancia logra mayor confianza en las instituciones públicas.
Es propósito de nuestro partido pugnar porque en la impartición y procuración de justicia desaparezcan la incidencia de prácticas corruptas, la lenidad y la sujeción del Poder Judicial respecto del Ejecutivo a fin de erradicar la impunidad que tanta frustración y malestar causa a la sociedad mexicana.
En este sentido, nuestro partido se pronuncia por la extensión constitucional de la competencia legal de los organismos públicos de protección de los derechos humanos hacia otros ámbitos sociales, tales como los aspectos ecológicos y de preservación de la paz social, así como los económicos y otros que puedan ser vulnerados.
Las importantes contribuciones que realizan en la defensa de los derechos humanos las Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s), ameritan la promoción de reformas legislativas tendientes a la regulación y protección de sus actividades.

10. NACIONALISMO

México como nación es el resultado de un proceso histórico de búsqueda y afirmación de su ser. Los grandes movimientos sociales de nuestra historia dan forma y contenido a las definiciones fundamentales de nuestro proyecto nacional. Somos poseedores de un valioso patrimonio social, resultado del desarrollo de valores y experiencias que a lo largo de varios siglos, consolidaron una cultura y una identidad colectiva de gran fortaleza, que se concreta en nuestro nacionalismo.
El nacionalismo que nuestro partido se propone fortalecer y en el que sustenta su acción política y social, es un nacionalismo democrático que contiene la experiencia de las luchas del pueblo por alcanzar su independencia y lograr la defensa de su soberanía; un nacionalismo que expresa los rasgos más valiosos de nuestra identidad comunitaria, de nuestras raíces multiétnicas y de nuestras convicciones colectivas; un nacionalismo que convoca a la unidad en torno a la dignidad de la persona, la integridad de la familia y el interés general de la sociedad en la preservación de derechos y obligaciones, al margen de privilegios e intereses particulares.

11. SOBERANÍA E INDEPENDENCIA

México es una nación orgullosa de su pasado y de su origen pluriétnico, con una historia y una cultura que se reflejan en la estructura del Estado, producto de los procesos sociales, que en el curso de los dos últimos siglos definieron nuestro perfil político. Las agresiones del exterior, las guerras civiles y los debates respecto a nuestro régimen institucional, nos dieron una perspectiva que nos permite ahora apreciar con certeza las dimensiones y el valor de dos cualidades inherentes a nuestra nación: soberanía e independencia.
Como mexicanos estamos unidos en torno a recursos, valores, tradiciones y símbolos integrantes de un patrimonio común, que le da sentido a la vida, porque representa el legado histórico de diversas generaciones de hombres y mujeres que lucharon y aportaron lo suyo para darnos patria y libertad. Esta herencia constituye el legado moral que mantiene unido a nuestro pueblo frente a las adversidades y las asechanzas que pueden poner en riesgo su existencia, su razón de ser y su viabilidad como nación.
Entendemos la soberanía como nota de dignidad del poder popular en lo interno, y como exigencia de trato igualitario en lo externo.
Consideramos la independencia como sinónimo de capacidad de autodeterminación en las decisiones que afecten la estabilidad, el destino y el rumbo de la nación.
Debemos buscar ser universales como lo demandan las condiciones históricas de nuestro tiempo, sin dejar de ser nacionales. No entendemos nuestra soberanía como sinónimo de autarquía o aislamiento, sino como una integridad estatal, histórica y culturalmente definida, que nos permite participar sin perjuicio de nuestra identidad, en un escenario internacional marcado por la interdependencia y la globalización.
Preservamos nuestra soberanía porque es condición de libertad y de justicia, asegurando la vigencia del ARTÍCULO 39 Constitucional que confiere a la nación el manejo de sus asuntos políticos, sociales, económicos y culturales y en las decisiones que sobre ellos se adopten, prevalecerá el interés de la nación por encima de cualquier otro de carácter particular e inclusive sobre las pretensiones derivadas del carácter global de la economía, en cuanto éstas menoscaben o pongan en riesgo la independencia y la dignidad de la nación, o se atente contra la integridad territorial, de nuestros mares y plataformas continentales y de nuestros recursos naturales.

12. POR UN ESTADO DE DERECHO SOCIALMENTE RESPONSABLE

Como expresión de la sociedad políticamente organizada, el Estado es una estructura social sujeta a reglas claras y a responsabilidades manifiestas, que norman el comportamiento de los órganos mediante los cuales se ejerce el gobierno y regulan las relaciones que se dan entre las personas y entre éstas y las instancias del poder público.
Estas reglas y estas responsabilidades derivan de las leyes que conforman el derecho vigente, que es la referencia común a partir de la cual se asumen los derechos y se hacen exigibles las obligaciones en una sociedad civilizada.
La autoridad de los individuos que encarnan a los órganos de gobierno deriva de la legitimidad que les otorga su origen democrático, pero también de la regularidad jurídica de sus actos en el ejercicio de la función pública.
Por lo tanto, el Estado, como toda organización social, o política, tiene la exigencia básica de plegarse tanto en su constitución como en su operación, a los lineamientos que le marca el orden jurídico cuya norma fundamental, que es la manifestación más alta de la voluntad popular, le da origen, estructura, competencia, responsabilidades, atribuciones y deberes.
Conforme a las aspiraciones definidas históricamente por el pueblo, el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad de actuar socialmente con eficiencia y de garantizar a la población el ejercicio de sus libertades, y el disfrute de los mínimos de bienestar social. Es obligación del Estado, también, participar en la regulación de los procesos económicos asegurando a la sociedad una justa distribución de la riqueza nacional; procurar la paz y estabilidad social, garantizando la seguridad de las personas y de sus bienes; además, es sudeber ineludible el mantener la soberanía de la nación sobre los recursos naturales estratégicos y frente a las acechanzas del exterior, así como la preservación del medio
ambiente y de la biodiversidad.
El Estado mexicano, en suma, no puede ni debe renunciar a las responsabilidades que históricamente le ha conferido el pueblo en aras de corrientes ideológicas en boga o acciones impuestas por organismos financieros internacionales y que resultan ajenas a nuestra realidad. Por eso es que requerimos de un Estado de Derecho socialmente responsable, fuerte, justo y equilibrado, capaz de respaldar el proyecto histórico de los mexicanos.

13. DIVISIÓN DE PODERES

En el pasado la acumulación de facultades legales y metaconstitucionales en el Poder Ejecutivo, provocó excesos inaceptables en la práctica que dieron como resultado un presidencialismo autoritario. Por ellos es ya una exigencia social la puesta práctica de un auténtico equilibrio de poderes que establezca los contrapesos indispensables para un ejercicio de poder de manera civilizada, democrática y apegada al Estado de Derecho.
Es de considerarse que las reformas al ejercicio del poder, no se traduzcan en un debilitamiento a ultranza del Ejecutivo. Se trata de evitar sus excesos, no de paralizar su actividad, conservándole aquellas facultades que le sean necesarias para la conducción de la política y el desarrollo nacionales.
Es indispensable llevar a cabo las reformas necesarias para fortalecer el Poder Legislativo, tanto en el orden federal como en el de los estados, para que recupere el poder popular que dimana de su representatividad.
En cuanto al Poder Judicial, es absolutamente indispensable fortalecer su autonomía real, mediante la integración y formación de sus órganos de gobierno interno y la determinación de sus propios presupuestos, que garanticen su autonomía frente al Poder Ejecutivo. La modernización del Poder Judicial precisa de una revisión profunda de cuyo análisis se desprenda una reforma que ponga al día la función, con eficacia, de la impartición de la justicia.

14. FEDERALISMO

La concentración del poder en el Ejecutivo contribuyó al establecimiento de prácticas centralistas, contrarias a nuestra vocación histórica, que han sido obstáculo incluso para el desarrollo del país.
Es indispensable que los estados y los municipios, incrementen su autonomía y libertad en el ejercicio de sus atribuciones y que se establezcan mecanismos para su participación en la toma de las decisiones federales que les afecten.
Del mismo modo, habrá de proponerse el establecimiento de nuevas instancias de gobierno que faciliten el desarrollo de las comunidades dispersas o de aquellas regiones con particularidades comunes, por dificultades de la división político-territorial. La ley deberá considerar atribuciones diferenciadas entre los municipios convertidos en grandes concentraciones urbanas y aquellos de carácter rural, a fin de otorgarles un trato justo en sus diferentes niveles de desarrollo y características específicas.
El nuevo federalismo que proponemos deberá incluir una redistribución del poder y un reparto racional y equitativo de los recursos de la nación, considerando las particularidades regionales, su historia, su cultura, sus recursos y su nivel de desarrollo.
Si queremos realmente fortalecer nuestra democracia, debemos reforzar la vida municipal. El municipio debe rescatar su condición de célula básica de la democracia, y ser modelo de vida comunitaria. Por ello, los ayuntamientos deben fortalecer su economía mediante la fijación de sus presupuestos y el manejo del destino de sus recursos, formulando, asimismo, sus propios planes de desarrollo.
El fortalecimiento político de los estados reclama, por otra parte, la democratización de su vida interna, en la que su soberanía debe estar por encima de los dictados del poder central. Se debe lograr la restauración de las funciones del Senado de la República, a partir del replanteamiento de sus facultades y atribuciones. Particularmente, en función de su relación con el Poder Ejecutivo Federal, a fin de reivindicar su papel como representante de las entidades federativas y como órgano corresponsable de la política internacional.
Los procesos de descentralización deberán ser realistas y tomar en cuenta las necesidades y las demandas de las regiones. Las políticas públicas federales deberán construirse con una dinámica que vaya de la periferia al centro y no al revés.
Consecuentemente, la descentralización deberá llevarse de manera cabal y extenderse a otras actividades que hasta ahora aún son materia exclusiva de la capital de la República, pero que, como en todo régimen federal, exigen el contenido de las aportaciones regionales.
Los planes y los programas de desarrollo no deberán, jamás, volver a ser instrumento de control político y asignación clientelar de los recursos. El México actual reclama una visión de conjunto, en la cual su grandeza como país descansa en la fortaleza de sus regiones.

15. LA SOCIEDAD

La sociedad mexicana atraviesa por un proceso acelerado de cambios en su estructura y en su composición que reclama nuevos formatos y pautas en el hacer y el quehacer político. La nueva política que postulamos busca garantizar los mínimos de bienestar social en materia de empleo, educación, salud, vivienda, alimentación y recreación, a todos los mexicanos. Sin embargo, para que el crecimiento económico se traduzca en desarrollo se necesita una política social de Estado que propicie la igualdad de oportunidades para toda la población, modere los efectos de la pobreza y sea instrumento para lograr una mejor distribución de la riqueza nacional; además, se requiere de la promoción y el respeto de los formatos organizativos que, de manera espontánea, surgen hacia el interior de las comunidades.
La sociedad, mediante las políticas generadas por sus representantes en el gobierno y con la insustituible participación ciudadana, debe ser la promotora de su propio desarrollo.
Para ello, se deben erradicar los modelos de atención social paternalista, de carácter clientelar y discriminatorio, que siguen considerando a la población como un ente incapaz de dirigirse por sí mismo.

16. EDUCACIÓN

Mediante el proceso educativo la información y las pautas culturales fluyen de generación en generación, y se socializan y se transforman los seres humanos y las instituciones.
Nuestra Constitución postula en su artículo tercero una serie de derechos, requisitos y condiciones que otorgan razón, forma y sustento al sistema educativo nacional y proponen el perfil del mexicano ética y socialmente deseable.
La cultura y la educación son parte indivisible de la formación ciudadana. Son un derecho de todos los mexicanos sin distinción de edades, sexo, origen étnico, condición económica, religión o lugar de residencia.
Para una sociedad como la nuestra, el establecimiento y operación de un sistema educativo, orientado a formar a las mujeres y a los hombres para el despliegue integral de sus capacidades, constituye una acción de la más alta prioridad.
La educación, con contenidos y orientación nacionales deberá atender simultáneamente las diferencias y particularidades regionales, del mismo modo que deberá atender a las exigencias que trae aparejadas el nuevo orden internacional.
Es necesario hacer de la educación un espacio de encuentro entre la teoría y la práctica, y de la escuela un medio para inducir la comprensión, el estudio y el dominio de las tecnologías y de sus principios generales, en beneficio de la comunidad.
La política educativa deberá privilegiar el fortalecimiento de las universidades públicas, garantizar su autonomía académica y favorecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico, y la calidad de la enseñanza, como elementos fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra independencia.

17. ECONOMÍA CON ROSTRO HUMANO

La actividad económica debe quedar sujeta no sólo a reglas de orden técnico, sino también a normas de orden ético y a valores humanos. Más allá de sus propósitos cuantitativos, todo orden económico debe atender a la justa redistribución de la riqueza social y propiciar el respeto a las libertades y prerrogativas de la persona y de la comunidad.
La política económica aplicada en las últimas décadas provocó crisis recurrentes que deben ser desterradas del horizonte futuro, para ello deberán superarse las distorsiones de un modelo cuyo saldo negativo ha recaído en los sectores sociales y productivos. Se ha destruido y debilitado la base productiva de la nación favoreciéndose la especulación financiera. Se ha permitido la concentración excesiva de la riqueza en unas cuantas familias acentuándose el deterioro general en el ingreso y en las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Se ha propiciado, además, la inserción desfavorable del país en la economía globalizada incrementándose su vulnerabilidad y dependencia.
El resultado de lo anterior se ha traducido en un clima de violencia, inseguridad, impunidad e injusticia que agravia a una sociedad que cada día confía menos en las instituciones.
El Estado no puede seguir dejando al libre albedrío de unos cuantos agentes económicos la riqueza de la nación. Lejos de abandonar la economía a las fuerzas del mercado, es necesario establecer un equilibrio entre la libertad de los individuos y las necesidades básicas de la sociedad.
México demanda una política económica que no sea producto del ejercicio vertical del poder, ajeno al sentir popular y carente de sensibilidad social. En las actuales circunstancias por las que atraviesa el país, se necesita un modelo mediante el cual el Estado estimule y oriente, con la participación de todos los sectores productivos de la sociedad, la actividad económica. Un modelo que corrija las injusticias en la distribución de la riqueza nacional, y establezca controles sobre los actos que lesionen la estructura económica del país.
Al Estado corresponde establecer los medios y las instituciones democráticas que permitan dar agilidad, eficacia y orientación a la economía nacional, así como cuidar que sean los valores humanos los que rijan la estructura y las relaciones productivas que definen la economía del país, sin que esto signifique caer en soluciones populistas o esquemas que favorezcan la intervención estatal indiscriminada en la regulación de la economía.
La justicia económica requiere de la participación armónica de los particulares, las organizaciones sociales, el Estado y la comunidad internacional. Es necesario reconocer que en materia de desarrollo económico y social, el gran desafío consiste en generar empleo e incrementar el ingreso y la calidad de vida de todos los mexicanos.
Es tiempo de establecer un modelo económico con rostro humano, que permita traducir el cuidado de las cifras macroeconómicas en el mejoramiento del nivel de vida de la población.

18. EL CAMPO MEXICANO

A partir de la segunda mitad de los años cuarenta la política económica del Estado mexicano favoreció un esquema en el que se privilegió el crecimiento de la planta industrial, subordinando el desarrollo agropecuario a las necesidades de la industria nacional. Durante décadas, el campo proporcionó insumos y mano de obra barata para fortalecer un proceso de industrialización-urbanización que debilitó la economía rural.
En los últimos años la situación se agravó aún más, con motivo de la aplicación de políticas públicas de corte neoliberal. En efecto, en aras de la supuesta modernización de la economía se han impuesto prácticas y políticas ajenas a nuestra realidad que se han reflejado en la reducción progresiva del gasto público y de los apoyos reservados al campo, baja productividad, descapitalización y el empobrecimiento generalizado de las familias campesinas y de los productores del medio rural.
Para lograr la urgente modernización del campo se requiere de la comprometida y decidida participación del Estado mexicano, que debe orientar y promover una política de desarrollo rural integral acorde a nuestra idiosincrasia, con respeto a las costumbres de cada región del país, y que responda a las necesidades y el sentir de nuestra gente. Se trata de articular programas de amplia proyección en donde el Estado apoye y complemente de manera eficaz las iniciativas de superación de las familias del México rural.
En la elaboración y puesta en práctica de los programas de desarrollo agropecuario y forestal, es necesario desechar las prácticas centralistas y crear los instrumentos políticos y legales que propicien la participación de los estados y de los municipios en la implantación de los esfuerzos institucionales en la materia.
Resulta de gran importancia afianzar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, en sus diferentes modalidades. Asimismo, se deben adoptar las medidas necesarias para proporcionar a los campesinos y a los productores mexicanos la capacitación, los elementos técnicos y los apoyos directos para promover el desarrollo integral y sustentable del campo y con ello mejorar la calidad de sus productos y alcanzar los ingresos que mejoren sus niveles de vida.
Para Convergencia, elevar al máximo competitivo la actividad de los productores y trabajadores del campo es un tema central. Debemos lograr que el país dé a sus inversionistas, productores, posesionarios legales de la tierra y a los trabajadores del agro, los estímulos y la calidad de vida digna exigibles en el siglo XXI. Todo ello redundará en el rescate del campo y el arraigo digno y urgente de los mexicanos que le dedican su vida y esfuerzo a esta actividad económica estratégica.

19. LOS TRABAJADORES

La clase obrera en México es un actor social, forjado durante los procesos históricos que se produjeron en el país durante el siglo pasado. Sobre ella ha recaído gran parte del peso de nuestros avances y del costo de nuestros estancamientos y retrocesos. Sobre los obreros mexicanos se han hecho sentir los efectos de una modernización que no solamente los ha empobrecido sino que también les ha cancelado toda posibilidad de mejoramiento, de justicia y de esperanza.
A la manipulación corporativista se han sumado ahora las pretensiones sin decoro de aminorar su papel social como factor de cambio y de progreso, al aniquilar a la pequeña y mediana industria y ampliar con ello los márgenes de la desocupación y de la miseria.
Voto cautivo, liderazgos corruptos e ilegítimos, salarios mínimos indignos, explotación inicua, empobrecimiento social y moral, y uso discrecional de su fuerza política, han sido algunas de las constantes adversas a las que los trabajadores mexicanos han tenido que hacer frente para sobrevivir y constituirse en uno de los pilares más sólidos del desarrollo económico del país.
Nos pronunciamos por un régimen jurídico-laboral, tanto en la letra de la Ley como en la práctica, que responda a los mínimos que la fuente fundamental de nuestro derecho social, la Constitución, establece como garantía de justicia en favor de la clase trabajadora: salario remunerador y equitativo, jornada de trabajo justa, derecho de huelga, seguridad social, régimen optativo de retiro, afiliación sindical libre, prestaciones sociales, así como todo aquello que otorgue a los trabajadores la posibilidad de elegir libremente a sus representantes y de relevarlos en su liderazgo, si su desempeño es de honestidad dudosa.
Nos declaramos contrarios a toda forma de control corporativo respecto de las organizaciones sindicales de trabajadores. En consecuencia, será compromiso de nuestra organización diseñar una política y desarrollar una estrategia que conduzca al fortalecimiento de la vida sindical del país, y que genere una estructura de tipo regional y local, basada en la solidaridad y en la fraternidad gremial, no en la línea vertical de control y manipulación que caracteriza al corporativismo.
Es una exigencia histórica inexcusable, no sólo para nuestro partido sino para toda organización social y política que se precie de proponer un proyecto democrático, impulsar a los trabajadores y a sus organizaciones, para incorporarlos de manera responsable y productiva, en los procesos de modernización de nuestra economía.

20. ECOLOGÍA

México es poseedor de una riqueza natural abundante. Sus recursos son amplios y diversos: extensas superficies de bosque, grandes cuerpos de agua, gran diversidad de flora
y fauna, tierras fértiles y otras recuperables, constituyen un patrimonio de inapreciable valor para la existencia humana.
De particular importancia resulta resolver la contradicción entre desarrollo y protección ambiental. El reto fundamental radica en la posibilidad de resolver las necesidades presentes de la población sin afectar ni comprometer el futuro de las próximas generaciones. Es de suma importancia promover una nueva cultura ecológica en todos los niveles y ámbitos de la sociedad para promover la conservación y explotación racional de nuestros recursos naturales. De la mayor importancia es la preservación de nuestros recursos forestales, acuíferos, pesqueros, agrícolas y ganaderos, fortaleciendo, al mismo tiempo, la conciencia nacional que impida que nuestro país se convierta en receptor de desechos
peligrosos y contaminantes.
Convergencia dará la batalla por consolidar una agenda para el desarrollo del país, sustentable y efectivo.

21. NUEVA ÉTICA POLÍTICA

El poder político es la expresión más genuina de la voluntad popular. Alcanzarlo constituye un mérito y también una gran responsabilidad. Su ejercicio supone ecuanimidad, equilibrio y honestidad en quien lo asume.
El político y los servidores públicos, para ejercer con sentido ético la energía que el pueblo deposita en sus manos, deben apegar estrictamente sus acciones a lo dispuesto por la ley; evitar las decisiones arbitrarias y caprichosas, y confrontar cotidianamente sus propósitos con las directrices de la voluntad democrática que les asignó la responsabilidad de disponer y usar transitoriamente del poder emanado de la sociedad.
Por ello, debe ser parte de la formación de los ciudadanos con vocación política, adquirir la preparación adecuada para desempeñar con eficacia las responsabilidades que les confiera el mandato ciudadano y, al mismo tiempo, una formación humanista que les permita ubicar en el centro mismo de sus decisiones y quehaceres, al ser humano y sus necesidades más apremiantes.
El poder debe ser legal y legítimo. La legalidad es una sanción formal que acredita el apego real de los actos de poder a la norma. La legitimidad es un atributo del poder que se ejerce acatando el mandato de la ley y obedeciendo la voluntad del pueblo.
En este sentido, es necesario desarrollar una cultura de combate a la corrupción, a la impunidad y a la aplicación parcial de la ley, e instituir una verdadera rendición de cuentas por parte de los servidores públicos que permita cumplir con la exigencia social de un manejo transparente y honesto de los recursos públicos.

22. IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

En Convergencia creemos que para consolidar el proyecto de nación al que aspiramos es indispensable la incorporación de las mujeres en todos los ámbitos del quehacer nacional, en igualdad de oportunidades y condiciones de equidad.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

“MODIFICADO Y ACTUALIZADO POR LA II ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA EL 16 DE AGOSTO DE 2002, EN PUEBLA, PUEBLA”

PROGRAMA DE TRABAJO

Convergencia, manifiesta su compromiso con la sociedad mexicana de conjuntar su voluntad política para definir y conducir sus acciones hacia el establecimiento de Un Nuevo Rumbo para la Nación, tal como lo determina su Declaración de Principios.
El presente Programa de Acción parte de una estrategia fundada en nuestras realidades y experiencias históricas, valora la creatividad y la inteligencia política de los mexicanos y tiene como propósito lograr que México sea un país en el que la democracia, la competencia civilizada, la igualdad de oportunidades, el respeto a las libertades y la tolerancia, sean parte de nuestra vida común.
Nuestros objetivos sólo podrán llevarse a cabo mediante una intensa participación ciudadana, llena de connotaciones sociales y políticas, que se concrete en una alianza productiva y eficaz de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad. De ahí que propongamos opciones que buscan articular la dinámica de nuestra organización con la energía comunitaria de la sociedad mexicana para que, a partir de los postulados que define nuestra Declaración de Principios, prefigure objetivos y metas en torno a un propósito común que nos permita alcanzar el gran Acuerdo Nacional, que haga posible la consecución
de nuestras coincidencias fundamentales.
Para dar cumplimiento a nuestra propuesta ideológica y ofrecer opciones viables que se traduzcan en una nueva política para una nueva sociedad nos comprometemos a seguir los lineamientos y a luchar por el logro de las metas del siguiente Programa de Acción:

I. POLÍTICA Y DEMOCRACIA

La política es un medio al servicio de los más altos fines humanos y una profesión para quienes asumen como responsabilidad cotidiana la tarea de dirigir y gobernar a su comunidad.
La democracia es el elemento fundamental en la constitución de toda organización política que aspire a la consolidación de una sociedad abierta y justa. Por ello, es necesario extender las oportunidades de participación ciudadana a sectores cada vez más amplios del conglomerado social, en las decisiones de los diferentes niveles de gobierno.
Vamos a utilizar la política para darle un sentido ético al ejercicio del poder y encontrar con todos los mexicanos Un Nuevo Rumbo para la Nación, en un marco de respeto a nuestras libertades. En ese orden de ideas proponemos las siguientes líneas de acción:
El poder al servicio de la sociedad
1. Buscar y obtener el poder político, por la vía pacífica y democrática, para servir a los más altos fines de la sociedad mexicana. Debemos privilegiar la política
2. La actividad política no puede ser privilegio de unos cuantos. Debemos privilegiar la acción política, para convertirla en una actividad humana regulada por principios éticos y jurídicos, animada por propósitos sociales y abordada con altura de miras. De ahí, la importancia de pugnar por el establecimiento de un sistema democrático incluyente que permita utilizar los recursos de la política como instrumentos fundamentales del cambio pacífico.
Una nueva cultura política
3. Propiciar el establecimiento de una nueva actitud democrática en todos los órdenes de la vida nacional. Para ello, será necesario coadyuvar al establecimiento y promoción de los valores de una nueva cultura política que sustituya las prácticas autoritarias, la intolerancia y el dogmatismo, para dar paso a una actitud de respeto al adversario, tolerancia y comportamiento civilizado en la contienda política.
Nuevos canales de participación democrática
4. La nueva política que reclama nuestra sociedad, requiere de la acción decidida de todos los mexicanos. Es necesario abrir canales de participación en todos los niveles de la sociedad: en las pequeñas comunidades y en los grandes centros urbanos; en las pequeñas y en las grandes organizaciones sociales. Ningún esfuerzo sobra en el gran propósito de llevar a México a un régimen verdaderamente democrático, alejado de cualquier vestigio autoritario y represivo.
Consulta permanente a la sociedad civil
5. Establecer un sistema permanente de consulta a la sociedad civil sobre las condiciones políticas, económicas y de todo signo que la afecten, a fin de mantener informado y actualizado el criterio del partido sobre las preferencias e intereses del electorado en torno a temas fundamentales de índole nacional y regional.
Programa Nacional de Formación Ideológica y Capacitación Política
6. Establecer y aplicar el Programa Nacional de Formación Ideológica y Capacitación Política que permita preparar a nuestros dirigentes y militantes buscando inculcarles valores, pautas y actitudes que correspondan a la nueva política que demanda una sociedad más crítica y exigente, en un marco de tolerancia, respeto al adversario y reconocimiento de los derechos que a todos los ciudadanos les asisten en la lucha política.
Promover un verdadero régimen de partidos
7. Promover el fortalecimiento de un verdadero régimen de partidos, con fundamento en una amplia reforma jurídica consensada, que establezca las bases que se requieren para la sana competencia política y permita hacer del sufragio una auténtica manifestación de la voluntad popular.
Partidos políticos regionales
8. Con el objeto de fortalecer la democracia en la vida nacional, se debe propiciar laformación de partidos políticos regionales, que contribuyan al fortalecimiento de ésta en los municipios y en las entidades federativas, creando al mismo tiempo, las condiciones jurídicas que les permitan realizar convenios de colaboración y alianzas con otras organizaciones políticas.
Afiliación partidista individual
9. Pugnar para que la afiliación de los trabajadores y campesinos a los partidos políticos se realice de manera individual, buscando acabar con las prácticas de la afiliación corporativa de los mismos.
Alianzas y coaliciones de partidos
10. Promover reformas a las leyes en la materia con el fin de eliminar los obstáculos políticos y burocráticos para que los partidos políticos tengan la posibilidad de formar alianzas y coaliciones, presentar candidaturas comunes y realizar otras estrategias de operación política que perfeccionen nuestro sistema de partidos y fortalezcan la vida democrática del país.
Fortalecimiento de la autonomía de los órganos electorales
11. Promover de una manera decidida la consolidación y el fortalecimiento de la autonomía de los órganos electorales respecto del Poder Ejecutivo, en todos sus ámbitos: federal, estatal y municipal
Reformar el calendario de elecciones
12. Es necesario reformar el calendario de elecciones dado que actualmente da lugar a un gran desperdicio de recursos humanos, técnicos y financieros en virtud del traslape que se produce entre los procesos electorales federales, estatales y municipales. No es posible distraer permanentemente a la ciudadanía y a las autoridades, en la organización de múltiples procesos electorales. De ahí que nuestra propuesta consista en realizar las adecuaciones necesarias a las legislaciones federal y estatales, a efecto de que se realicen, sexenalmente, sólo dos procesos electorales:
En el primero, se elegirían junto con el Ejecutivo Federal, a los miembros del Congreso de la Unión, la mitad de los gobernadores de las entidades federativas, las autoridades municipales, y los miembros de las legislaturas locales. En el segundo, que constituiría las elecciones intermedias, se elegirían, junto con los miembros de la Cámara de Diputados del Congreso Federal, a la mitad de los gobernadores, a las autoridades municipales y a los miembros de las legislaturas locales.

II. UNA SOCIEDAD CIVIL RESPONSABLE Y PARTICIPATIVA

Como fuente de legitimidad del poder formal, la sociedad civil es también la expresión unificada de la voluntad popular y requiere de un eficiente sistema de participación en las grandes decisiones políticas, así como de los medios que le permitan concurrir de manera responsable en las instancias y entidades encargadas de la vigilancia, evaluación y control de la función pública. Por ello proponemos:
Institucionalización de la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum
13. Es necesario diseñar una nueva forma de articulación entre el gobierno y la sociedad, mediante el establecimiento de un sistema permanente de consulta a la sociedad civil, a través de la elevación a nivel constitucional de la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum. Concebidos éstos como instrumentos privilegiados al servicio de ésta para dar sentido y contenido democrático a la administración pública. Se trata de estimular la consulta ciudadana de carácter excepcional sobre actos de gobierno o leyes concretas que afectan el interés general de la comunidad.
Sociedad civil y gobierno
14. Promover y desarrollar valores y actitudes que propicien además de la participación democrática de la sociedad civil en la vida política del país, una actitud vigilante hacia el desempeño de la función pública, a fin de generar una cultura ciudadana de combate a la corrupción de los servidores públicos y una permanente demanda de eficacia en el desempeño de los deberes que corresponden a las personas que sirven al Estado.
Seguridad jurídica a las organizaciones no gubernamentales
15. Plantear iniciativas de ley que permitan otorgar a las organizaciones no gubernamentales un estatuto específico que les asegure la regularidad jurídica de su estructura, el alcance de su competencia y, sobre todo, un régimen de respeto a sus actividades frente al poder público.
Fortalecimiento de la cultura ciudadana
16. Incorporar en los planes y programas de estudio de las instituciones del sistema educativo nacional, asignaturas y contenidos que conduzcan a la formación de una cultura ciudadana bien informada en torno a temas tales como democracia; participación cívica y política; derechos humanos; instancias públicas y privadas de procuración, patrocinio o defensa de derechos ciudadanos básicos; información jurídica elemental y esquemas y procedimientos comunes a los diferentes mecanismos de
enjuiciamiento en los cuales el ciudadano medio pueda verse involucrado.
Candidatos ciudadanos
17. Proponer las reformas legales necesarias para que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan acceder a la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, tanto en el ámbito nacional como regional y municipal.

III. REFORMA DEL ESTADO

El sistema político mexicano atraviesa por una de las crisis más agudas de su historia. Las instituciones y las prácticas políticas vigentes no responden a las exigencias y reclamos de la sociedad. Las diferentes reformas políticas llevadas a cabo han sido insuficientes, al no originarse en propósitos claros de largo alcance y profundidad, sino en la necesidad de resolver, de manera coyuntural, presiones políticas impostergables.
Los cambios que la sociedad mexicana espera, requieren de la modificación de los fundamentos sobre los cuales descansa la estructura del Estado, que es la expresión unificada de la sociedad. La acumulación de facultades metaconstitucionales y legales en torno al poder Ejecutivo, contradice los principios democráticos en que se funda el régimen republicano. La supremacía que de hecho ejerce en México el Ejecutivo Federal sobre los demás poderes, los estados y los municipios, resta a todos, dignidad y eficacia, y rompe el fundamento de la organización democrática federal.
La reforma del Estado mexicano debe replantearse a la luz de un acuerdo nacional que además de superar las urgencias del presente se proyecte hacia el futuro. Nuestra propuesta es en favor del fortalecimiento del Estado en función de lo que le es común con la sociedad.
El México moderno requiere de la construcción de un Estado auténticamente democrático, que equilibre la disparidad que hoy presentan algunas instituciones con respecto al ordenamiento constitucional, que asegure el sufragio efectivo, la división de poderes, el federalismo, el municipio libre, las garantías individuales y sociales y los derechos de la nación sobre sus recursos naturales.
La transición política que ha emprendido México, deberá cumplir los anhelos democráticos de una sociedad dispuesta a participar de manera corresponsable, en la construcción de un proyecto renovado de nación.
Para ello el régimen autoritario que prevaleció por décadas, moralmente corrupto, socialmente excluyente y económicamente ineficiente, debe ser reemplazado plenamente por un sistema político eminentemente democrático que garantice la transformación estructural del Estado, lo cual implica no sólo reconocer al pueblo su poder original, sino respetar su derecho a un sufragio efectivo y hacer de la ley el cimiento de la organización estatal.
Para que la reforma del Estado mexicano pueda prosperar en beneficio de nuestra sociedad, es indispensable realizar la redistribución de facultades y competencias constitucionales que garanticen el equilibrio y la armonía en la correlación de poderes, e igualmente, revisar el contenido y alcance de nuestras instituciones y prácticas federalistas.
Para que un Estado sea moderno, debe estar comprometido con la estabilidad y la armonía sociales. La modernización del Estado mexicano deberá ser el producto de una profunda consulta popular en la que participen todos los actores y fuerzas políticas del país y debe reflejar la pluralidad de nuestra sociedad. De ahí que consideremos indispensable:

Un auténtico equilibrio de poderes
18. La acumulación de facultades legales y metaconstitucionales en torno al Poder Ejecutivo, ha provocado excesos inaceptables en la práctica que han dado como resultado un presidencialismo autoritario. Por ello es ya una exigencia social la puesta en práctica de un auténtico equilibrio de poderes que establezca los contrapesos indispensables para un ejercicio del poder de manera civilizada, democrática y ajustada a Derecho.
De ahí la importancia de dar vigencia a los principios de la división de poderes y a la promoción de niveles de colaboración entre ellos, de conformidad con nuestra Constitución para que cada uno de los poderes, tanto en la Federación como en los estados, atiendan los requerimientos de la voluntad popular y no se sometan a los dictados del titular del Poder Ejecutivo.

Redefinir las atribuciones del Poder Ejecutivo
19. Es necesario redefinir las funciones y atribuciones del Poder Ejecutivo, a partir del análisis de las bases constitucionales que regulan sus estructuras y determinan la calidad de su relación con los poderes Legislativo y Judicial.
Se debe circunscribir al Poder Ejecutivo a las facultades y atribuciones que le marca la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, evitando que haga uso de las facultades metaconstitucionales que lo asemejan a una monarquía sexenal, en detrimento de la vida democrática de México.
Es de considerarse que las reformas al ejercicio del poder no se traduzcan en un debilitamiento a ultranza del Ejecutivo. Se trata de evitar sus excesos, no de paralizar su actividad, conservándole aquellas facultades que le sean necesarias para la conducción de la política y el desarrollo nacionales.

Fortalecimiento y dignificación del Poder Legislativo
20. Promover las acciones jurídicas y políticas necesarias para que el Congreso asuma plena y responsablemente su categoría de Poder, a través del ejercicio eficaz de las facultades exclusivas o concurrentes que a la Cámara de Diputados y a la de Senadores atribuye la Constitución, no sólo para legislar, sino para contribuir a la correcta orientación política de la Administración Pública, y para que ejerza el control de ésta por las vías del presupuesto, de la verdadera rendición de cuentas y de la
exigencia de responsabilidades en el manejo de los recursos públicos. En este sentido es pertinente llevar a cabo las reformas que permitan el fortalecimiento del poder legislativo, tanto en el ámbito federal como en el estatal para recuperar el poder popular que dimana de su representatividad. No sólo se trata de realizar reformas legales, es necesario también que los legisladores cumplan con el mandato popular y ejerciten a plenitud las facultades que por derecho les corresponde.
Es indispensable promover las adecuaciones legales pertinentes que permitan facultar al Congreso para:
a) El establecimiento de controles eficaces a fin de que las actividades del ejecutivo se apeguen a lo estipulado en la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen.
b) Recibir para su revisión y aprobación las propuestas de nombramientos de los servidores públicos del primer nivel de la administración pública federal cuyas funciones se relacionen con la procuración e impartición de justicia, sin demérito de la responsabilidad de los órganos jurisdiccionales, la seguridad nacional, la seguridad pública y la supervisión y el manejo de las instituciones financieras y de seguros.
c) Participar con mayores facultades en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales correspondientes.

Modernización del Poder Judicial
21. Impulsar una revisión profunda del funcionamiento del Poder Judicial de cuyo análisis se desprenda una reforma que permita la integración y formación de sus órganos de gobierno interno y la determinación de los presupuestos que garanticen su modernización, su autonomía respecto del Ejecutivo, y una eficaz impartición de justicia.
La soberanía de los estados y la autonomía municipal
22. Promover la descentralización política como instrumento para realizar la esencia del sistema federal que nos rige, mediante el respeto a la soberanía de los estados y el fortalecimiento de la autonomía municipal.

Planes de gobierno y participación ciudadana
23. Impulsar la participación de la comunidad para que los planes y programas de gobierno, tanto en el ámbito local como nacional, se ajusten a las demandas, expectativas y necesidades de la población. Se deberán promover también, reformas a las leyes locales para que los ciudadanos, por conducto de sus representantes de colonia, barrio o comunidad, reciban la información oportuna sobre la gestión de gobierno, el ejercicio del presupuesto y la obra pública.

Modernización de la administración pública
24. Modernizar la administración pública federal a fin de elevar la calidad del servicio al público, mejorar los sistemas de recaudación y administración fiscal, establecer un control más estricto sobre la inversión e instituir el servicio civil de carrera.

Integración de gobiernos plurales
25. Somos parte de una nueva sociedad. La época del partido único en el gobierno, va dando paso a nuevas formas de hacer política que reclaman el concurso y la participación de todos. De ahí, que resulte inaplazable el promover la integración de gobiernos que reflejen la variada composición de la sociedad mexicana, según el peso específico de cada partido político de conformidad con los resultados electorales. En la medida que seamos capaces de reconocer la representatividad de las diferentes
fuerzas políticas en la integración de los gobiernos tanto a nivel federal, como estatal y municipal, estaremos contribuyendo al fortalecimiento de nuestra vida democrática para dejar atrás la época del ejercicio autoritario y unipersonal del poder.

Descentralización de funciones a los estados y municipios
26. Promover la descentralización política, como instrumento para realizar la esencia del sistema federal que nos rige, mediante el respeto a la soberanía de los estados y el fortalecimiento del municipio libre. Generando una redistribución real del poder entre la federación, los estados y los municipios de conformidad con las demandas de la nueva sociedad mexicana.

Autonomía financiera a los estados y municipios
27. Modificar el actual sistema de coordinación fiscal con el fin de encontrar nuevas fórmulas para recaudar y asignar, a los estados y a los municipios, los recursos económicos necesarios para satisfacer las necesidades de su población, logrando también, su autonomía financiera con respecto de la federación. Con esta medida se evitará la entrega arbitraria, discrecional y clientelar de los recursos que ha obstaculizado el verdadero desarrollo de las regiones del país, y sólo ha contribuido a agudizar la pobreza de grandes núcleos de población.

Fortalecimiento del municipio libre
28. Promover las reformas legales que permitan la actualización del marco jurídico en que se desenvuelve el municipio libre a efecto de que pueda hacer frente éste, de manera adecuada y ágil, a las demandas de una sociedad plural, más preparada y más consciente de su responsabilidad. Esas reformas deberán, por lo menos, considerar los siguientes puntos:
a) Fortalecimiento de la autonomía municipal para que los ayuntamientos sean lospromotores de su propio desarrollo.
b) Establecimiento de normas que regulen la discusión y aprobación de los principales problemas comunitarios en sesiones de cabildo abiertas a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil.
c) Creación de nuevas instancias de administración regional que promuevan el desarrollo de zonas con características comunes y que permitan la coordinación de dos o más municipios, especialmente en los enclaves rurales de población predominantemente indígenas.
d) La propuesta para la realización de una profunda reforma fiscal que permita el fortalecimiento y la diversificación de las fuentes de ingresos municipales.
e) Un plan de desarrollo municipal que incluya un programa especial que contemple las acciones y los recursos necesarios para el fortalecimiento de las zonas rurales.
f) Un programa de protección civil que consolide el atlas municipal de riesgos, jerarquía de responsabilidades ante la comunidad y medidas preventivas para casos de desastre.
g) Programas que permitan la integración de las mujeres y de los jóvenes al desarrollo de la comunidad y les signifiquen oportunidades de empleo, recreación y mejoramiento individual.

Restauración de las funciones del Senado de la República
29. Promover las reformas legislativas necesarias que permitan lograr la restauración de las funciones del Senado de la República, a partir del replanteamiento de sus facultades y atribuciones. Particularmente, en función de su relación con el Poder Ejecutivo Federal, a fin de reivindicar su papel como representante de las entidades federativas y como órgano corresponsable de la política internacional.

IV. UN NUEVO ORDEN JURÍDICO

El Derecho es el medio por el cual se da forma a las organizaciones humanas. Su eficacia está supeditada a la existencia y permanencia de acuerdos básicos que permiten establecer de manera consensada las normas generales que regulan el comportamiento social.
La estructura jurídica debe ser concomitante con la realidad. No obstante, en aras de esta necesidad o para legitimar acciones de sucesivos gobiernos, nuestro marco normativo, desde la propia Constitución Política, ha sufrido incontables modificaciones que rompieron su uniformidad. Así, en tanto existen normas avanzadas, otras han quedado en el desuso, confrontando internamente posiciones en fondo y forma y disparidades que volvieron complicado y hasta contradictorio nuestro acervo legislativo.
La reforma del Estado y de sus instituciones y las nuevas reglas de su operación, suponen un nuevo orden político al que debe corresponder, necesariamente, un nuevo orden jurídico.
El nuevo orden jurídico deberá contener las respuestas a las demandas y aspiraciones de la sociedad. El nuevo orden jurídico debe reflejar el nuevo orden institucional. Se trata de actualizar nuestro sistema legal desde la Constitución hasta las leyes reglamentarias, tanto en los niveles federal como locales.
Es necesario transitar de un Estado de leyes a un auténtico Estado de Derecho. De ahí, la necesidad de actualizar, a partir de las nuevas normas e instituciones, el conjunto de leyes generales y reglamentarias, a fin de lograr el establecimiento de un orden jurídico congruente, armónico y complementario. En consecuencia, proponemos:

Una Nueva Constitución
30. Realizar una revisión democrática de los contenidos constitucionales, tanto en lo referente a la organización política como en lo concerniente a los derechos subjetivos públicos y a las restantes instituciones que en la ley fundamental se establecen, con objeto de diseñar una agenda de temas básicos para ser debatidos en el seno de un Congreso Constituyente.

Un nuevo orden jurídico socialmente consensado
31. Se debe realizar un análisis detenido de las condiciones que actualmente prevalecen en la sociedad y un debate extenso a partir del cual se pueda llegar a una agenda nacional que fije los puntos centrales de lo que se estime revisable en la actual estructura jurídica. De ahí, la importancia de reconstruir la estructura política del Estado mexicano, a partir de un nuevo orden jurídico socialmente consensado, que le permita a la nación contar con un gobierno que efectivamente ajuste sus actos a derecho y a la voluntad popular.

V. SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

La seguridad pública, la procuración e impartición eficaz de justicia, y el respeto a los derechos humanos requieren de una activa participación ciudadana. La tranquilidad ciudadana y la paz social, son condiciones indispensables para la viabilidad de cualquier propósito humano.
La delincuencia organizada disminuido considerablemente la confianza de la población en los órganos de procuración e impartición de justicia y en las corporaciones policíacas, debido a la incapacidad de respuesta y a la corrupción de éstos.
Los órganos de procuración e impartición de justicia viven permanentemente presionados, y en algunos casos penetrados por la delincuencia organizada, limitando la acción del Estado en su combate. A esto se debe agregar el desequilibrio que aún persiste en la correlación de los poderes Ejecutivo y Judicial, lo cual obstaculiza la autonomía de este último y pone en tela de juicio el principio de imparcialidad en sus decisiones.
Todos estos factores, aunados a la creciente vulnerabilidad de los derechos humanos, han dado lugar, particularmente en las grandes ciudades, a una atmósfera de inseguridad ciudadana asfixiante y a la evidente pérdida de la tranquilidad y paz públicas, circunstancia que tensa y muchas veces rompe el tejido social. De ahí que estimemos conveniente proponer las siguientes líneas de acción:

Reestructuración de los órganos encargados de la impartición de justicia
32. Promover la realización de una consulta nacional cuyas conclusiones permitan elaborar una serie de reformas al marco jurídico vigente, tendientes a proponer la reestructuración de los órganos encargados de la procuración e impartición justicia, así como de los organismos de seguridad pública.

Participación del Poder Legislativo en la elección de los miembros del Poder Judicial
33. Que al igual que en la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación participe el Congreso de la Unión, en la designación de Jueces y Magistrados Federales, decidiendo a partir de una terna de candidatos propuestos por el propio poder judicial.

Participación del Poder Legislativo en el nombramiento y remoción de los cuerpos de seguridad pública y del Ministerio Público
34. Que se institucionalice la opción para que el Poder Legislativo participe en la designación y remoción de los integrantes que tengan mando y autoridad del Ministerio Público y de las corporaciones de seguridad pública.

Supervisión de la comunidad en la seguridad pública
35. Formular e integrar mecanismos que propicien la organización de la comunidad en la supervisión de las acciones de seguridad pública que se desarrollen en su respectivo ámbito territorial, a efecto de combatir la corrupción y la impunidad que hoy caracterizan a la mayor parte de los cuerpos policíacos.

Control de los cuerpos privados de seguridad
36. Realizar las reformas jurídicas necesarias que propicien la supervisión y el control de los cuerpos privados de seguridad, con el propósito de evitar la formación de comandos particulares cuya acción suele revertirse en contra de la sociedad.

Reforma penitenciaria
37. Sentar las bases que permitan realizar una reforma penitenciaria que contemple la adopción de medidas realmente eficaces contra la corrupción, el trato discriminatorio a los internos, la tortura, el consumo y tráfico de drogas, y que ponga especial énfasis en los programas de readaptación para que estos operen con eficacia en provecho de la reincorporación social de los sentenciados.

Combate al narcotráfico y desaliento al consumo de drogas
38. Combatir el tráfico de drogas agravando las penas de los delitos contra la salud y para tipos delictivos afines o conexos. En paralelo con el concurso de los medios de comunicación y por medio del sistema educativo nacional, se deben realizar campañas de orientación y prevención dirigidas a la sociedad en general y a los jóvenes y niños en particular, con el fin de lograr que la población de nuestro país rechace el consumo de drogas o cualquier otro tipo de sustancias que causen adicción y daños a la salud.

Revisión del marco jurídico en materia de derechos humanos
39. Analizar y replantear las bases y los criterios que actualmente sustentan el marco jurídico que organiza y regula la actuación de las instancias oficiales en materia de defensa de los derechos humanos para evitar, entre otras situaciones anómalas, que la elección de los titulares de dichos órganos se haga por parte del Poder Ejecutivo y mediante la vía de la discrecionalidad y la designación vertical. En ese mismo sentido es necesario pugnar por el establecimiento de requisitos que garanticen la objetividad y la imparcialidad de las personas que ocupan los cargos en la defensa de los derechos humanos. La designación de los titulares de estas instituciones debe basarse en normas y criterios que impidan que el desempeño de dichos cargos sea tomado como escalón de carreras políticas o administrativas, pues tal hecho desvirtúa su función.

Combate a la corrupción de los servidores públicos
40. Actualizar los tipos punibles y las sanciones que consignan la ley y el Código Penal en materia de ilícitos cometidos en el ejercicio de la función pública, incorporando un capítulo que se ocupe de definir los casos en los que, mediante la complicidad de los servidores públicos o aprovechándose de los vacíos u omisiones de la ley, los particulares obtienen beneficios en perjuicio del patrimonio de la sociedad y de la nación.
En ese mismo sentido, se deberán emprender medidas que permitan la participación de la sociedad a la hora de presentar y formular denuncias, y que el sistema de sanciones y penas que se apliquen sea lo suficientemente justo para evitar que el ejercicio de las mismas constituya un incumplimiento a la sociedad.
Una medida importante para combatir la corrupción es trasladar la función de control del patrimonio de los servidores públicos al Órgano Superior de Fiscalización, para que la Cámara de Diputados pueda fincar la responsabilidad política, administrativa o penal, según el caso, por el manejo indebido de los recursos públicos.

Contra los abusos en el ejercicio del poder
41. Replantear la lucha contra la corrupción y los abusos en el ejercicio del poder, superando la práctica de acciones que utilizan al Poder Judicial y a los órganos encargados de la impartición de justicia, como elementos de represión de las personas o grupos cuyas ideas y comportamientos no coinciden con los criterios de quienes ejercen el poder público.

VI. UNA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA PARA UNA NUEVA SOCIEDAD

El pasado mediato
Durante el siglo XX México experimentó profundas transformaciones que son un reflejo de las aspiraciones y la voluntad de la mayoría de la población. Esas transformaciones imprimieron al Estado su carácter tutelar sobre los factores de la producción, permitieron al Gobierno Federal asumir comprometidamente el carácter de promotor de la actividad económica y el empleo, y afianzaron su papel como árbitro de las relaciones económicas entre los sectores privado y social.
Sin embargo, el principio tutelar del Estado y su carácter de promotor económico generaron prácticas administrativas discrecionales y un exceso de la intervención estatal en la economía. Estos modelos hicieron crisis al inicio de los años setenta, tanto por las condiciones económicas y políticas internas, como por la terminación de la etapa de estabilización y crecimiento económico del mundo occidental, surgida a raíz de la terminación de la Segunda Guerra Mundial.
Al final de esta etapa se produjeron grandes cambios en las relaciones internacionales y en sus instituciones, y surgieron nuevas ideas acerca del papel del Estado. Con base en estas ideas se cuestionaron severamente las políticas económicas y sociales hasta entonces aplicadas, especialmente en los países en desarrollo.
Aun cuando el entorno internacional se había transformado drásticamente, ante el falso dilema de cambiar o profundizar la huella del camino recorrido, durante toda la década de los setenta, el Estado mexicano agudizó la aplicación de sus políticas intervencionistas sobre buena parte de la vida nacional e institucional; de manera relevante el Gobierno Federal amplió su acción administrativa hacia estados y municipios, trastocando las bases reales del pacto federal. Los resultados obtenidos fueron cada vez más adversos, tanto por lo que hace a la ineficiencia en el uso de los recursos públicos, como por la creciente dependencia de los recursos externos provenientes de instituciones financieras privadas.
Las consecuencias se agudizaron a principios de la década de los años ochenta, a partir de la crisis inducida por el petróleo y el déficit fiscal y comercial de las economías desarrolladas, factores que generaron, a escala internacional, las tasas de interés más elevadas de los últimos cincuenta años, lo que llevó a países como México al borde de la insolvencia financiera.
El pasado reciente Durante la década de los ochenta, los países desarrollados emprendieron una reestructuración económica al amparo de la liberación de los mercados y del libre movimiento de capitales. Los países del sudeste asiático irrumpieron en la arena internacional como fuertes proveedores de manufacturas, bajo el aliento de políticas públicas que impulsaron ventajas competitivas de sus economías; en tanto que la región latinoamericana entró en un proceso recurrente de crisis de ciclos cortos. Crisis durante las cuales se reestructuraron pasivos con el exterior, se privatizaron buena parte de las empresas públicas y se alcanzaron indicadores macroeconómicos sanos. Sin embargo, los resultados sociales obtenidos y la miseria de decenas de millones de ciudadanos terminaron por agudizar debilidades económicas estructurales, invalidando las políticas de apertura económica y cuestionando la no-intervención del Estado en la economía.
En este contexto de crisis recurrentes, México inició la segunda mitad de la década de los noventa con una de las mayores contradicciones económicas experimentadas en el siglo pasado, lo cual a significado la destrucción de un alto porcentaje de su aparato productivo, elevados índices de desempleo y una drástica caída en los niveles de consumo y bienestar de la población. Paradójicamente, se intentó solventar la crisis desde la esfera del gobierno federal, inyectando recursos públicos para salvar de la quiebra a ciertos agentes económicos privados, especialmente bancos y empresas constructoras. La intervención estatal evitó así que operara la disciplina del mercado sobre un minúsculo grupo de empresarios, disciplina que debería castigar las ineficiencias económicas y beneficiar a los consumidores.
Lo ilógico y socialmente injusto radica en el hecho de que el Estado intervenga, mediante la inyección de recursos públicos, para sostener un modelo económico que ha resultado ineficaz para el conjunto de la economía, pero rentablemente positivo para unos cuantos beneficiarios directos de este nuevo tipo de intervencionismo. Presente y futuro
Los resultados de las políticas públicas instrumentadas para combatir la crisis del inicio de los años ochenta—especialmente la caída del poder adquisitivo de los salarios en virtud de la inflación y la disminución drástica de los subsidios—generaron un gran descontento popular. Paralelamente, el servicio de la deuda pública externa, abultada por los pasivos privados asumidos ante los agentes externos por el gobierno federal, y las medidas aplicadas para combatir las tasas crecientes de inflación, produjeron un crecimiento muy bajo de la economía y un abundante desempleo. Los resultados económicos se convirtieron en fuente de crítica hacia las políticas públicas, en un ambiente de amplia especulación financiera y del tipo de cambio.
Por otra parte, desde finales de los años setenta se integra a la burocracia gubernamental un grupo de jóvenes técnicos—la mayor parte de ellos preparados en el extranjero—sin formación política, carentes de sensibilidad social y con escasa experiencia en el desempeño público, quienes acceden al poder y cubren, rápidamente, los espacios políticos de la burocracia gubernamental y los cargos del partido en el gobierno. Este grupo, en connivencia con un segmento del llamado capital financiero, condujo a la nación a la peor crisis económica de la segunda mitad del presente siglo, con su secuela de pobreza,
corrupción, impunidad e injusticia. El programa político y económico de estas élites, de supuestos visos modernizadores — con una década de retraso en su referente internacional y sin consideración alguna de la historia y el compromiso social del Estado mexicano— se manifestó en el llamad neoliberalismo, que tan funestos resultados ha tenido para la mayoría de la población.
Ante este panorama, México demanda una política económica que no sea producto del ejercicio vertical del poder, ajeno al sentir popular y carente de sensibilidad social.
Es necesario reconocer que en materia de desarrollo económico y social, el gran desafío que enfrenta nuestro país consiste en incrementar el ingreso y la calidad de vida de todos los mexicanos. En las actuales circunstancias por las que atraviesa el país, se necesita un modelo económico participativo mediante el cual el Estado promueva, estimule y oriente —con el concurso de todos los sectores productivos— el desarrollo en beneficio de la sociedad, sin que esto signifique caer en soluciones populistas ni esquemas que favorezcan la intervención estatal indiscriminada en la regulación de la economía.
Lejos de abandonar la economía a las fuerzas del mercado, el Estado debe establecer un equilibrio entre la libertad de los individuos y las necesidades básicas de la sociedad.

Por ello es necesario mantener un control estatal —como en la mayoría de los países desarrollados— sobre los sectores estratégicos de la economía e intervenir en la regulación de las actividades en las que el mercado, por falta de controles institucionales y normativos, podría dejar de atender demandas sociales y generar graves distorsiones en el proceso de desarrollo que terminarían por perpetuar las desigualdades sociales y acentuar la dependencia de la economía nacional en el exterior.
Por otra parte, para que la política económica tenga el éxito deseado y cumpla los objetivos de justicia social que propicien la distribución equitativa de la riqueza, se requiere de la confianza de los distintos agentes económicos en las instituciones, para lo cual es necesario que haya congruencia entre el decir y el hacer de nuestros servidores públicos.
El Estado, conjuntamente con los sectores productivos, debe crear las bases y apoyar el desarrollo de las ventajas competitivas del país. Bajo el principio de una economía abierta, los sectores público, privado y social habrán de convenir las políticas sectoriales que garanticen en el mediano plazo la plena competitividad de nuestra economía. El país debe dejar de ser un exportador de mano de obra barata para convertirse en una auténtica economía nacional inserta activamente en la economía mundial.
El modelo económico deberá comprender, básicamente, dos vertientes:
La primera debe atender nuestra realidad interna mediante la instrumentación de una política de desarrollo industrial que propicie la reactivación y la modernización de la planta productiva, aliente la creación de empleo, permita la formación de capital, fortalezca el mercado interno, y logre la consolidación de las cadenas productivas que vinculen el sector externo con el resto de la economía.
La segunda, debe servir para hacer frente a la globalización con la ejecución de acciones que promuevan la producción de bienes y servicios para la exportación. A ese respecto, es importante impulsar una nueva cultura en las relaciones entre empresarios, obreros, campesinos, maestros y trabajadores en general y gobierno, para aliarse en torno a una nueva política industrial y de desarrollo agropecuario forestal y pesquero, que vincule e integre al sector exportador con el resto de las actividades productivas. Una nueva cultura económica basada en la productividad, la innovación, la capacitación y la corresponsabilidad y el reconocimiento de los derechos de todos.
Nuestro acceso a la globalización no puede simple y llanamente agotarse en la relación comercial que tenemos con los Estados Unidos de América. Nuestro mercado interno deberá ser atendido pertinentemente, tanto con relación a la demanda de insumos y materias primas, como en lo relativo al consumo final. Hoy los productores nacionales no tienen que salir al exterior para enfrentarse a la competencia externa; nuestros mercados intermedios y finales están abarrotados de productos extranjeros, muchas veces de baja calidad y como resultado de prácticas comerciales desleales. Por ello, se deben aplicar en reciprocidad, las mismas normas, criterios y prácticas que se aplican a nuestras exportaciones. Además, en unión con nuestros exportadores, el gobierno deberá estar pendiente para reclamar y litigar contra toda práctica de comercio desleal. Se requiere, también, de la cancelación de barreras de entrada y combatir las prácticas injustas para la comercialización de productos y servicios mexicanos en el exterior.
La desregulación económica ha terminado en un libertinaje en el que prevalecen prácticas oligopólicas de comercio y de servicios que constituyen un abuso sobre los consumidores. Toda desregulación significa la estructuración de nuevas normas, más pertinentes a la producción y al empleo y a la inserción competitiva de la economía nacional en el contexto mundial.
La desregulación debe tener como objetivo fundamental la búsqueda de la eficiencia económica, el fortalecimiento de mercados competitivos y prácticas comerciales sanas, en beneficio último de la propia sociedad. De igual manera, la desregulación significa el fortalecimiento y creación de nuevas instituciones, encargadas del control y supervisión de áreas en las que ya no opera directamente el Estado, o sobre las cuales se ha cancelado a la burocracia la posibilidad de prácticas administrativas discrecionales y aún actitudes y conductas patrimonialistas.
Es indispensable considerar a la pequeña y mediana industria y al sector agropecuario, forestal y pesquero como partes estratégicas de las cadenas productivas internas, cuyas rupturas han creado el ciclo perverso de que a mayor crecimiento de la economía los resultados de éstas, son deficitarios. Este ciclo normalmente, ha terminado por beneficiar el empleo de nuestros socios comerciales y ha coadyuvado a las crisis económicas sexenales, que cada vez resultan de mayor profundidad y que requieren de más tiempo para la recuperación del país.
Por otra parte, aun en una economía global, el desarrollo de la pequeña, mediana y micro industria evidencia que es estratégica para generar empleo, armonizar las relaciones laborales tradicionales y hacer realidad la llamada empresa flexible del último cuarto de este siglo. Por ello, es necesario apoyar la convergencia económica de los diferentes tamaños de la empresa nacional, para hacer más estable la producción, mejorar el empleo y poder ser plenamente competitivos dentro y fuera del país.
La globalización ha hecho altamente frágil la capacidad de abasto de los mercados nacionales. El riesgo, una vez más, de la carencia o al menos del aumento del precio de los granos básicos es una realidad. Por ello, se deben asegurar niveles básicos de abasto nacional, que proporcionen seguridad alimentaria y que hagan posible el cumplimiento del compromiso postergado que se tiene con los hombres del campo y del medio rural.
Dada la necesidad de aprovechar racionalmente los variados y abundantes recursos de nuestros litorales, mar patrimonial y cuerpos de agua, es necesario establecer una política para el fomento y el desarrollo del sector pesquero del país, que satisfaga las necesidades de los mercados interno y externo y permita el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores del sector.
Los hidrocarburos son recursos estratégicos para el desarrollo nacional; su explotación y comercialización resultan de gran importancia para las finanzas públicas, por lo cual es indispensable que la nación mantenga su soberanía sobre ellos y se evite su privatización.
La importancia estratégica del petróleo debe vincularse de manera funcional al proyecto de modernización de la planta productiva nacional.
Es urgente que se estimulen la investigación y el desarrollo tecnológico, que se fomente la formación de mejores recursos humanos y se promueva la innovación y adaptación tecnológica.
El Estado debe asumir la responsabilidad fiduciaria que tiene sobre la moneda para estimular el ahorro nacional. El premio al ahorro debe estar directamente asociado al costo final del dinero para el inversionista o el acreditado. Sólo así haremos fluido y productivo el tránsito del ahorro a la inversión directa y productiva.

Las ineficiencias de los agentes financieros no las puede seguir pagando pasivamente el ahorrador o la sociedad en su conjunto por la vía de la deuda pública con la asunción de los quebrantos bancarios. El ahorro también deberá ser estimulado por la vía fiscal para fomentar la adquisición de bienes duraderos.
No puede haber más límite al secreto bancario que la soberanía nacional, la riqueza y el patrimonio público. A las prácticas monopólicas, de ineficiencia, irresponsabilidad y poca transparencia de los agentes financieros se les deberá cerrar el paso.
El Estado no puede seguir dejando al libre albedrío de unos cuantos agentes económicos la riqueza de la nación. La especulación sobre nuestro mercado de dinero y de capitales debe ser combatida. Los flujos financieros internacionales hacia nuestro país deben ser bien administrados. En principio, se deben enterar al Banco Central, monetariamente, las salidas y las entradas de divisas que se derivan de la actividad económica. Esto es una simple razón de principio y orden.
El gobierno tiene la obligación moral y política de preservar la riqueza de nuestra nación, por ello debe cumplir su obligación fiduciaria y de protección sobre nuestra moneda. Es el primer paso para fomentar el ahorro.
Hasta hoy el discurso político nacional permanece anclado en el pasado o simplemente se sabe lo que no se quiere, es tiempo de decir lo que se quiere y lo que deben hacer el Estado y la sociedad de manera conjunta. Es tiempo de decir lo que productivamente podemos hacer juntos. Los intereses de la nación deben ser los intereses de nuestra convergencia.
En materia de política económica hay que actuar, primero, sobre las políticas generales y, después, sobre las políticas específicas que habrán de ser cambiadas. Es necesario recoger experiencias, considerar formas, procesos y esquemas organizativos y de producción propios para mejorarlos y potenciarlos. La nueva política económica que exige nuestra sociedad no significa cambiar un conjunto de dogmas por otro. De ahí que sea necesario:

Consulta nacional para cambiar la política económica
42. La realización de una amplia consulta nacional con la participación de todas las fuerzas políticas y sociales del país, con el fin de promover el cambio de la política económica que permita sustituir el modelo neoliberal que propicia la concentración del ingreso y la riqueza nacionales en una minoría y el empobrecimiento generalizado de la población.
Nuestra propuesta tiene como objetivo fundamental el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias mexicanas y el imperativo de que las tareas de la justicia y el desarrollo social ocupen el lugar que les corresponde en el ámbito de responsabilidades del Estado mexicano

Ampliación de facultades al Congreso en materia económica
43. La base de una buena planeación democrática debe ser la ampliación de las facultades, en materia económica, fiscalización y control de los recursos públicos, del Poder Legislativo, así como la asunción de sus responsabilidades por parte de los legisladores para asignar y fiscalizar los recursos necesarios para el desarrollo nacional y regional.
Una medida importante para combatir la corrupción es trasladar la función de control del patrimonio de los servidores públicos a la Contaduría Mayor de Hacienda, lo que permitiría a la Cámara de Diputados fincar responsabilidad política, administrativa o penal, según el caso, por el manejo indebido de los recursos públicos.
Estas acciones darán a los ciudadanos una efectiva participación en la orientación y el control de la política económica no sólo a través de sus legisladores, sino mediante la realización de consultas públicas dependiendo de la importancia del asunto en cuestión.

Promover el desarrollo regional
44. Promover el desarrollo del país a partir de sus regiones naturales, identificadas con criterios que consideren sus afinidades en lo económico, lo político, lo social y lo cultural.

Fortalecer la confianza de los agentes económicos en las instituciones
45. Generar confianza de los distintos agentes económicos en las instituciones del Estado para asegurar la estabilidad que permita el crecimiento económico y la justicia social.
Para ello es indispensable diseñar reglas y procedimientos claros que impulsen la sana competencia y estimulen el aumento de la productividad de la economía; instrumentar acciones que permitan reducir la disparidad que se da entre la economía moderna y de exportación y los sectores productivos mas rezagados como es el caso de la pequeña y mediana industria y el campo mexicanos; e invertir en educación y capacitación para que todos, especialmente los jóvenes y los niños, tengan mayores oportunidades de desarrollo y empleo.

Creación del marco institucional para el control del gasto y la inversión pública
46. La factibilidad del modelo económico que proponemos depende de la creación de un marco institucional de planeación y control social que imprima transparencia, racionalidad y legalidad al ingreso, al gasto y a la inversión públicos, y que elimine la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el manejo de las finanzas públicas, que tanto daño ha causado a la economía nacional y a la confianza popular.

Política fiscal para el desarrollo
47. El mexicano, es un sistema tributario que desalienta la inversión productiva por su extrema complejidad, discrecionalidad e inequidad. De ahí la importancia de realizar una revisión profunda de las leyes impositivas, así como de los procedimientos para su aplicación y administración, con el objeto de hacerlas entendibles, de fácil cumplimiento y equitativas.
Hay que instrumentar una política fiscal que estimule el ahorro, desaliente el consumo suntuario, y permita obtener recursos para dedicarlos a la inversión productiva y a la generación de empleos.
Para ello, se requiere un sistema que amplíe la base de contribuyentes, distribuya las cargas fiscales de manera más equitativa y justa, premie al contribuyente cumplido e incorpore al régimen fiscal a los sectores informales de la economía.
La reforma fiscal debe tener como consecuencia el fortalecimiento de los ingresos tributarios del gobierno, con el fin de que pueda contar con los recursos suficientes para financiar programas sociales de largo plazo.
Sin una reforma tributaria de estas características, la política fiscal va a seguir siendo el resultado de las necesidades emergentes del gasto del gobierno y no parte de una estrategia de desarrollo económico de largo alcance.

Política cambiaria
48. Se requiere mantener disciplina en la fijación y el manejo de una política cambiaria realista, que evite la incertidumbre devaluatoria, impida la especulación sobre nuestra moneda, sea instrumento para el control de la inflación, y se constituya en un eje de apoyo para el crecimiento nacional.
La política monetaria debe tener como prioridad lograr la estabilidad de precios. La inflación es el fenómeno más perverso que ha padecido la población durante los últimos años. El combate al aumento de precios no debe estar basado en la sobrevaluación del tipo de cambio y en la contención de los salarios.

Finanzas públicas sanas
49. El mantenimiento de las finanzas públicas sanas debe ser una prioridad de la política económica gubernamental para no generar desequilibrios que puedan comprometer los recursos indispensables para el desarrollo. La estabilidad de las finanzas públicas debe estar basada en el fortalecimiento y la diversificación de los ingresos y en el manejo honesto y racional de los egresos.

Regulación y fiscalización del Congreso a las instituciones bancarias y financieras
50. Se debe realizar una propuesta que establezca las reformas legislativas necesarias que propicien la regulación de la banca y de los organismos financieros con el fin de evitar malos manejos en su operación y administración, que redunden en perjuicio de los usuarios y del patrimonio de la nación.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Competencia, y todos los organismos similares que tengan que ver con la regulación, fiscalización y manejo de las políticas monetaria, financiera y crediticia del país, deben quedar sujetas a la fiscalización y control del Poder Legislativo a fin de evitar prácticas discrecionales y de connivencia que propicien actos de corrupción.
Las ineficiencias de los agentes financieros no las puede seguir pagando pasivamente el ahorrador o la sociedad en su conjunto por la vía de la deuda pública con la asunción de los quebrantos bancarios. No puede haber más límite al secreto bancario que la soberanía nacional y la riqueza y el patrimonio públicos.

Medidas legislativas para el control de los flujos financieros internacionales
51. Proponer medidas legislativas que permitan la adecuada administracion de los flujos financieros internacionales —de entrada y de salida— de corto plazo, a fin de evitar la vulnerabilidad de la economía y la especulación que unos cuantos agentes financieros puedan ejercer sobre nuestros mercados de dinero y de capitales.

Economía abierta para el desarrollo industrial
52. Bajo el principio de una economía abierta, y con el fin de satisfacer el mercado interno e insertarnos competitivamente en los flujos internacionales de comercio, los sectores público, privado y social habrán de convenir las políticas sectoriales que permitan garantizar la productividad y competitividad de nuestra economía. Dichas políticas contemplarán al menos: la reactivación y la modernización de la planta productiva nacional, la generación de empleo, la formación de capital, la producción de bienes para el consumo interno, el fortalecimiento de las cadenas productivas que permitan lograr la vinculación del sector externo con el resto de la economía nacional, la capacitación y formación de recursos humanos, y la producción para el mercado internacional.

Desarrollo de la pequeña y mediana industrias
53. Poner en marcha un programa para el fomento y desarrollo de la pequeña y mediana industrias, que contemple esquemas de financiamiento y apoyo tecnológico que les permita adaptarse a un mundo cada vez más competitivo y puedan mantenerse como una de las principales fuentes generadoras de empleo del país.

Marco legal para regular la inversión extranjera
54. El impulso de reformas al marco legal de la materia con el objeto de sentar las bases que permitan orientar y regular la inversión extranjera, y lograr la protección de las zonas estratégicas de nuestra economía, en beneficio del desarrollo nacional y la preservación de nuestra soberanía.

Soberanía y apertura económica
55. El replanteamiento de la estrategia de inserción del país en el nuevo orden económico mundial, a partir de la revaloración de los conceptos de soberanía e independencia, a fin de racionalizar y moderar nuestra apertura económica hacia el exterior, además de buscar que las relaciones de interdependencia regionales no se traduzcan en vínculos de sometimiento y trato desigual para nuestro país.

Descentralización de la planta industrial del Valle de México
56. Con el fin de evitar la gran contaminación del Valle de México, se debe descentralizar la planta industrial asentada en esa zona hacia otras regiones del país, mediante programas de estímulos fiscales, costos de financiamiento diferenciados y construcción de la infraestructura requerida.

Evitar las prácticas de comercio desleales a nuestros exportadores
57. El Estado deberá evitar el ejercicio de prácticas de comercio desleales contra nuestros exportadores y la planta productiva local. Bajo el principio de equidad, se deben aplicar medidas y políticas similares a las que nos aplican nuestros principales socios comerciales.

Fomento y desarrollo de los recursos pesqueros
58. Nuestros mares, ríos y aguas interiores constituyen una gran riqueza susceptible de explotación. De ahí que sea necesario instrumentar una política específica para el fomento y el desarrollo del sector que determine la explotación racional de los recursos pesqueros; promueva la industrialización y comercialización de las capturas para el consumo interno y externo; fortalezca la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para la captura e industrialización de las especies; propicie el apoyo técnico y financiero para las cooperativas y los productores del sector; aliente el desarrollo de la acuacultura, y contemple las medidas de protección que permitan la preservación de los cuerpos de agua y de la flora y fauna marinas.

Modernización del sector minero
59. El país cuenta con algunas de las reservas más importantes de minerales del mundo. Sobresalen las correspondientes a los no metálicos. Por esto, resulta recomendable la puesta en marcha de un programa que permita la modernización del sector minero y propicie la explotación de los yacimientos de minerales a efecto de reactivar la economía de las regiones que cuentan con tan importantes recursos.

Apoyo a la economía social
60. Hasta el pasado reciente, el Estado trató de desarrollar la economía social, en especial las cooperativas de producción y consumo. El desarrollo de estas formas de organización social se hizo desde la visión de las burocracias federales y con una actitud política corporativa, por lo que terminó siendo motivo de corrupción y de ineficiencia económica. Con la reciente crisis económica, han surgido formas organizativas socioeconómicas espontáneas y autónomas. Por ello, es necesario alentar este tipo de organización económica y vigilar que no se constituya en medio para la explotación de los pequeños productores, comerciantes y ahorradores.

Apoyo a la microempresa y a las actividades artesanales
61. Las actividades artesanales, semindustriales y de servicios, en los ámbitos de la microempresa y de la ocupación por cuenta propia, constituyen una gran tradición económica en nuestro país. Estas actividades representan una parte importante de la vida económica y social de las pequeñas comunidades y de los barrios de nuestros centros urbanos, pero también son fuente de satisfacción de demanda de empleo. De ahí que sea importante la creación de un programa que permita el mejoramiento de los diseños, la calidad productiva y la comercialización de este tipo de actividades.

Creación de oportunidades para los trabajadores no asalariados
62. Con la participación de los representantes de los sectores sociales involucrados y de las autoridades en la materia, convocar a reuniones regionales y municipales, con el fin de determinar el número de trabajadores no asalariados y el tipo de actividad a que se dedican. A partir de este estudio, se deberá promover la construcción de mercados y el fortalecimiento de los programas de desarrollo regional que propicien la creación de los empleos necesarios para dar ocupación a los trabajadores no asalariados.

Marco jurídico para evitar monopolios y abusos a los consumidores
63. La revisión y adecuación de los marcos jurídicos general y específicos dentro de los que se realizan las actividades económicas, en especial las de producción, de comercio y financieras, con el fin de garantizar mercados competitivos, evitar monopolios y empresas dominantes sin regulación e impedir abusos sobre los consumidores.

Petróleo y estrategia energética
64. En coordinación con los sectores políticos y sociales nacionalistas del país, proponer medidas que impidan la privatización de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), en virtud de que los hidrocarburos son recursos estratégicos para el desarrollo nacional y su explotación y comercialización resultan un gran soporte para las finanzas públicas, por lo que es indispensable que la nación mantenga su soberanía sobre ellos.
Es necesario impedir la política de sobreexplotación de los yacimientos que actualmente realiza el régimen para satisfacer los requerimientos extranjeros, con lo que se ponen en peligro nuestras reservas y nuestra soberanía energética.
Se debe asimismo, realizar una profunda reforma a la empresa con el objeto de modernizar y hacer eficiente una administración caracterizada por la corrupción, la ineptitud y los privilegios para una élite de burócratas y un sistema de complicidades que se produce entre los altos funcionarios y los contratistas, en detrimento de la nación.
Se debe impulsar una política energética nacionalista y racional que permita preservar la soberanía energética, propicie la elevación de reservas y fuentes convencionales de energía para asegurar el desarrollo económico y social, y permita la regeneración del medio ambiente.

El campo mexicano
65. Como sucede en otros aspectos de la vida nacional, la adopción de una política económica y social ajena a las necesidades y el sentir de nuestro pueblo, ha llevado a la inmensa mayoría de los campesinos y productores rurales mexicanos a una situación de atraso y pobreza que reclama el replanteamiento radical de los principios y valores que actualmente orientan y condicionan las decisiones en materia de desarrollo agropecuario y rural. Es necesario que el campo mexicano se constituya en un sólido puntal del desarrollo nacional y en el elemento fundamental de nuestra soberanía alimentaria.
Rescatar al campo como sector productivo de nuestra economía exige, entre otras medidas, las que a continuación se proponen:

Medidas para evitar el control vertical y corporativo de los campesinos
66. Promover las acciones que permitan a las organizaciones campesinas liberarse del control vertical y corporativo que coarta la creatividad de los campesinos e impide su participación directa en la toma de decisiones inherentes al sector rural y productivo del país.

Programa para el desarrollo agropecuario y forestal
67. Realizar una amplia consulta con la participación de las organizaciones campesinas, de los productores agropecuarios y de los especialistas en la materia, que propicie la formulación y puesta en práctica de un programa que contemple el mejoramiento de la productividad agropecuaria y forestal del país, con el fin de atender, en primer término, la demanda del mercado interno y aprovechar nuestras ventajas comparativas para lograr la colocación de los excedentes de producción en el mercado internacional.
Es necesario fomentar la organización económica para la producción, y promover el otorgamiento de créditos preferenciales y la prestación de asistencia técnica calificada a fin de lograr que se reactive nuestra economía rural.
El fortalecimiento de la economía rural deberá llevar aparejada la promoción de actividades económicas como lo son la prestación de servicios asociados al sector agropecuario, el incremento de las relaciones comerciales entre comunidades, y el fomento de la minería de productos metálicos y no metálicos.

Modernización de las instituciones del sector agropecuario y forestal
68. Promover las acciones necesarias que propicien la modernización de las instituciones y los programas del sector agropecuario y forestal para que respondan con eficacia a las necesidades de nuestros productores y campesinos.

Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra
69. Realizar las acciones necesarias que permitan lograr la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en sus diferentes modalidades. Ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios necesitan contar con un marco legal que les asegure el acceso a un volumen creciente de recursos técnicos y financieros, a fin de alentar el mejoramiento de su productividad y de su nivel de vida.

Apoyos crediticios y financieros para el campo
70. Promover la creación de los instrumentos crediticios y financieros que aseguren los recursos necesarios para el desarrollo rural integral, e impidan que nuestros hombres del campo queden a merced de la usura y de los intereses de los caciques locales.

Política de precios agrícolas justos
71. El establecimiento de una política de precios agrícolas justos que derive de la creación de un régimen de subsidios directos, como el establecido en los países desarrollados para que nuestros productores mejoren sus condiciones de vida, y puedan colocar los excedentes de producción en el mercado internacional en condiciones de igualdad.

Sistema nacional de comercialización y abasto
72. La creación del sistema nacional de comercialización y abasto que elimine el intermediarismo excesivo y permita que los productos transiten con facilidad del productor al consumidor final a precios razonables y accesibles, pues no se pueden dejar el abasto, la comercialización y la alimentación a intereses particulares.
De ahí la importancia de que subsistan, debidamente administradas, instituciones como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y sus filiales, pues no se pueden dejar el abasto, la comercialización y la alimentación del pueblo mexicano sujetos a las libres fuerzas del mercado o en manos de los acaparadores que se quedan con el esfuerzo de miles y miles de mexicanos.

Programa de industrialización y comercialización de los productos del campo
73. Promover la instrumentación de un programa que contemple la industrialización y la comercialización de los productos del campo de manera eficiente y competitiva, y que se refleje en el mejoramiento de las condiciones de vida de los productores agropecuarios y de sus familias.

Aprovechamiento de los recursos forestales y silvícolas
74. La permanencia de los bosques y de las selvas como elementos determinantes del medio ambiente y de su calidad, se ha visto seriamente amenazada por la incidencia de agentes destructivos de origen natural, pero sobre todo por la acción depredadora del hombre que ha explotado de manera irracional estos recursos naturales hasta ponerlos en riesgo de agotarse.
El desafío que actualmente plantea la conservación de los bosques y de las selvas como recursos económicos y ecológicos, consiste en encontrar los mecanismos jurídicos e institucionales que le permitan al Estado y a la sociedad realizar la explotación racional de los mismos.
Para ello, será necesario promover el establecimiento de un nuevo marco jurídico que permita instrumentar programas para la explotación y el aprovechamiento de los recursos forestales y silvícolas del país.
Al mismo tiempo, se debe fortalecer una nueva cultura que estimule el desarrollo sustentable con base en la explotación racional y la reproducción de bosques y selvas. Si bien es cierto que se deben de establecer sanciones para las personas o empresas queinfrinjan las disposiciones legales en la materia, también es cierto que se debe estimular la creación de una conciencia ecológica y una responsabilidad social que contribuyan a la conservación y mantenimiento de nuestro medio ambiente.

Conservación y regeneración de suelos y recursos acuíferos
75. El agua y la tierra son recursos naturales de los que dependen millones de familias para su subsistencia. Por ello, se debe impulsar la realización de programas de rescate, mantenimiento, rehabilitación y complementación de obras hidráulicas. Las pequeñas obras de riego no tan sólo permiten incrementar la producción, sino también pueden significar mejores prácticas para el uso del agua y para la conservación del entorno ecológico.
Por otra parte, las tierras del trópico húmedo mexicano presentan problemas de acidez, en tanto que las tierras más allá del altiplano presentan altos niveles de alcalinidad. De ahí, la importancia, de implementar un programa que contemple la conservación y el mejoramiento de tan importantes recursos.

Impulso a la investigación y educación para el campo
76. Estimular la investigación y el desarrollo en materia agropecuaria y forestal con el propósito de lograr la formación de mejores recursos humanos. La enseñanza y los programas de estudio de los centros educativos tecnológicos y agropecuarios se deben vincular y responder a las necesidades de las comunidades en donde se encuentran asentados.

VII. POR UNA CULTURA ECOLÓGICA RACIONAL Y RESPONSABLE

El deterioro progresivo del medio ambiente se convirtió en el curso de las últimas décadas, en una amenaza, primero para la calidad de la vida humana, y más tarde, para la permanencia misma de la vida en el planeta.
El uso de fuentes de energía altamente contaminantes en los procesos de producción de bienes y servicios; la ausencia de una cultura ecológica que todavía hoy no acaba de generalizarse, y la idea equivocada de que la capacidad de recuperación del medio era ilimitada, fomentó el surgimiento de graves desequilibrios ambientales, la proliferación de fenómenos destructivos de origen humano y el desgaste de los ecosistemas.
El sumario de acciones que nuestro partido tiene a este respecto, tiende a buscar en el encuentro con la nueva sociedad mexicana, los valores de una cultura ecológica que nos permita elegir racional y responsablemente las condiciones deseables del medio ambiente que pretendemos legarle a las próximas generaciones, y que recupere para la vida en general, el rango de importancia y dignidad que tiene para el planeta que habitamos. Las líneas de acción necesarias para la realización de nuestro cometido son:

Explotación y aprovechamiento racional de los recursos naturales
77. Proponer medidas que estimulen la explotación y el aprovechamiento de los recursos naturales necesarios para el desarrollo de nuestra sociedad, sobre la base de criterios ecológicos sustentados en el respeto a la diversidad de las regiones del país. Es indispensable que al hacer uso de los recursos naturales en el presente, no se comprometa el bienestar de las futuras generaciones.

Combate a la pobreza y preservación de los recursos naturales
78. Incluir en los presupuestos gubernamentales, tanto en el ámbito federal como estatal y municipal, un incremento substancial de las partidas dedicadas al combate a la pobreza, ya que ésta ocasiona que los habitantes de las regiones marginadas del campo y de la ciudad hagan un uso acelerado e ineficiente de los recursos naturales.
Los mexicanos menos favorecidos consumen los recursos naturales no por falta de conciencia, sino por necesidad.

Actualización del inventario de recursos naturales
79. Coadyuvar con las autoridades y la sociedad en general, en la actualización del inventario de los recursos naturales con que cuenta nuestro país, que permita su clasificación, aprovechamiento y preservación.
Es importante establecer medidas para que el aprovechamiento de los recursos naturales se produzca sin exceder la capacidad de carga de los ecosistemas que los soportan, y delinear los límites permisibles de explotación que propicien su renovación y preservación.

Mejoramiento de los sistemas de información ambiental
80. En coordinación con las autoridades de la materia, y el concurso de los especialistas y los centros de educación superior, promover la realización de un programa para el mejoramiento de los sistemas de información ambiental, a efecto de poder contar con indicadores más eficientes que permitan conocer, con mayor precisión, la naturaleza y capacidad de nuestros ecosistemas y los efectos provocados por las actividades productivas.

Mayores facultades jurídicas a los estados y los municipios en el desarrollo ecológico
81. Realizar la promoción de reformas legislativas tendientes a dotar a los gobiernos estatales y municipales de mayores facultades jurídicas que les permitan orientar el desarrollo y la preservación de los recursos naturales y del entorno ecológico bajo su responsabilidad.
Asimismo, es necesario llevar a cabo un programa que permita que los estados y los municipios cuenten con la infraestructura de protección ambiental necesaria para lograr la vigilancia y el cumplimiento de las metas de los planes y programas de protección del medio ambiente.

Capacitación ecológica para el sector agropecuario y forestal
82. Promover un programa de capacitación ecológica para los productores agropecuarios, forestales y pesqueros, y los habitantes de las zonas rurales del país, con el fin de mejorar sus condiciones de vida a partir del aprovechamiento racional de los recursos naturales y del aprendizaje de nuevas tecnologías para la producción y comercialización de sus productos.
Al respecto, y con el fin de cambiar hábitos ancestrales —como la quema y roza indiscriminada y los monocultivos en la agricultura y el uso de explosivos que todavía seutilizan para la pesca— es necesario realizar, en coordinación con las autoridades agrarias, pesqueras y las organizaciones campesinas, un programa que permita el cambio gradual de las costumbres que resultan perjudiciales para los ecosistemas, partiendo del apoyo material, financiero y la asistencia técnica a los habitantes del campo incidiendo con ello en la profesionalización de las organizaciones.

Prevención de incendios forestales
83. La inclusión en los programas de protección civil nacional, estatales y municipales, de un capítulo relativo a la prevención y control de los incendios forestales que incluya al menos, las siguientes medidas: jerarquía de responsables ante la comunidad; capacitación de la población en medidas de prevención y auxilio; dotación de equipo a los municipios y comunidades para el combate de los incendios; selección y ubicación de albergues para el resguardo y protección de la comunidad; sistema mínimo de equipo de radiocomunicación a nivel municipal, y si se puede a nivel de comunidades además de las que determinen los respectivos consejos estatales y municipales de protección civil.

Uso racional del agua
84. Asegurar el abasto de agua a toda la población del país por medio de un programa que contenga las siguientes medidas: acciones que permitan recargar los mantos freáticos de las comunidades; construcción, mantenimiento y rehabilitación de obras de infraestructura hidráulica; realización de una campaña educativa para concientizar a la población en el aprovechamiento y el uso racional del agua y, dotación de facultades jurídicas y políticas a los ayuntamientos para que sean los responsables de la administración y operación de los sistemas de agua.

Fortalecimiento de la cultura ecológica
85. En coordinación con las autoridades en la materia, el sistema educativo nacional, los medios de comunicación y la sociedad en general, realizar una amplia y permanente campaña de comunicación, que permita concientizar a la población sobre los beneficios que representa, la utilización racional y la preservación de los recursos naturales. Es necesario enfatizar la necesidad de cuidar los bosques y cuerpos de agua, suelos, flora y fauna en beneficio de la humanidad.
En ese orden de ideas, se debe fortalecer también el aprendizaje de las materias relacionadas con el medio ambiente, incluyéndolas en los planes y programas de estudio de nuestro sistema educativo nacional.
Es importante también, promover el fortalecimiento financiero de los centros de investigación especializados en la materia, así como de las instituciones de educación superior, para que estén en capacidad de realizar estudios específicos sobre el medio ambiente y la biodiversidad, de conformidad con las necesidades de la región en que se desempeñen.
Promover las adecuaciones necesarias al marco jurídico correspondiente a efecto de crear las condiciones que permitan la participación de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general, en las labores de preservación de nuestro medio ambiente.

VIII. LA SOCIEDAD

Durante el siglo que está por terminar, nuestra sociedad ha estado sujeta a un proceso acelerado de cambio que la ha vuelto más participativa y consciente de su papel político. Sin embargo, las grandes diferencias sociales que aún persisten, y que producen la paradoja de que seamos un país rico en recursos naturales, pero con una gran masa de pobres que cada día ven más lejos la posibilidad de alcanzar los beneficios de un desarrollo que nunca llega, exigen el cumplimiento del compromiso inaplazable por parte del Estado de llevar a cabo una política social que amplíe la cobertura y el impacto de sus acciones hacia las regiones marginadas del país.
Es necesario elevar significativamente los recursos aplicables al gasto social, con objeto de subsanar los efectos negativos acumulados por las crisis económicas y que inciden sobre la estructura social y familiar.
Sin embargo, los recursos del gasto social requieren del complemento insustituible del trabajo comunitario. Sólo de esa manera se pueden desterrar los esquemas de atención paternalista y clientelar que siguen considerando a la población como un ente incapaz de dirigirse a sí mismo, inhiben la creatividad social y permiten la subsistencia de cacicazgos.
Para que una comunidad acceda a estadios superiores de bienestar, es condición indispensable que su gente participe en la generación de su propio desarrollo. Por ello se hace necesaria:

Creación de Unidades Comunitarias de Desarrollo Social
86. La creación de las Unidades Comunitarias de Desarrollo Social promoverán en la población el análisis de los problemas más importantes de su comunidad, discutirlos de manera ordenada y plantear las alternativas de solución que más convengan. Estas formas de organización social se deberán estimular tanto en el medio urbano como en el rural, y servirán como vehículo de expresión para la creatividad social y el desarrollo de la comunidad.

VIII.1 La familia y la niñez

La familia es el núcleo que sustenta a la sociedad y la instancia mediadora entre ésta y el individuo. La salud de la institución familiar condiciona la estabilidad de todas las estructuras sociales y la fortaleza moral de las decisiones políticas del Estado.
Cualquier proyecto que apunte a lograr el desarrollo social tiene como requisito de viabilidad la creación de condiciones mínimas para que la familia y quienes la forman recuperen presencia y participación en la economía, la política y el entorno social en general.
Las familias mexicanas, en especial, las de los niveles sociales medios y de escasos recursos, han sufrido daños que parecen irreversibles en su seguridad y en su bienestar.
Es fundamental, en este sentido, atender las necesidades de las familias mexicanas y dedicar a la niñez las atenciones, los cuidados y la asistencia que su proceso de maduración requiere para transitar con seguridad hacia su condición de adulto y hacia su plena integración social. Por ello es importante:
Creación de un organismo social de atención a la familia y a la niñez. El impulso y creación de un organismo social, en cuya constitución y operación concurran el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, cuyas funciones se orienten al fortalecimiento de la institución familiar, desde una perspectiva que fortalezca su papel como la instancia inmediata de formación humana y núcleo básico
de la sociedad. Su estructura deberá comprender, al menos, las siguientes líneas de acción:
a) Capacitación para el trabajo. Es importante que cada comunidad cuente con una escuela de artes y oficios, en la que al tiempo que los educandos cursen su enseñanza media, reciban la capacitación necesaria que les permita desempeñar un empleo.
b) Programa de atención y prevención de la salud. Elaboración y puesta en marcha de un programa de atención y prevención de la salud que deberá incluir acciones en materia de nutrición, atención materno infantil, primeros auxilios, educación en materia de sexualidad y reproducción responsable, y prevención y tratamiento de padecimientos crónicos e infecciosos.
c) Programa de asistencia médica y psicológica para prevenir la violencia familiar y el consumo de drogas. Promover un programa de asistencia médica y psicológica para la prevención y atención de los efectos de la violencia intrafamiliar y social, que contemple, también, acciones tendientes a evitar el consumo de drogas y estupefacientes, poniendo énfasis en la población infantil y juvenil.
d) Organización de cooperativas de consumo y producción. Organización de cooperativas de consumo y/o producción de los bienes y servicios que la comunidad demande; de esta manera se crea empleo y se ponen a disposición de la gente bienes y servicios a precios accesibles para la economía familiar.
e) Organización para la autoconstrucción. Capacitación de los miembros de la familia para que participen en la elaboración de materiales de construcción, y en la ejecución de las obras necesarias para la introducción de los servicios públicos y la construcción de sus viviendas.
f) Organización comunitaria para la seguridad pública y la protección civil.
Establecimiento de esquemas que permitan la participación de la familia en acciones de prevención y defensa del núcleo familiar y de sus integrantes, contempladas en los programas institucionales de seguridad pública y protección civil.
g) Aseguramiento de la educación básica. El aseguramiento de la educación básica a todos los niños y jóvenes del país, dentro del aula o fuera de ella, mediante el uso de sistemas de educación a distancia y la utilización de los avances tecnológicos de la electrónica y la computación.
h) Derechos fundamentales de los niños. Defensa jurídica e información sobre los derechos fundamentales de los niños consagrados en la carta de la Organización de las Naciones Unidas.

VIII.2 La juventud

88. México es un país de jóvenes. Sin embargo, año con año, vemos cómo cientos de miles de ellos se enfrentan con la triste realidad: de la falta de oportunidades en todos los ámbitos de la vida social, orillándolos a sumarse a las filas del desempleo, la drogadicción y la frustración.
El futuro de nuestra juventud está íntimamente ligado al futuro del país. Por ello, es importante pugnar por un modelo de desarrollo económico que privilegie más al hombre que al capital; reconozca y estimule el trabajo y el esfuerzo, y castigue el fraude y la especulación. Un modelo económico, en fin, con rostro humano que propicie la creación de empleos y oportunidades para todos, en especial para nuestra juventud.
En un país con una población mayoritariamente joven, es inaplazable la creación de oportunidades que les permitan su incorporación a las tareas políticas y sociales de tal forma que se puedan integrar, de manera productiva, al desarrollo de la comunidad.
No debemos olvidar que en el mediano plazo, los jóvenes de hoy estarán dirigiendo los destinos del país. De ahí, la importancia de desarrollar una política que permita canalizar su energía y su creatividad en beneficio de la comunidad. Una política que fomente su preocupación por los problemas nacionales, y los dote de la preparación necesaria para afrontarlos. Una política, en suma, que propicie el fortalecimiento de los valores de nuestra cultura y de nuestro ser nacionales, para que puedan superar los retos de una sociedad competitiva y global, sin olvidar su origen.
En virtud de ello proponemos:
a) La formulación de un Código de la Juventud. A través de las organizaciones juveniles de nuestro partido se debe promover la formulación de un Código de la Juventud, cuyo proyecto contemple la exposición y discusión de una serie de postulados y razonamientos, a partir de los cuales se establezcan prerrogativas y deberes de la juventud en temas tales como: autonomía personal; calidad de vida; acceso a la educación, la cultura, el deporte y la recreación; participación social y política; equidad en la relación hombre-mujer; libertad de expresión y derecho a la información; reforma del sistema jurídico institucional de la juventud; oportunidades laborales y apoyo al trabajo deportivo, artístico y académico; acceso a los medios de comunicación, a la seguridad social y a los servicios de salud; información sobre sexo seguro y responsabilidad reproductiva; prevención y readaptación en materia de adicciones y procuración e impartición de justicia, entre otros tópicos.
b) Capacitación para el trabajo y participación democrática. Revisar el marco jurídico e institucional de la juventud a fin de hacer obligatoria, en los establecimientos del sistema educativo nacional, la capacitación para el trabajo, y para abrir opciones a la participación de los jóvenes en la formulación democrática de los programas educativos, de recreación, cultura, deporte y desarrollo de la comunidad.
c) Nuevos espacios para actividades juveniles. Crear nuevos espacios o emplear aquellos que son subutilizados, para el desarrollo de actividades en provecho de la juventud, estableciendo a su cargo la conservación y el mantenimiento de los mismos.
d) Desarrollo del talento y la creatividad de los jóvenes. Motivar en los jóvenes el desarrollo de su creatividad y el cultivo de su vocación y talento en materia de ciencia, tecnología, arte y cultura, mediante la organización de congresos, conferencias, encuentros, cursos y exposiciones, así como la ampliación de oportunidades para que conozcan y estudien la historia, la geografía y la cultura de nuestro país.

VIII.3 Tercera edad

89. Por inercia de una tradición todavía no superada, la vejez continúa viéndose como una etapa decadente de la vida humana, cuando la realidad es mucho menos radical que eso, sobre todo por los extraordinarios avances que ha experimentado la ciencia médica en este siglo. Muchos de nuestros jubilados y personas pertenecientes a la tercera edad, poseen un cúmulo de experiencia y talento que pueden poner al servicio de la comunidad. No es justo ni racional desaprovechar tan valioso activo humano. Es importante incorporar a los hombres y mujeres de la tercera edad a las tareas del desarrollo nacional, mediante programas que permitan aprovechar sus conocimientos y lograr su integración social y productiva. Es importante, también, abrir espacios para la recreación, el esparcimiento y la aplicación de su creatividad. Se deben contemplar, al menos las siguientes acciones:
a) Fortalecimiento de los sistemas de salud y seguridad social. El fortalecimiento de los sistemas institucionales de salud y seguridad social con especial cuidado en los programas relativos al manejo y prevención de las enfermedades crónicas degenerativas.
b) Ampliación de la cobertura de los sistemas de seguridad social. La ampliación de la cobertura de los sistemas de seguridad social con el fin de incorporar a sus beneficios a un mayor número de personas.
c) La creación de un sistema nacional de talleres-escuela. La creación de un sistema nacional de talleres-escuela, por medio del cual se aproveche la experiencia, el conocimiento y la destreza en el trabajo de las personas de la tercera edad, tanto en la producción como en la enseñanza, con la finalidad de que constituyan alternativas para la creación de empleos remunerados y dignos.
d) La apertura de espacios para actividades educativas y de recreación. La apertura de espacios y opciones que estimulen la participación de las personas mayores en actividades recreativas y de creación artística y artesanal; así como extender las oportunidades que les permitan su mejoramiento educativo y cultural.
e) Creación de la Procuraduría de la Defensa de la Senectud. Promover la formación de un estatuto de derechos e impulsar la creación de la Procuraduría de la Defensa de la Senectud, que sirva como instrumento para garantizar el pleno goce de sus derechos.

VIII.4 Las mujeres

90. No es posible hablar de democracia, desarrollo y justicia, en tanto la mitad de la población continúe marginada de las oportunidades que le permitan su integración plena en los procesos de la vida nacional. No existe argumento que valga para justificar los niveles de discriminación a que todavía está sujeta la mujer mexicana.
Son inaceptables los casos de mujeres víctimas de la violencia y el maltrato, producto de la discriminación que aún persiste en nuestro medio. Por desgracia, son las mujeres de los estratos sociales más pobres del campo y de la ciudad quienes sufren más esta clase de discriminación.
Si realmente queremos lograr la transformación de nuestra sociedad es necesario dar a las mujeres el lugar que les corresponde en el proceso de transformación del país. En consecuencia, se debe auspiciar una política que conduzca a la integración de las mujeres mexicanas en las tareas del desarrollo y de la vida nacional, en igualdad de oportunidades con los hombres, mediante la creación de programas que permitan su realización individual y el consecuente mejoramiento de sus condiciones de vida. Por estas razones proponemos:
Impulsar reformas jurídico-institucionales y fortalecer las políticas públicas correspondientes, que permitan alcanzar la igualdad de oportunidades entre los géneros y un trato humano para la mujer exento de abusos y prejuicios, mediante:
a) Establecimiento de una institución para el desarrollo de la mujer. El establecimiento de una institución especializada en la que participen el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, que opere en los ámbitos nacional, estatal y municipal, y que tenga como objetivos combatir la discriminación de la mujer e impulsar su cabal integración en la vida económica, política y cultural del país.
b) Protección contra el hostigamiento sexual y la violencia. El establecimiento de medidas tendientes a la protección de las mujeres en los casos de explotación, hostigamiento sexual y violencia.
c) Programa de apoyo a las madres solteras. En este rubro se deberán contemplar medidas que propicien la generación de empleos, el establecimiento de guarderías y la creación de espacios que permitan la capacitación, la recreación y el mejoramiento educativo, cultural y profesional de las mismas.
d) Desarrollo integral para las mujeres del área rural. La promoción de un programa de desarrollo integral para las mujeres que viven en la zona rural, que incluya la capacitación técnica que les permita crear y administrar agroindustrias familiares o comunitarias; el aprendizaje de medidas de prevención en materia de salud, protección civil y primeros auxilios; la creación de espacios que propicien el desarrollo de su creatividad, la recreación, y la práctica de actividades que permitan su mejoramiento económico, educativo y cultural.
e) Cultura de revaloración social de la mujer. Promover y apoyar la formación de una nueva cultura de revaloración social de la mujer, que desplace los prejuicios, la ignorancia y la opresión que ésta padece, mediante la inducción de cambios en los contenidos educativos y en las actitudes del profesorado, en los esquemas formativos de la institución familiar, y en la ética de los medios de comunicación.

VIII. 5 Salud y seguridad social

91. Nuestra Carta Magna establece derechos que se traducen en un sistema de seguridad social, que el Estado mexicano debe garantizar a toda la población y cuyo mejoramiento debe darse en beneficio de los sectores más necesitados. En virtud de ello, proponemos la realización de las siguientes acciones:
a) Derecho a la salud. Garantizar el derecho a la salud en todo el territorio nacional, fundamentalmente en el medio rural y en las zonas populares urbanas, a partir de la reestructuración y modernización de las instituciones y organismos que conforman el sistema nacional de salud, con el propósito de ampliar su cobertura y universalizar la alternativa de su acceso, enfatizando las acciones de prevención y el fortalecimiento del primer nivel de atención.
b) Programa de salud comunitaria. Diseñar un programa de salud que opere principalmente en los niveles municipal y comunitario y que otorgue atención a problemas prioritarios de la población como: saneamiento básico y medicina preventiva; servicios médicos en zonas marginadas; medicamentos accesibles a la economía popular; educación para la salud comunitaria; capacitación de grupos paramédicos y de primeros auxilios, y prevención y tratamiento de adicciones.
c) Seguridad social pública y solidaria. Revisar la legislación en la materia para impedir que el sistema nacional de seguridad social sea minimizado y pierda su contenido humano y popular, así como para ampliar su cobertura hacia sectores de población aún no beneficiados.

VIII.6 Política alimentaria

92. La desnutrición es uno de los principales problemas sociales del país. Casi la mitad de nuestra población vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema y no alcanzan los mínimos de bienestar social que les aseguren una vida digna.
Para garantizar el desarrollo integral de los mexicanos se debe elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, y poder otorgar el respaldo jurídico eficaz a las acciones que el Estado y la sociedad realicen en la materia.
Al mismo tiempo se debe instrumentar la aplicación de un programa nacional cuyo objetivo prioritario consista en garantizar la alimentación básica de la población, particularmente la de los sectores económicos más desprotegidos.

VIII.7 Población

93. La instrumentación de la política demográfica en nuestro país tiene apenas 25 años.
Gracias al esfuerzo sostenido en la materia se pudo pasar de una tasa de crecimiento poblacional de 3.5% en los años setenta a 1.8% en la actualidad. Sin embargo, aún existen disparidades regionales que se traducen en tasas de crecimiento poblacional muy elevadas, principalmente, en las zonas marginadas de las ciudades y del campo.
La densidad, el movimiento y la tasa de crecimiento de la población no pueden ser modificados positivamente si no se realiza simultáneamente un esfuerzo de desarrollo en materia económica, social y educativa. De ahí, la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población en materia de ingreso, salud, alimentación, educación y vivienda, para que los programas logren el éxito deseado.
Nos pronunciamos por el respeto al derecho que tienen las parejas mexicanas de escoger el número de hijos que deseen tener. Sin embargo, es necesario insistir en los beneficios que la planificación familiar entraña para la familia y la sociedad.
Es de suma importancia el reforzar la política de población con una gran campaña educativa que permita abatir los altos índices de crecimiento poblacional que aún persisten entre los grupos más humildes del país. No se trata de imponer ningún control natal, sino de salvaguardar para todos la prerrogativa de decidir el cómo y el cuándo ejercer sus derechos reproductivos.
Resulta de fundamental importancia el refuerzo de campañas de concientización en materia de educación sexual a nuestros jóvenes con el fin de que puedan orientar mejor su desarrollo personal y familiar.
Aunque todavía somos un país de jóvenes, la población adulta ocupa un monto cada vez mayor de la población nacional. El envejecimiento demográfico es un hecho que requiere de la aportación de respuestas orientadas a dar opciones de solución a las personas de la tercera edad.
Proveer a la distribución equilibrada de la población en el territorio nacional, mediante un esfuerzo concertado de desarrollo que modifique positivamente la densidad, el movimiento y la tasa de crecimiento demográfico requiere, entre otras acciones, las siguientes:
a) Nivel educativo, desarrollo y planificación familiar. Además de mejorar el nivel educativo y las condiciones de vida de los núcleos de población más pobres de la sociedad, se debe lograr el fortalecimiento de los programas de planificación familiar como instrumento para abatir el alto índice de crecimiento poblacional que aún persiste en las zonas marginadas del campo y de los centros urbanos, considerando imprescindible lograr el convencimiento y la aceptación por parte de éstos, de que un número menor de hijos en la pareja incidirá directamente en su bienestar.
b) Combate a la pobreza y desarrollo de las ciudades medias. La aplicación de medidas que permitan lograr una distribución más equilibrada de la población dentro del territorio nacional, para evitar las grandes concentraciones humanas que se producen en unos cuantos centros urbanos. En ese sentido, es importante lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la gente que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, y reactivar el Programa de Desarrollo de las Ciudades Medias del país, con el objeto de lograr la desconcentración industrial, comercial y de servicios de los grandes núcleos urbanos.
c) Campaña de planificación familiar para los jóvenes. Con el concurso y el apoyo de los miembros del sistema educativo nacional, las sociedades de padres de familia, los medios de comunicación y las organizaciones juveniles, se debe emprender una campaña nacional educativa y de planificación familiar que propicie la preparación de nuestros jóvenes y sirva, entre otros fines, para evitar los embarazos no deseados, y el contagio de enfermedades transmitidas por vía sexual.
d) Mayores facultades a los estados y a los municipios en materia de población.
Promover las reformas legislativas necesarias que permitan ampliar las facultades y responsabilidades de las autoridades municipales y de los gobiernos de los estados en materia de población.

VIII.8 Los Pueblos Indios

94. Nuestro ser nacional es tributario de dos grandes vertientes culturales: la prehispánica y la occidental. Nuestra raíz indígena ha mantenido presencia y firmeza de voluntad a lo largo de los últimos dos siglos, dado que constituye un numeroso sector de mexicanos que luchan denodadamente por el reconocimiento y el respeto de sus derechos, costumbres, cultura y dignidad.
La actitud señera y el esfuerzo sostenido de nuestros pueblos indígenas en su afán por ocupar el lugar que les corresponde en la sociedad mexicana es merecedora de admiración y respeto. De ahí que en la solución de sus problemas debamos hacer uso de los instrumentos que pone a nuestro alcance la política, la cual privilegia el diálogo entre iguales, permite la búsqueda de soluciones consensadas, renunciando a posturas que buscan la liquidación del adversario, al que muchas veces consideramos enemigo porque simplemente piensa de manera diferente.
En consecuencia, nuestro partido se pronuncia por una política en materia indígena que descarte el etnocidio y las decisiones verticales carentes de sensibilidad social y producto del desconocimiento de nuestra historia y de nuestra cultura.
Es inaplazable y éticamente justo promover acuerdos y reformas legislativas que le permitan, a nuestros pueblos indígenas, alcanzar el grado de desarrollo y autonomía que satisfaga sus intereses colectivos, con respeto a sus costumbres y dentro del marco que establece la Constitución General de la República.
Aun cuando son parte fundamental de nuestra historia y ser nacionales, nuestros pueblos indios sólo pueden hacer recuento de agravios históricos y marginación. Ellos constituyen un importante sector de nuestra población que lucha incansablemente por lograr el respeto de su cultura y de su dignidad. Es necesario terminar con las actitudes de discriminación y racismo que aún persisten en nuestro medio, para dar paso a una convivencia civilizada en la que prive el respeto a sus derechos, a su cultura y a su dignidad.
Por ello, consideramos necesario desarrollar acciones en materia de: a) Desarrollo social. Elevar la calidad de vida de nuestros pueblos indios, fortaleciendo sus formas naturales de organización social y económica, y fomentando su bienestar mediante la instrumentación de programas que les permitan acceder a niveles dignos en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación e infraestructura básica.
b) Fomento a la producción. Otorgar a los pueblos indios seguridad jurídica en la tenencia de sus tierras, aguas y bosques, y abrirles el acceso a fuentes de financiamiento para impulsar la producción y comercialización de bienes y servicios que les permita mejorar sus condiciones de vida. De esta manera se crean oportunidades de empleo, se apoya su recuperación económica y social, y se desalientan los movimientos migratorios del campo a la ciudad.
c) Desarrollo político. Proponer el establecimiento de una legislación en la que se reconozcan expresamente los derechos sociales, económicos y políticos de los grupos indígenas, con respeto a su organización política.
d) Tradición y cultura. Fortalecer las instituciones que fomentan el desarrollo cultural indígena con el fin de conseguir un mayor grado de eficacia en los mecanismos que garantizan el respeto a sus costumbres, lengua, tradiciones y otras expresiones culturales afines.
Asimismo, se debe promover la creación de espacios que sirvan para incentivar el desarrollo de las diversas manifestaciones de la creación técnica, científica, artística y cultural de nuestras etnias.

VIII.9 Los Trabajadores

95. Uno de los sectores sociales que más ha soportado el peso de las diferentes crisis provocadas por las políticas económicas instrumentadas en las últimas décadas, ha sido el de los trabajadores mexicanos. Manipulación corporativista, voto cautivo, liderazgos corruptos e ilegítimos, salarios mínimos indignos, explotación inicua, empobrecimiento social y moral, y uso discrecional de su fuerza política, son algunas de las constantes adversas a las que los trabajadores mexicanos han tenido que hacer frente para sobrevivir y constituirse en uno de los pilares más sólidos del desarrollo económico del país.
En virtud de lo anterior, nos pronunciamos por un régimen jurídico-laboral, tanto en la letra de la Ley como en la práctica, que responda a los mínimos que la fuente fundamental de nuestro derecho social, la Constitución, establece como garantía de justicia en favor de la clase trabajadora: salario remunerador y equitativo, jornada de trabajo justa, derecho de huelga, seguridad social, régimen optativo de retiro, afiliación sindical libre, prestaciones sociales, así como todo aquello que otorgue a los trabajadores la posibilidad de elegir libremente a sus representantes y de relevarlos en su liderazgo, si su desempeño es de honestidad dudosa.
Es preciso, entonces, replantear la política que el Estado mexicano mantiene respecto a la condición social de los trabajadores: Uno de los compromisos indeclinables de nuestro partido, será vigilar de manera permanente el cumplimiento y el respeto de los derechos de los trabajadores de nuestro país, por lo cual proponemos:
a) Salario justo y remunerativo. Pugnar, tanto en el ámbito legislativo como en el administrativo, porque el derecho de los trabajadores a un salario justo y remunerativo, así como a las prestaciones económicas y sociales se cumplan cabalmente.
b) Libertad de asociación y fin del corporativismo. Con la participación de los trabajadores, patrones y gobierno, iniciar un proceso gradual de sustitución de la cultura corporativa y clientelar que prevalece en las organizaciones obreras, por otra que preconice e induzca valores y normas basados en la autonomía de las agrupaciones sindicales, y en el respeto a las libertades de opinión, afiliación, elección de dirigentes y de revocación de mandato que deben tener los obreros.
c) Justicia laboral. Efectuar las reformas jurídicas que procedan a fin de propiciar un funcionamiento más eficaz de los órganos e instancias destinadas a la administración de justicia laboral, mediante la incorporación real de las juntas de conciliación y arbitraje al Poder Judicial.
d) Creación de fuentes de empleo. Concertar, con la participación de los representantes de los sectores público, privado y social la instrumentación de programas regionales y locales destinados a la creación de fuentes estables de empleo.
e) Capacitación laboral. Elevar la calidad de los programas e instituciones destinados a la formación y capacitación de la mano de obra, incorporando en los planes y programas de estudio, contenidos que permitan al trabajador no sólo informarse y adiestrarse en el uso y manejo de las nuevas tecnologías, sino también sobre los derechos que le asisten y sobre la manera de defenderlos ante las instancias y
autoridades competentes.
f) Revisar el régimen de las AFORES. Revisar a fondo el programa de las llamadas AFORES, a fin de garantizar que cumpla con las expectativas de los trabajadores mexicanos; de lo contrario, proponer las medidas conducentes para lograr su sustitución por un sistema más confiable, que asegure el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
g) Regionalización de los órganos jurisdiccionales del sector laboral. Realizar las gestiones necesarias que permitan lograr la regionalización de las instituciones, autoridades y órganos jurisdiccionales del sector laboral, para que puedan brindar un servicio más eficiente a la clases obrera y patronal del país.
Los Trabajadores no Asalariados
96. Los trabajadores no asalariados son una realidad inseparable de un sistema político, económico y social, creador de élites económicas privilegiadas y de ejércitos de marginados. No es humanamente posible ignorarlos, ni éticamente debido condenarlos porque han encontrado una salida alterna a su condición de desocupados. En tanto se crean los empleos que se requieren para que los trabajadores no asalariados puedan ejercer una actividad que les permita vivir con dignidad, es necesario crear la
reglamentación que establezca claramente los derechos y las obligaciones a que se debe sujetar el comercio informal y evitar que se vuelva una carga para las autoridades municipales y para la ciudadanía.
Los Trabajadores Migratorios
97. La crisis en el sector agropecuario y las deplorables condiciones de vida y pobreza en el campo y en la ciudad, provocan enormes flujos migratorios hacia los países de Norteamérica. Numerosos mexicanos arriesgan incluso su vida en la búsqueda de mejores niveles de subsistencia. La discriminación racial y sus condiciones de indefensión, los hacen víctimas de la explotación más inicua y de la constante violación a sus derechos humanos.
Resulta prioritario lograr la creación de los empleos que permitan incorporar a los millones de trabajadores que están subempleados o en el desempleo total. Sin embargo, en tanto se implementan las medidas de política económica necesarias para el logro de tal fin, es indispensable tomar conciencia de que la vulnerabilidad de nuestros compatriotas que emigran a trabajar en el extranjero, requiere de la atención al respeto de sus derechos humanos como una actividad de la política exterior mexicana, en la que confluyan programas que permitan el fortalecimiento de sus vínculos con nuestra cultura y con nuestro país.

VIII. 10 Desarrollo Urbano y Vivienda

98. Los asentamientos urbanos irregulares, la regularización de la tenencia de la tierra y la carencia de recursos financieros para dotar de vivienda y servicios urbanos básicos a grandes grupos de población, constituyen uno de los grandes retos sociales de la actualidad.
Para poder enfrentar con éxito el problema social urbano, se necesita la participación conjunta del gobierno y de la sociedad organizada mediante la aplicación de una política que propicie el ordenamiento territorial, la regulación de la oferta de tierra urbana, la introducción de servicios públicos y la construcción de vivienda popular.
Sin embargo, es indispensable generar esquemas de inversión a partir de la aplicación de recursos fiscales, el aliento al ahorro social y la inversión de los sectores privado y social para avanzar en la solución del problema.
El respeto a las modalidades y costumbres regionales y la descentralización en la toma de decisiones son premisas fundamentales para el éxito de cualquier programa en materia de desarrollo urbano y vivienda.
De ahí, la importancia de ampliar las facultades jurídicas y administrativas de los ayuntamientos y la creación de institutos municipales para que tengan a su cargo: la regulación de la oferta de tierra urbana y del mercado de materiales para la construcción; la prospección y administración de las reservas territoriales para la construcción de fraccionamientos populares y vivienda; la implementación de los recursos financieros; y, la investigación de nuevas tecnologías de construcción, entre otras.
Es indispensable fortalecer también, las facultades de los ayuntamientos para que puedan actuar en la regularización de la tenencia de la tierra, control y vigilancia del uso del suelo, instrumentación y supervisión de los planes de desarrollo urbano municipales, asentamientos humanos, y protección del medio ambiente.
Con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo, se deben impulsar programas de mejoramiento y construcción de vivienda rural que auspicien el uso de materiales de la región, el respeto a la tipología de la vivienda de la zona y la introducción de servicios públicos o satisfactores similares que sirvan para prevenir enfermedades y eviten el deterioro del medio ambiente.

VIII. 11 Protección Civil

99. Una de las más delicadas funciones y responsabilidades del Estado, consiste en establecer y operar instituciones y formas de organización sociales que permitan hacer frente a los agentes productores de desastres, sean estos de origen natural o humano, que constantemente amagan la seguridad, la vida, la salud y los bienes de la población.
Los sismos, los huracanes, la actividad volcánica, las explosiones, la contaminación ambiental y todo tipo de contingencias parecidas, incrementan constantemente los niveles de riesgo a los que está sujeta la población. Esta circunstancia exige, no sólo buenos programas operativos para atender a las personas afectadas por un desastre, sino ante todo, medidas preventivas que permitan adoptar formas de organización eficaces que respondan a las necesidades que plantean los efectos de los fenómenos destructivos, a fin de mitigarlos, evadirlos o superarlos.
La protección civil no debe circunscribirse al conteo de las víctimas y a la cuantificación de los daños causados por los diferentes fenómenos que provocan los desastres.
En este sentido, y en un marco de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, es necesario el diseñar e implementar una política que tenga como eje central el fortalecimiento de una cultura de protección civil, mediante la cual la población no sólo tome conciencia de los riesgos a los que se halla expuesta, sino ante todo, del tipo de acciones preventivas y de organización que deben adoptarse dependiendo de la región, la localidad, y el tipo e intensidad del fenómeno destructivo.
La cultura de protección civil, debe ser parte de la formación democrática que el pueblo mexicano debe adquirir para hacer frente a los retos políticos y sociales que le depara el próximo siglo. Es un deber insoslayable para cualquier organización social o política, contribuir a la inducción de las pautas, principios, valores y actitudes que favorezcan la autoprotección de la población.
Para ello, es indispensable establecer la estructura social que funcione a nivel de comunidad, propicie la suma de los esfuerzos de los ciudadanos y funcione como enlace confiable con las instituciones encargadas de la materia.
Bajo la responsabilidad de los gobiernos federal, estatales y municipales, y con la decidida participación de las organizaciones de la sociedad civil, se deben configurar los programas de protección civil y prevención de desastres que contemplen, entre otras acciones:
a) Fortalecimiento de una cultura de protección civil. La creación y el fortalecimiento de una cultura de protección civil y prevención para casos de desastres, cuya difusión se realice con el concurso de los medios de comunicación y la participación de los miembros del sistema nacional de educación, los sindicatos, los clubes sociales y la sociedad en general.
b) Actualización del Atlas Nacional de Riesgos. La actualización del Atlas Nacional de Riesgos, así como la elaboración de los correspondientes atlas a nivel estatal y municipal. Estos instrumentos técnicos son de gran importancia, pues permiten ubicar con precisión las diferentes zonas de riesgo de cada comunidad y orientar la reubicación de los asentamientos humanos que se encuentren localizados en zonas que entrañen riesgo para la población.
c) Programas operativos. La instrumentación de programas operativos en el ámbito nacional, estatal y municipal, que contemplen las medidas a realizar en el apoyo, auxilio y recuperación de la comunidad; la jerarquía de responsabilidades y el radio de acción de cada una de las instituciones y organismos participantes; la ubicación de los edificios que servirán como albergues; la determinación de las reservas de alimentos, medicinas e insumos necesarias para atender a la población, así como el
establecimiento de vías alternas que servirán como rutas de evacuación para la comunidad.
d) Inventario de obras para prevenir desastres. El inventario de las obras de infraestructura necesarias para prevenir desastres, como es el caso de presas, diques, muros de contención, carreteras y caminos, entre otras. Los programas de gobierno deben incluir la construcción de estas obras con carácter prioritario.

VIII.12 Deporte y Recreación

100. El deporte cumple funciones determinantes en la prevención y el tratamiento de problemas de la salud, tanto física como mental, y contribuye a canalizar positivamente la energía individual y colectiva evitando que los seres humanos caigan en la práctica de hábitos socialmente reprobables como la delincuencia y la drogadicción.
Nuestro partido concede al deporte un valor social muy alto por lo cual propone la realización de una amplia consulta nacional en la que participen organizaciones, clubes deportivos y la sociedad en general, con la finalidad de revisar los objetivos, métodos, estructuras y procedimientos actualmente en uso, para proponer las adecuaciones necesarias que permitan configurar un sistema nacional del deporte, que contribuya al fortalecimiento de la voluntad y fomente el espíritu de disciplina, como medio para la formación de ciudadanos responsables que buscan mediante la recreación y el
esparcimiento, integrarse constructivamente a la sociedad. En paralelo, se debe configurar un sistema nacional del deporte y recreación con base en una estructura orgánica que opere en los niveles nacional, regional y local, y un programa que incluya, al menos, las acciones siguientes:
a) Fondo nacional para el deporte y la recreación. La constitución de un fondo nacional del deporte y la recreación, destinado a financiar los programas y acciones de la materia.
b) Construcción y mantenimiento de Inmuebles e instalaciones deportivas. La construcción de inmuebles y la adaptación, mejoramiento o reutilización de áreas para destinarlas a fines de recreación y deporte, tanto en el medio rural como en las zonas urbanas, con la participación de la comunidad.
c) Promoción de la práctica masiva del deporte. La promoción de la práctica masiva del deporte, a través de torneos populares y familiares, tanto en el medio rural como en el urbano.
d) Capacitación de los maestros y mejoramiento de los planes y programas de estudio. El mejoramiento de los planes y programas de estudio de las escuelas de educación física, y la capacitación permanente de los mentores y administradores del deporte, con el propósito de elevar la calidad de los servicios que prestan a la comunidad.
e) Becas y estímulos. La creación de un programa de becas para los deportistas y estímulos para los entrenadores y administradores cuya capacidad y talento les permita representar a su comunidad en este campo.
f) Desarrollo del deporte infantil y juvenil. El establecimiento de un programa integral para el desarrollo y la práctica del deporte en las ramas infantil y juvenil.
g) Promoción del deporte para personas discapacitadas. El fortalecimiento de los programas relacionados con la promoción del deporte para personas que sufran algún tipo de discapacidad.

VIII.13 Educación

101. El gran desafío en materia educativa de cara a un nuevo milenio consiste en proponer el replanteamiento de las bases del actual sistema educativo nacional con el propósito de rediseñar el prototipo ético y social del mexicano que habrá de desenvolverse en una sociedad cada vez más plural, informada y compleja.
Por otra parte, el nuevo contexto internacional nos exige adaptarnos a una realidad distinta a la que se vivió en el curso de los últimos cincuenta años. Nuestra inserción en la nueva comunidad internacional nos impone también el reto de la competitividad. Ello exige que apliquemos mayor énfasis al fomento y respaldo de la educación y la investigación científica, así como a la formación de personal especializado en la creación de nuevas tecnologías que nos permitan alcanzar mayores grados de autonomía frente al exterior.
Para una sociedad como la nuestra, el establecimiento y operación de un sistema educativo, orientado a formar a las mujeres y a los hombres para el despliegue integral de sus capacidades, constituye una acción de la más alta prioridad.
Es necesario diseñar y poner en marcha un sistema educativo que asegure la formación de los mexicanos, fortalezca los procesos de enseñanza en todos sus niveles, y enaltezca la función y la dignidad de los maestros.
Por ello, proponemos una educación que atienda simultáneamente la capacitación para el trabajo y la formación necesaria para la toma de una conciencia social orientada a transformar la realidad, tanto en el orden individual como social. Una educación que contribuya a generar la riqueza colectiva, que nos permita asegurar la igualdad de oportunidades para todos. Las acciones a considerar son:
a) Reforma educativa. La organización de foros de consulta con la participación de los maestros, los especialistas en la materia y la sociedad en general, a fin de revisar el contenido y los métodos de los planes y programas del sistema educativo nacional, cuyas conclusiones permitan proponer una gran reforma educativa para que nuestro sistema escolar impulse la preparación de alumnos que estén en
condiciones de hacer frente a las exigencias de un mundo globalizado, caracterizado por un gran desarrollo tecnológico y científico; este objetivo deberá realizarse sin dejar de enfatizar la importancia del conocimiento de nuestra historia y el fortalecimiento de nuestra identidad nacional.
b) Mejoramiento de los presupuestos educativos y de los salarios de los maestros. El mejoramiento permanente de los presupuestos educativos, cuidando que la aplicación de los mismos se haga de manera racional y productiva y no se desvíen del propósito social para el que son asignados. En este aspecto es importante promover un salario digno y bien remunerado para los maestros, tanto como el incremento constante de las partidas destinadas al mejoramiento de la infraestructura educativa, con el apoyo de los padres de familia y de la sociedad en general.
c) Libros de texto gratuitos. El fortalecimiento del programa nacional de libros de texto gratuitos—para los alumnos, los padres de familia y los maestros— buscando que sus beneficios incluyan el nivel de segunda enseñanza. Independientemente de la elaboración de textos de conocimientos generales, es importante que los gobiernos estatales y municipales, en coordinación con las autoridades educativas,
contribuyan a la elaboración de los textos que enfaticen el conocimiento de la historia, la geografía y la cultura, tanto nacional como regional.
d) Mejoramiento y capacitación magisterial. El establecimiento de programas de profesionalización y capacitación magisterial, que permitan la actualización y el fortalecimiento del nivel académico de los maestros y sirvan como aliciente para el mejoramiento de su carrera y de su nivel de ingresos.
e) Sistema de Reconocimientos y Recompensas al Mérito Académico. Se debe crear un sistema de estímulos y recompensas que, con base en criterios imparciales de evaluación, otorgue anualmente el Premio al Mérito Académico en los ámbitos nacional, estatal y municipal, consistente en un reconocimiento público y una recompensa en efectivo.
f) Vinculación de la educación y el sector productivo. La institucionalización de programas que permitan la vinculación de las universidades y de los centros de enseñanza superior, con las empresas y organizaciones del sector productivo de cada región a fin de lograr la capacitación en el trabajo de los estudiantes y su integración al desarrollo de la comunidad.
g) Bibliotecas para todos. La integración de un sistema nacional de bibliotecas que cuenten con los servicios de información modernos, como Internet y multimedia, así como la creación de espacios para hemeroteca, videoteca y otros instrumentos similares que permitan, el almacenamiento y el uso de información audiovisual.
h) Apoyo a la educación fuera del aula. El incremento de las partidas presupuestales destinadas a financiar la educación informal que se imparte fuera del aula. Con esta medida se puede cubrir el déficit de espacios físicos que hoy existe al tiempo que se amplían las opciones para la educación alternativa, aprovechando los recursos que brindan las telecomunicaciones, la instrucción programada y la asesoría académica a distancia.
i) Programa de alfabetización. La puesta en práctica de un programa nacional de alfabetización en el que participen los maestros, los estudiantes de los niveles de educación media superior y superior y la sociedad en general, con el objeto de abatir los altos índices de analfabetismo que aún persisten en nuestro medio buscando, al mismo tiempo, la eliminación del analfabetismo funcional por medio del
fortalecimiento del sistema nacional de bibliotecas y la creación de un programa editorial popular con textos de calidad.
j) Educación tecnológica y capacitación para el trabajo. La realización de acciones que propicien la actualización de la educación tecnológica, promuevan la creatividad de maestros y alumnos, y fortalezcan la capacitación para el trabajo.
k) Establecimiento de escuelas de Artes y Oficios. El establecimiento de escuelas de artesanías y oficios, en las que al tiempo que los estudiantes aprendan su ciclo de enseñanza, se integren a los procesos económicos locales y contribuyan a la producción de bienes y servicios socialmente necesarios.
l) Mejoramiento de la educación superior. La elevación del nivel académico de las universidades e institutos de enseñanza superior, mediante un sistema nacional de mejoramiento pedagógico obligatorio para el personal académico; el intercambio de maestros y alumnos con otros centros de educación superior tanto nacionales como extranjeros; la dotación masiva de equipos de cómputo y otros adelantos tecnológicos similares; el fortalecimiento de la carrera magisterial, y la creación de
un sistema de incentivos que estimule el talento, la creatividad y el trabajo de maestros, investigadores y alumnos.
m) Respeto a la autonomía universitaria. El respeto y la consolidación de la autonomía universitaria, mediante la promoción de reformas legislativas que permitan el fortalecimiento de la capacidad financiera y la independencia de criterios en la programación y ejecución de las actividades de estas instituciones fundamentales de enseñanza.
n) Apoyo a la investigación científica y tecnológica. La creación de un organismo nacional para el desarrollo científico y tecnológico, descentralizado por regiones, que opere a partir de programas estructurados con base en las necesidades específicas de cada región, a efecto de apoyar el desarrollo justo y armónico del país.
Es importante alentar la promoción de los trabajos de investigación científica, tecnológica y humanística, mediante el otorgamiento de becas y el financiamiento de proyectos que contribuyan al mejoramiento social y cultural de la comunidad.

VIII.14 Cultura Nacional

102. La cultura nacional es la forma de ser de un pueblo, sus modos de vida y formas de expresión; los valores y creencias que definen su identidad, así como su forma de ver el mundo y su concepción del trabajo para transformar su realidad. Todo ello, en suma, es lo que refleja la idiosincrasia de un pueblo.
La cultura es un proceso integral, participativo e incluyente, que debe reafirmar el desarrollo de la persona y de la colectividad y debe conducir a lograr el fortalecimiento de su identidad, la cooperación, el respeto y la tolerancia como valores fundamentales de la convivencia humana.
La verdad es que la cultura nacional se afianza en realidades y valores no solamente bien definidos sino comúnmente compartidos, como una lengua y una religión predominante, una idea de patria profundamente arraigada en la conciencia nacional, tanto como una visión extensa y comprensiva del país que abarca un horizonte regional amplio y plural, lleno de coincidencias, pero también de matices locales.
La cultura nacional es producto de la diversidad de las culturas regionales, las cuales es necesario respetar para preservar las diferentes formas de expresión del mosaico cultural del país con el que se integra precisamente el rostro que nos identifica en el conjunto universal.
La fortaleza de nuestra cultura es un mecanismo que contribuye a la transformación de nuestra sociedad mediante el aprovechamiento de la creatividad e imaginación tanto de los individuos como del grupo social. Por ello, el Estado y la sociedad deberán promover constantemente el apoyo a los artistas, a los intelectuales y a quienes participan en el rescate, conservación y creación de la cultura nacional, para alentar y fomentar esta clase de valores.
Se trata, asimismo, de conservar y acrecentar nuestro patrimonio cultural y artístico; de promover, igualmente, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la formación y el desarrollo del talento técnico, científico, artístico y cultural de quienes formamos parte del país, así como de fortalecer en la ciudadanía el orgullo por la historia y el vasto legado cultural de México.
De ahí precisamente que nuestra propuesta de acciones en materia cultural se fundamente en un proyecto en la que lo regional sostiene, explica y da sentido a lo nacional.
Por ello, proponemos:
a) Estructura institucional para la cultura. La organización de foros en los ámbitos regional y local, a fin de rediseñar la estructura institucional sobre la cual opera la política cultural del Estado mexicano, y de acordar el establecimiento de programas basados en criterios de participación democrática, cooperación, descentralización, y tolerancia ideológica.
b) Instalación de Casas de Cultura y de Educación Artística. Formación de centros culturales y de educación artística en todos los municipios del país, dotados con instalaciones y presupuesto suficientes para el apoyo a individuos y grupos de la comunidad; instalación de bibliotecas, videotecas, auditorios y pago de maestros.
c) Preservación de la memoria artística y cultural de la comunidad. Recuperación de la memoria y el patrimonio artístico y cultural de la comunidad mediante la instalación de museos comunitarios, la edición de textos, la filmación de testimonios que documenten la historia y la vida presente de la comunidad en términos de su creatividad, identidad y valores colectivos.
d) Estímulos a la creación artística. Estímulo a la creación artística y a la recuperación cultural mediante apoyos especiales y becas para elevar la formación y ampliar los conocimientos, particularmente, de los niños y jóvenes.
e) Inventario del patrimonio cultural. La puesta en práctica de un programa que registre a nivel regional y local, los monumentos y edificios que conforman nuestro patrimonio histórico, artístico, y cultural en general, que propicie su rescate y preservación, con el propósito de afianzar los referentes de nuestra identidad nacional e incorporarlos al inventario de atractivos turísticos del país.
f) Impulso a la creación artística de las comunidades. Se debe promover la instrumentación de programas para el impulso de la creación artística y cultural de las regiones y comunidades del país.
g) Programa para la difusión del patrimonio cultural. En coordinación con las autoridades del ramo y los medios de comunicación, se debe desarrollar un programa que incentive la difusión de la importancia que nuestro patrimonio artístico, histórico y cultural tiene en la conformación de nuestro ser e identidad
nacionales.
h) Fomento a la creación y difusión del arte y la cultura. Fomentar la creación, la difusión y el disfrute del arte y la cultura, garantizando la libertad de creación y expresión de nuestros artistas e intelectuales, y proveyendo lo necesario para impulsar su talento y productividad mediante la difusión y comercialización de su trabajo y de sus obras.

IX. LA SOBERANÍA Y LA DIGNIDAD DEL ESTADO MEXICANO

La historia y la tradición han contribuido a formar en nuestras conciencias, la idea de que la nación es la resultante cultural de procesos sociales intensos, dolorosos y a veces trágicos, en los que siempre prevaleció la convicción de que la soberanía y la independencia son valores fundamentales para todos los mexicanos, sin importar su divisa o matiz ideológico.
Entendemos la soberanía como la cualidad estatal de independencia y autodeterminación, como la capacidad que tiene una sociedad organizada, en términos políticos, para hacer efectivo un ordenamiento jurídico dentro de un ámbito territorial, así como para adoptar, sin injerencia externa un modelo propio de desarrollo económico, político y social.
La política exterior de México es producto de su historia, por ello la soberanía es también la capacidad de México para ser dueño de su destino. Así, lejos de cerrarnos al exterior, México debe mantener una participación activa en los foros internacionales y
promover iniciativas políticas para formar consensos en favor de la paz, la cooperación y el intercambio que beneficien los intereses nacionales, manteniendo incólumes nuestros principios de política exterior: la autodeterminación de los pueblos; la no-intervención; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en la relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo ; y la lucha por la paz y seguridad internacionales.
Entendemos la soberanía como sinónimo de dignidad. En efecto, sin desconocer que nuestro país guarda una relación de interdependencia desde el punto de vista económico y comercial con el sistema económico mundial, ese hecho no anula nuestro derecho a reclamar un trato digno y justo en nuestras relaciones con el resto del mundo, en particular con los Estados de la región.
De ahí que sea necesario:

Política exterior, dignidad nacional y desarrollo
103. Practicar e instrumentar una política exterior basada en la preservación de la dignidad para nuestro país; en el fortalecimiento permanente de nuestra soberanía; en el respeto a nuestros principios constitucionales de política exterior; y en la promoción del desarrollo de los mexicanos.

Respeto a la soberanía territorial de la nación
104. La exigencia permanente para que se respete la soberanía de la nación sobre el suelo, el subsuelo, los recursos naturales y el espacio aéreo, conforme a lo estipulado en el artículo veintisiete de nuestra Constitución.

Relaciones con América del Norte
105. Revisar la calidad de las relaciones políticas, comerciales y diplomáticas con los Estados Unidos de América y Canadá, con la finalidad de alcanzar una mejor integración de nuestro país en el mercado libre de América del Norte, en condiciones de mayor reciprocidad, para lo cual será necesario instituir mecanismos permanentes de ajuste en el marco del Tratado de Libre Comercio, e incorporar, entre otros, capítulos que aborden específicamente el tema del desarrollo regional, en particular en México,
las condiciones de los trabajadores mexicanos que emigran hacia esa zona, el respeto de los derechos humanos, el combate al narcotráfico y la protección del medio ambiente.
Relaciones con Latinoamérica
106. Afianzar nuestras relaciones políticas, diplomáticas y culturales y alcanzar una mayor integración comercial con América Latina y el Caribe, para lo cual se deben buscar soluciones de carácter bilateral y regional que permitan la cooperación para la paz y el desarrollo, así como la creación de una zona hemisférica de libre comercio que atienda estructuralmente los problemas del desarrollo latinoamericano.

Diversificación de nuestras relaciones con el mundo
107. Con el fin de no depender de las decisiones de una sola potencia o bloque económico, se deben diversificar nuestras relaciones internacionales, por lo cual es importante capitalizar el Acuerdo Global con la Unión Europea; intensificar la presencia e intercambio con los países de la Cuenca del Pacífico, en particular con los miembros de APEC, y fortalecer, igualmente, nuestras relaciones con los continentes de África y Asia.

Agenda internacional para el desarrollo
108. Promover la formulación de una agenda para el desarrollo que aborde la búsqueda de soluciones multilaterales a los problemas de combate a la pobreza, migración, protección del medio ambiente, respeto de los derechos humanos, intolerancia política y religiosa, prevención y combate de pandemias, y lucha contra el narcotráfico, entre otros.

Una mayor participación en los Organismos Internacionales
109. Elevar la intensidad de nuestra participación en los organismos internacionales, mediante la presencia de diplomáticos mexicanos que promuevan entre otros temas: la reestructuración del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que refleje mejor los intereses de los casi doscientos países miembros (189); la promoción de reformas al mandato del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en beneficio de los países en desarrollo; el aprovechamiento de la presencia de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDE); el apoyo para que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se convierta
en pilar del desarrollo de América Latina y la Organización de Estados Americanos (OEA) se transforme en una verdadera promotora de la integración regional.

Proyecto internacional de difusión e intercambio cultural
110. Convocar a los creadores e intelectuales del país para que aporten los criterios que permitan elaborar un proyecto de convención internacional de difusión e intercambio cultural. Asimismo, se promoverán acciones tendientes a la recuperación de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural que se encuentra en el extranjero, y a fortalecer el combate al tráfico ilegal de bienes culturales.

Eliminación de la certificación unilateral
111. Revisar la relación bilateral con los Estados Unidos de Norteamérica para eliminar la oprobiosa certificación unilateral que injustamente ejerce sobre México, el gobierno del principal país consumidor de narcóticos y estupefacientes del mundo.

Evaluación permanente de la política exterior de México
112. Promover un ejercicio de evaluación permanente de nuestra política exterior que construya los consensos necesarios para sus práctica e instrumentación ágil y expedita de cara a las contingencias internacionales, y para adaptarla a los nuevos retos que nos imponen las relaciones internacionales del nuevo milenio. Cuidando siempre el marco constitucional y democrático que rige la vida de los mexicanos.

ESTAUTOS

CAPÍTULO PRIMERO
DEL PARTIDO Y SU ADHESIÓN

ARTÍCULO 1
Del Partido

1. Convergencia es un partido político nacional que se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y los presentes Estatutos. Su ideología se sustenta en los valores y los principios de la Socialdemocracia renovada y en la búsqueda y consolidación del nuevo Estado democrático. Responde, asimismo, a los sentimientos de la Nación de cara a un mundo globalizado.
2. Convergencia es una entidad de interés público que tiene como propósito promover la participación de las mexicanas y los mexicanos en la vida democrática del país, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio democrático del poder público, conforme a la Declaración de Principios y al Programa de Acción que nos orientan como partido.
3. El domicilio social de Convergencia será la sede que ocupe el Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 2
Del Lema, Emblema, Colores y Bandera

1. El lema del partido es “Un Nuevo Rumbo para la Nación”.
2. Los colores distintivos de Convergencia serán el naranja (pantone CMYK Magenta 65, Yellow 100) y el azul cobalto (pantone CMYK cian 100, Magenta 77).
3. El emblema de Convergencia representa la libertad que anhelamos y exigimos; la agudeza que tenemos para observar nuestra realidad; la fuerza y determinación para lograr nuestros objetivos.
4. El emblema del partido es representado por un águila en posición de ascenso, ubicada sobre dos círculos concéntricos; en la parte central se encuentra un listón en movimiento con la palabra “Convergencia”.
5. Los colores del emblema serán: para el águila y para el listón en movimiento que sobresale del emblema, el color naranja (pantone CMYK magenta 65, Yellow100), con la palabra Convergencia en blanco; para los dos círculos concéntricos, de afuera hacia adentro, el primero azul cobalto (pantone CMYK Cian 100, Magenta 77), el segundo blanco.
6. La bandera del partido es un rectángulo de tela de color blanco, en una proporción de 1 x 3 y en el centro el emblema. El uso del emblema del partido en actos públicos es decidido por los órganos dirigentes de los diferentes niveles.

ARTÍCULO 3
De la Afiliación y la Adhesión

1. Todo ciudadano inscrito en el Registro Federal de Electores puede solicitar ya sea su afiliación como militante de Convergencia, o su adhesión a la misma como simpatizante.
Los jóvenes menores de 18 años, pero mayores de 14, también podrán solicitar su adhesión como simpatizantes del partido.
Los militantes aceptan y se comprometen a cumplir los Documentos Básicos del partido, así como a participar activamente dentro del mismo y a realizar las tareas que se les asignen.
Los simpatizantes se comprometen a respetar los Documentos Básicos del partido y contribuirán a alcanzar los objetivos de Convergencia mediante su apoyo económico, intelectual, del voto o de propaganda, de opinión o de promoción.
2. La afiliación y la adhesión son individuales, libres, pacíficas y voluntarias y se deben solicitar en la instancia del partido más próxima al domicilio del interesado.
3. En caso de que se produzca la afiliación o adhesión de una persona ante una instancia de la estructura territorial diferente al lugar de su residencia, ésta debe informar a la organización del sitio de su domicilio. El órgano dirigente ante el cual se presente la solicitud decidirá la afiliación o adhesión.
La actividad política, la gestión social y de promoción que realicen los dirigentes, afiliados y adherentes, no constituyen por si mismas relación laboral.
Las afiliaciones y adhesiones se notificarán al órgano partidista superior, y así sucesivamente hasta llegar al Comité Ejecutivo Nacional, para que se incluya en el registro partidario nacional.
La Comisión Política Nacional se reserva el derecho de aprobar y acreditar las solicitudes en última instancia.
4. Para afiliarse al partido se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Aceptar y comprometerse a cumplir la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos de Convergencia.
b) Comprometerse a acatar como válidas las resoluciones que dicte el partido.
c) Adquirir el compromiso de participar activa, disciplinada y permanentemente en la realización de los objetivos del partido y en las comisiones y tareas que se le asignen.
d) Contar con la credencial para votar expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral.
e) Llenar la solicitud respectiva en donde se manifieste su propósito de afiliarse y conste su firma o huella digital.
5. La credencial de militante del partido testimonia la afiliación, el registro de aceptación y la inscripción regular de los militantes de Convergencia.

ARTÍCULO 4
Del Partido de Mujeres y Hombres

1. Mujeres y hombres concurren como sujetos políticos portadores de diversas experiencias a la definición de los ordenamientos políticos y programáticos del partido.
2. En las delegaciones a las asambleas, en los cargos de elección popular directa y en las listas de los diferentes niveles electorales, hombres y mujeres deberán tener una tendencia a ser representados en igual medida. Ninguno de los dos géneros, en lo posible, puede ser representado en una proporción inferior a 40 por ciento.
3. Las mujeres afiliadas pueden desarrollar adicionalmente formas autónomas de actividad.
4. El partido reconoce el principio de igualdad y equidad de las mujeres afiliadas y valora sus proyectos, garantizando apoyo en recursos y acceso a las prerrogativas en radio y televisión.

ARTÍCULO 5
De la Participación sin Distinción de Género

En el periodo de una década se deberá alcanzar una participación numérica paritaria de mujeres y hombres en los procesos electorales, tanto internos como de elección popular, así como en los órganos de control, secretarías, administración, asesoramiento, comisiones permanentes y demás instancias del partido.

ARTÍCULO 6
De la Incompatibilidad

No se admite la afiliación a Convergencia y simultáneamente a otro partido político nacional. Se permite cuando se trate de una organización estatal, regional, distrital o municipal con principios afines; lo que será materia de aprobación de la Comisión Política Nacional. De igual manera, no se admite la adhesión a otra organización o movimiento que contravenga los Documentos Básicos del partido, o ponga en peligro el pleno respeto de los principios de igualdad frente a la ley o a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 7
Del Partido en el Extranjero

Los militantes o simpatizantes de Convergencia residentes en el extranjero, previa autorización del Consejo Nacional, podrán establecer oficinas de representación del partido o efectuar acuerdos de cooperación con partidos y organizaciones afines en el lugar de residencia, de conformidad con lo estipulado en los Documentos Básicos de Convergencia, en un marco de respeto a la soberanía nacional y a las instituciones, y sólo en aquellos casos en que no se contravenga lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

ARTÍCULO 8
De los Derechos de las Afiliadas y de los Afiliados

Todo afiliado o afiliada tiene derecho a:

1. Ser informado sobre la vida interna del partido, los debates y las discusiones que se produzcan en el seno de los órganos dirigentes.
2. Expresar libremente sus opiniones.
3. Hacer propuestas y sugerencias a los miembros de los órganos de dirección, quienes están obligados a tomarlas en consideración.
4. Proponer y ser propuesto como candidato ante los órganos competentes del partido a ocupar cargos en los órganos dirigentes, así como a delegado a las asambleas y a las convenciones con respeto a las normas estatutarias, reglamentarias y lineamientos aplicables.
5. Conocer inmediatamente las críticas de carácter político que eventualmente se dirijan a su actividad y a su conducta, para hacer valer sus propias razones ante las instancias correspondientes del partido.
6. Fungir como delegado a las asambleas y convenciones del partido.
7. Elegir, en su calidad de delegado, a los órganos directivos del partido.
8. Proponer candidatos y ser propuesto para ocupar cargos de elección popular, de conformidad con los presentes Estatutos y la legislación vigente en la materia.
9. Participar en la promoción de iniciativas públicas y de asociaciones que no se opongan a los principios y valores del partido.
10. Participar en las decisiones sobre asuntos de relevancia para la Nación o para el partido, por medio de congresos, convenciones o asambleas, con voto deliberativo, de conformidad con las normas establecidas para tal efecto por el partido.
11. Renunciar al partido, manifestando por escrito los motivos de su separación.
12. Promover la formación de asociaciones y de seminarios de capacitación, investigación, o de iniciativas temáticas; la edición de publicaciones o programas de radio y televisión, para contribuir a la formación y fortalecimiento de la ideología de los miembros del partido, así como la creación de nuevas ligas y relaciones con la sociedad civil para la realización de proyectos político-culturales, que no contravengan los Documentos Básicos.
13. Todos los demás que contemplen los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 9
De las Obligaciones de las Afiliadas y de los Afiliados

Cada afiliado o afiliada tiene el deber de:

1. Cumplir con lo preceptuado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Constitución Política de la entidad federativa de su residencia y las leyes que de ellas emanen.
2. Cumplir con la Declaración de Principios, el Programa de Acción, los Estatutos y los reglamentos del partido, así como acatar las resoluciones que sean aprobadas por los órganos de dirección y control del mismo.
3. Participar activamente en los órganos, estructuras y mecanismos del partido e informar al órgano de dirección correspondiente sobre sus actividades.
4. Respaldar y apoyar las campañas políticas de los candidatos postulados por el partido, comprometerse a apoyar la Plataforma Electoral, participar en las casillas electorales como representantes del partido y de candidatos, así como desarrollar las comisiones y cargos que les asigne Convergencia y, en su caso, abstenerse de cualquier toma de posición pública que pueda perjudicar los intereses del partido y de sus candidatos.
5. Mantener la unidad y la disciplina del partido.
6. Contribuir al sostenimiento financiero del partido.
7. Dirimir ante las instancias competentes los conflictos internos del partido; en ningún caso podrán debatir éstos en los medios de comunicación.

CAPÍTULO TERCERO

DE LA ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO

ARTÍCULO 10
De las Instancias y Órganos del Partido

Las instancias y órganos del partido son:

1. En el nivel nacional:

a) La Asamblea Nacional.
b) La Convención Nacional.
c) El Consejo Nacional.
d) El Comité Ejecutivo Nacional.
e) La Comisión Política Nacional.
f) El Consejo Ciudadano Nacional.

2. En el nivel estatal:

a) La Asamblea Estatal.
b) La Convención Estatal y las Distritales.
c) El Consejo Estatal.
d) El Comité Directivo Estatal.
e) El Consejo Ciudadano Estatal.

3. En el nivel distrital y municipal:

a) La Asamblea Distrital.
b) Las Convenciones Distritales.
c) El Comité Municipal en la cabecera distrital electoral federal.
d) El Comisionado Municipal.

4. En los niveles de Distrito y de Sección electorales, el Comité Directivo Estatal respectivo, de común acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional, establecerá, con las dimensiones adecuadas, la estructura o la representación operativa indispensables para la atención conveniente de las actividades del partido; podrá hacerlo incluso con carácter regional.
5. En las entidades federativas en las que existan municipios cuya cabecera se encuentre a una distancia superior a 250 kilómetros de la capital del estado, la Comisión Política Nacional podrá autorizar al Comité Directivo Estatal que corresponda para designar a un Vicepresidente de zona en ellos, a efecto de dar una adecuada y oportuna atención política.
6. El Comité Ejecutivo Nacional dirigirá y coordinará el funcionamiento del partido en todo el país: los comités directivos estatales, la operación de las estructuras distritales y de representaciones operativas en su caso, así como de los Comités Municipales en las cabeceras distritales electorales federales y de los Comisionados en el nivel municipal. Corresponderá a los Comités Municipales en las cabeceras distritales electorales federales y a los Comisionados Municipales la dirección y coordinación de las estructuras seccionales.

ARTÍCULO 11
De las Disposiciones Generales sobre las Asambleas

1. Para cada nivel de la organización y para el partido en su conjunto, el máximo órgano deliberativo es la Asamblea y sus decisiones vinculan a todos.
2. Las asambleas examinarán la situación política, definirán la estrategia de acción de los respectivos órganos, mecanismos y estructuras, y se pronunciarán sobre asuntos puestos a su consideración.
3. Las asambleas estatales podrán ser convocadas por los comités directivos estatales o por los Consejos Estatales, previa autorización expresa y por escrito del Comité Ejecutivo Nacional, en términos del Reglamento de Elecciones. La atribución conferida al Comité Ejecutivo Nacional, será ejercida, invariablemente, en forma fundada y motivada, debiendo emitirse y notificarse a los órganos solicitantes la resolución correspondiente de manera oportuna, por lo que, de no ocurrir así, se entenderá que se otorga la autorización mediante la afirmativa ficta.
4. Las asambleas distritales podrán ser convocadas, por los Consejos Estatales o los comités directivos estatales correspondientes, previa autorización expresa y por escrito del Comité Ejecutivo Nacional.
5. El Comité Ejecutivo Nacional o la Comisión Política Nacional, previo dictamen, podrán convocar directamente a las asambleas estatales y distritales.

CAPÍTULO CUARTO

DE LA ORGANIZACIÓN EN EL NIVEL NACIONAL

ARTÍCULO 12
De la Asamblea Nacional

1. La Asamblea Nacional es el órgano máximo de dirección del partido y tiene a su cargo la conducción general ideológica, política, económica y social. Sus resoluciones serán de observancia general para todas las instancias y órganos, mecanismos y estructuras del partido, así como para los ciudadanos afiliados al mismo. La integran los siguientes miembros en su calidad de delegados, con derecho a voz y voto:
a) El presidente, el secretario general y los demás miembros del Comité Ejecutivo Nacional.
b) Los Consejeros Nacionales.
c) Los presidentes de los comités directivos estatales.
d) Los diputados y senadores del partido al Congreso de la Unión.
e) Los diputados del partido a las legislaturas locales.
f) Un representante de la organización de presidentes municipales, síndicos y regidores por cada entidad federativa.
g) Los delegados electos en las asambleas estatales respectivas.
h) Los delegados de los Movimientos de Mujeres, de Jóvenes y de Trabajadores y Productores en el número que establezca la convocatoria respectiva.
2. El número de delegados que cada entidad federativa tiene derecho a acreditar ante la Asamblea Nacional se calculará con la suma de los tres factores siguientes: a) 30% se asignará con base en el porcentaje de la población nacional que corresponda a cada entidad federativa; b) 35% será asignado atendiendo al porcentaje de la votación alcanzada en favor del partido en la entidad, en la última elección federal; c) el 35% restante se calculará con base en el porcentaje estatal sobre el total de votos válidos emitidos a nivel nacional. Ningún estado tendrá menos de ocho delegados.
3. La asistencia de los delegados a la Asamblea Nacional es personal; en consecuencia, su participación es individual y su voto es intransferible.

ARTÍCULO 13
De la Asamblea Nacional, Funciones y Modalidades

1. La Asamblea Nacional se reunirá por lo menos cada tres años. Será convocada por el Comité Ejecutivo Nacional; por la mitad más uno de los integrantes de los Comités Directivos Estatales; por la mitad más uno de los miembros del Consejo Nacional, o por el 15 por ciento de los militantes acreditados en el Registro Partidario Nacional. La convocatoria señalará los días, el lugar y la hora de su celebración, así como el orden del día bajo el cual se realizará. Será aprobada por el Consejo Nacional. La convocatoria debe ser comunicada por escrito, sesenta días antes de la celebración, por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, a cada uno de los Comités Estatales, publicada en el órgano de difusión del Partido y en dos diarios de circulación nacional.
2. Corresponde a la Asamblea Nacional:
a) Definir los principios ideológicos y los lineamientos políticos, económicos y sociales generales y estratégicos del partido.
b) La elección del presidente y del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional.
c) La elección del presidente(a), secretario(a) de acuerdos y de los 100 integrantes numerarios del Consejo Nacional.
d) La elección de los integrantes de las comisiones nacionales de Garantías y Disciplina, de Fiscalización, de Elecciones y de Financiamiento. En caso de renuncia de alguno de los integrantes de las Comisiones Nacionales de Garantías y Disciplina, de Fiscalización o de Financiamiento, éste será sustituido por el Consejo Nacional. Para el caso de renuncia o incapacidad permanente de alguno de los miembros de la Comisión Nacional de Elecciones, éste será sustituido por la Comisión Política Nacional.
e) El análisis de los informes del presidente del Comité Ejecutivo Nacional correspondiente al periodo transcurrido desde la asamblea anterior; los informes del Consejo Nacional, de la Comisión de Financiamiento y de la Comisión Nacional de Fiscalización sobre las finanzas del partido, sus dictámenes y determinaciones que se hayan tomado.
f) Conocer y pronunciarse sobre los informes que deben presentar los presidentes de las comisiones de garantías y disciplina y de Elecciones, así como de los coordinadores del partido en las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión.
g) Aprobar y/o convalidar las modificaciones a los Documentos Básicos del partido.
h) La Asamblea Nacional podrá delegar atribuciones al Consejo Nacional para ser ejercidas por éste durante los recesos de la misma.
i) Las demás que le asignen los presentes Estatutos y los reglamentos del partido.
3. La Asamblea Nacional requiere para su instalación y funcionamiento de la presencia de, al menos, dos terceras partes de sus integrantes; al efecto, el presidente o el secretario de la misma nombrarán a los escrutadores respectivos.
4. El Comité Ejecutivo Nacional; la mitad más uno de los Comités Directivos Estatales; la mitad más uno de los integrantes del Consejo Nacional o por el 30 por ciento de los militantes acreditados en el Registro Partidario Nacional, podrán convocar a la Asamblea Nacional Extraordinaria; para aprobar las reformas a la Declaración de Principios, al Programa de Acción y a los Estatutos del partido; para decidir sobre asuntos relevantes de Convergencia en los términos señalados expresamente en la convocatoria respectiva; para decidir sobre la disolución del partido y la liquidación de su patrimonio. La convocatoria respectiva contendrá las mismas formalidades que la correspondiente a la Asamblea Nacional y deberá expedirse por lo menos con 30 días de anticipación a su celebración.
Cuando por causas de urgencia debidamente justificadas por el Consejo Nacional deba convocarse en un plazo menor de 30 días, la Asamblea Extraordinaria se integrará con los delegados que con ese carácter fueron acreditados a la Asamblea Nacional inmediata anterior.
5. Las modalidades del desarrollo y las bases de la Asamblea Nacional serán determinadas en la convocatoria respectiva y sus acuerdos se tomarán con el voto favorable de la mayoría de sus miembros presentes, a excepción de las extraordinarias, que requerirán el voto favorable de las dos terceras partes de los delegados presentes.
6. En el cómputo de resultados sólo se considerarán los votos válidos. En el caso de empate, los delegados no se podrán abstener de votar, emitiendo su voto a favor o en contra y el presidente de la Asamblea, o quien lo reemplace, tendrá el voto de calidad.
7. Si la Asamblea Nacional no pudiera reunirse por falta de quórum en la fecha y hora señaladas en la convocatoria, se instalará dos horas más tarde en el mismo lugar, con la misma agenda y con el número de miembros asistentes.
8. Los acuerdos tomados en la Asamblea Nacional adquirirán validez legal inmediata, salvo aquéllos a los que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales les señale término y condiciones.
9. La Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional conservará para su custodia los originales de las actas correspondientes, debiendo publicar en el órgano oficial del partido las resoluciones tomadas y remitir al Presidente del partido aquellas que éste debe notificar al Instituto Federal Electoral.
10. Cuando por cualquier causa no se lleve a cabo la celebración de la Asamblea Nacional, en la que se deban de elegir a los órganos de dirección y control del partido, o habiéndose celebrada la misma, se declare nula por resolución judicial, el Consejo Nacional electo en la Asamblea anterior, continuará en funciones, elegirá a los Órganos señalados y, en un término de 90 días expedirá la convocatoria respectiva.

ARTÍCULO 14
Del Consejo Nacional, su Integración y Sesiones

1. El Consejo Nacional es, durante el receso de la Asamblea Nacional, la autoridad máxima del partido. Lo integran, con derecho a voz y voto, los siguientes consejeros:
a) Un Presidente(a) y un Secretario(a) de acuerdos que nombrará la Asamblea Nacional y que durarán en su cargo un periodo de tres años.
b) El Presidente(a); el Secretario(a) General y los Secretarios(as) del Comité Ejecutivo Nacional, así como los vicepresidentes(as) de circunscripción y Temáticos del partido.
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c) Los presidentes(as) de los comités Directivos en las entidades federativas y de las Comisiones Ejecutivas en su caso.
d) Un representante elegido en cada uno de los Consejos Estatales.
e) Los ex presidentes(as) del Comité Ejecutivo Nacional.
f) Los Diputados(as) y Senadores (as) del partido en el Congreso de la Unión.
g) El coordinador(a) nacional de los diputados del partido a las legislaturas de los estados y los coordinadores parlamentarios de Convergencia en los congresos estatales.
h) Cien Consejeros(as) nacionales numerarios elegidos por la Asamblea Nacional a propuesta de la Comisión Política Nacional y que durarán en su cargo tres años. Si en este periodo faltaran sin causa justificada a tres reuniones consecutivas, serán separados del cargo.
i) Los coordinadores nacionales de Movimientos de Mujeres, de Jóvenes y Trabajadores y Productores.

j) Los gobernadores y ex gobernadores emanados del partido con derecho a voz.
k) El Presidente (a) del Consejo Ciudadano Nacional, con derecho a voz.
2. Los integrantes de las Comisiones Nacionales de Garantías y Disciplina, de Fiscalización, de Elecciones y de Financiamiento forman parte por derecho del Consejo Nacional, únicamente con voz.
3. El presidente(a) de la Asamblea Nacional convoca para su instalación al Consejo Nacional inmediatamente después de la designación de sus integrantes.
4. El Consejo Nacional sesionará cuando menos una vez cada seis meses por convocatoria del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
5. El secretario de Acuerdos del Consejo Nacional comunicará por escrito, y por lo menos con una semana de anticipación, a todos sus miembros la convocatoria a las sesiones, en la que constarán los temas a tratarse y la modalidad pública o reservada de la sesión.
6. El Consejo Nacional continuará en sus funciones, cuando por cualquier causa legal no se celebre la Asamblea Nacional o celebrada esta resulte improcedente por resolución jurisdiccional, a fin de que dentro del término de 90 días expida la convocatoria respectiva.

ARTÍCULO 15
De los Deberes y Atribuciones del Consejo Nacional

1. Son deberes y atribuciones del Consejo Nacional:
a) Conocer y aprobar, en su caso, las propuestas que someta a su consideración el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
b) Como órgano máximo del partido que determina la política electoral a nivel nacional, aprobar la Plataforma Electoral, el Programa de Gobierno y Legislativo para las elecciones federales; así como aprobar en caso de coalición los Documentos Básicos, la Plataforma Electoral, el Programa de Gobierno, y Legislativo, en términos de lo acordado por la Asamblea Nacional.
c) Modificar y aprobar, en su caso, los reglamentos del partido que someta a su consideración el Comité Ejecutivo Nacional y aplicarlos con carácter obligatorio.
d) Autorizar a los afiliados la aceptación de cargos dentro de la administración pública para los que hayan sido propuestos.
e) Establecer su organización y dictar sus reglamentos.
f) Otorgar reconocimientos a las organizaciones nacionales de trabajadores, productores, profesionistas y prestadores de servicios.
g) Definir las directrices particulares para la conducción económica-financiera; aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios del partido; autorizar al Comité Ejecutivo Nacional la compra, enajenación o gravamen de los bienes inmuebles del partido.
h) Diferir la Asamblea Nacional por causas extraordinarias hasta por seis meses, a solicitud de la Comisión Política Nacional.
i) Designar al presidente y/o al secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, en caso de renuncia, ausencia injustificada por más de tres meses o ausencia definitiva. En estos casos la sustitución durará hasta la terminación del periodo para el cual fueron electos.
j) Nombrar a los Vicepresidentes de las circunscripciones electorales y a los Vicepresidentes temáticos del partido, a propuesta del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
k) Rendir el informe de actividades ante la Asamblea Nacional por conducto de su Presidente.
l) Ejercer las demás atribuciones que le otorguen los Estatutos, los reglamentos del partido o que le delegue la Asamblea Nacional.
2. En casos de estricta excepción podrá adicionar, modificar o ampliar el contenido de algún postulado o precepto de la Declaración de Principios, Programa de Acción o Estatutos del partido. Dicha excepción se determina en casos de apremio ineludible y estarán sujetos a su convalidación por la Asamblea Nacional en su sesión posterior.

ARTÍCULO 16
Del Comité Ejecutivo Nacional

1. El Comité Ejecutivo Nacional es el órgano permanente del partido que se constituye para representarlo en todo el país y para dirigir la iniciativa política que oriente el trabajo en todas sus instancias, órganos, mecanismos y estructuras de conformidad con lo estipulado en la Declaración de Principios, Programa de Acción y los presentes Estatutos y en las directrices y determinaciones de la Asamblea, de la Convención y del Consejo Nacionales.
2. Está integrado por el Presidente, el Secretario General, los secretarios y el Tesorero del Comité Ejecutivo Nacional, los titulares nacionales de los Movimientos de Mujeres, de Jóvenes, de Trabajadores y Productores y diez militantes destacados nombrados por el propio Presidente del Comité.
3. Corresponde al Comité Ejecutivo Nacional:
a) Cumplir y hacer cumplir por parte de todos los órganos y militantes del partido la Declaración de Principios, el Programa de Acción, los Estatutos, los reglamentos, las determinaciones de la Asamblea, de la Convención y del Consejo Nacionales.
b) Convocar directamente a la Asamblea y a la Convención Nacional.
c) Autorizar previamente y por escrito las convocatorias que emitan los Comités Directivos Estatales para celebrar Asambleas Estatales y Distritales, así como las Convenciones Estatales y Distritales. El Comité Ejecutivo Nacional podrá emitirlas de manera directa.
d) Sesionar cuando menos una vez al mes, para atención de todos los asuntos de su competencia.
e) Elaborar, aprobar y evaluar periódicamente el programa general de actividades que se integrará considerando los programas de cada secretaría y de los distintos órganos de la estructura del Comité Ejecutivo Nacional y evaluar periódicamente su desarrollo.
f) Rendir el informe general de actividades del partido ante la Asamblea Nacional.
g) Coordinar permanentemente las actividades de los comités directivos de las entidades federativas.
h) Elaborar los proyectos de los reglamentos del partido y someterlos a la aprobación del Consejo Nacional.
i) Verificar con los comités Directivos de las entidades federativas la actualización permanente del padrón de afiliadas y afiliados del partido, por lo menos cada seis meses.
j) Registrar las candidaturas a cargos de elección popular de carácter federal ante el Instituto Federal Electoral, así como, en su caso, la sustitución de los mismos.
k) Registrar en casos especiales, y conforme a lo establecido en el Reglamento de Elecciones, las candidaturas a cargos de elección popular de carácter local ante los organismos electorales estatales, distritales y municipales.
l) Acreditar la representación del partido ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
m) Acreditar la representación del partido ante los organismos electorales estatales, distritales y municipales en los casos de excepción establecidos en el reglamento.
n) Acreditar la representación del partido en actividades internacionales.
o) Rendir un informe sobre las actividades del partido en cada una de las reuniones del Consejo Nacional.
p) Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos para su aprobación por el Consejo Nacional, e informar periódicamente de su ejercicio.
q) Atender y dar seguimiento a las recomendaciones, informes y sugerencias, que emita el Consejo Ciudadano Nacional.
r) Acatar las obligaciones que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de transparencia y acceso a la información.
s) Las demás que le asignen los presentes Estatutos, reglamentos y la Asamblea y Consejo nacionales.

ARTÍCULO 17
Del Presidente(a) del Comité Ejecutivo Nacional

1. El presidente(a) del Comité Ejecutivo Nacional es la más alta autoridad ejecutiva, administrativa y representativa del partido. Será elegido para un periodo de tres años por la mayoría de votos de los delegados presentes en la Asamblea Nacional.
2. En caso de renuncia o ausencia definitiva, el Consejo Nacional designará a la persona que lo sustituya hasta la terminación del periodo para el cual fue elegido.
3. El presidente(a) del Comité Ejecutivo Nacional lo es igualmente de la Asamblea, de la Convención y de la Comisión Política Nacional con los deberes y atribuciones siguientes:
a) Representar al partido y mantener sus relaciones con los poderes federales, estatales y municipales, así como con organizaciones sociales y políticas.
b) Representar legalmente al Comité Ejecutivo Nacional ante las autoridades electorales, judiciales y administrativas en sus tres niveles: federal, estatal y municipal, y delegar los que sean necesarios, a excepción de la titularidad y representación de la relación laboral que será en términos de lo establecido en el artículo 46, numeral 8.
c) Designar libremente a los responsables de la estructura organizacional, así como a los representantes del partido en el nivel nacional, con excepción de los que nombren la Asamblea, el Consejo y la Comisión Política Nacionales.
d) Asignar las responsabilidades que resulten necesarias para la dirección del partido.
e) Convocar a las reuniones del Comité Ejecutivo y de la Comisión Política Nacionales.
f) Coordinar la operación del Comité Ejecutivo Nacional.
g) Convocar cuando lo estime necesario a los presidentes de los comités directivos estatales, de manera individual o colectiva.
h) Suscribir las comunicaciones y acuerdos del Comité Ejecutivo y de la Comisión Política Nacionales.
i) Dirigir, en todo el país, la acción política de Convergencia; informar a las instancias y órganos del partido sobre la estrategia política y vigilar su cumplimiento.
j) Presentar el informe de actividades del Comité Ejecutivo Nacional ante la Asamblea Nacional.
k) Dirigir en todo el país la acción electoral del partido y determinar, con la Comisión Política Nacional las estrategias de proselitismo, propaganda y control electoral.
l) Notificar al Instituto Federal Electoral las reformas a la Declaración de Principios, al Programa de Acción y a los Estatutos del partido.
m) Presentar las solicitudes de registro de las candidaturas que el partido postule a cargos de elección federal.
n) Dirigir la gestión administrativa y financiera del partido.
o) Someter a la aprobación del Consejo Nacional el Programa General de Actividades del Comité Ejecutivo Nacional e informarle sobre sus labores.
p) Acreditar ante el Instituto Federal Electoral y ante los Institutos Estatales Electorales a las personas responsables de recibir las prerrogativas de financiamiento público.
q) Expedir y firmar con el secretario general los nombramientos y la acreditación ante los organismos electorales de los representantes del partido.
r) Representar al partido con todas las facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas, para suscribir títulos de crédito, así como para actos de administración y de dominio, incluyendo los que requieran cláusula especial conforme a la ley, y delegar los que sean necesarios, a excepción de la titularidad y representación de la relación laboral, que será en términos de lo establecido en el artículo 46, numeral 8.
s) Los demás que le encomienden los presentes Estatutos, la Asamblea, la Convención y el Consejo Nacionales, así como los reglamentos del partido.

ARTÍCULO 18
Del Secretario(a) General del Comité Ejecutivo Nacional

El secretario(a) general durará en su cargo tres años, es elegido por la Asamblea Nacional junto con el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, y tiene los siguientes deberes y atribuciones:
a) Organizar las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política Nacional.
b) Apoyar al presidente en la orientación y evaluación del trabajo del Comité Ejecutivo Nacional.
c) Apoyar al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, en todo el país, en la operación del partido.
d) Fungir como secretario(a) de la Asamblea y de la Convención Nacionales.
e) Suplir las faltas temporales del presidente.
f) Suscribir con el presidente los nombramientos y acuerdos del Comité Ejecutivo y de la Comisión Política Nacionales.
g) Evaluar con los vicepresidentes de las circunscripciones electorales los trabajos de los comités directivos estatales de la jurisdicción a su cargo.
h) Firmar con el presidente las credenciales de las afiliadas y los afiliados.
i) Apoyar al presidente en la ejecución de los programas de trabajo y organización del Comité Ejecutivo Nacional.
j) Expedir las Certificaciones que se refieran de los documentos de Convergencia que obren en sus archivos.
k) Las demás que le asignen el presidente del Comité Ejecutivo Nacional y los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 19
De la Comisión Política Nacional

La Comisión Política Nacional constituye el órgano permanente de consulta, análisis y decisión política inmediatas y sus decisiones son obligatorias para todos los niveles, órganos, mecanismos y estructuras del partido.
1. Está integrada por:
a) El Presidente(a) del Comité Ejecutivo Nacional.
b) El Secretario(a) General del Comité Ejecutivo Nacional.
c) Los Vicepresidentes(as).
d) El Presidente(a) y el Secretario(a) de Acuerdos del Consejo Nacional.
e) Los Coordinadores(as) Parlamentarios(as) del partido en las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión.
f) El Coordinador(a) Nacional de los diputados del partido a las legislaturas locales.
g) El Presidente(a) del Consejo Ciudadano Nacional, con derecho a voz.
h) La titular del Movimiento de Mujeres.
i) El titular del Movimiento de Jóvenes.
j) El titular del Movimiento de Trabajadores y Productores.
k) El Presidente(a) de la Fundación para la Socialdemocracia de las Américas.
l) El representante ante el Instituto Federal Electoral.
m) Los Secretarios(as) del Comité Ejecutivo Nacional.
n) El Titular del Órgano de Asuntos Estratégicos y Estudios Especiales.
o) Cinco militantes destacados(as) nombrados por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
p) Los gobernadores y ex gobernadores emanados del partido con derecho a voz.
q) Un Presidente de Comité Directivo Estatal por cada una de las cinco circunscripciones electorales, elegido de entre ellos mismos por un año y de manera rotativa, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Elecciones.

2. Los acuerdos de la Comisión Política Nacional se tomarán por mayoría simple de los asistentes; en caso de empate, sus miembros no podrán abstenerse de votar sino que deberán hacerlo a favor o en contra y el Presidente tendrá voto de calidad.

3. La Comisión Política Nacional establecerá su propia organización interna y tendrá las siguientes funciones:
a) Ratificar las negociaciones que realice el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional respecto de los frentes, las alianzas con agrupaciones políticas o las coaliciones a nivel de todos los procesos electorales en que intervenga el partido, conforme a las determinaciones de la Asamblea y Convención Nacionales.
b) Conocer, calificar y determinar la nómina de candidatos del partido a nivel federal y estatal, y autorizar su inscripción.
c) Convocar a los diputados federales y senadores del partido para la elección de sus respectivos coordinadores en las cámaras del Congreso de la Unión.
d) Convocar a los diputados locales del partido para elegir a su coordinador nacional.
e) Diseñar e implantar la estructura organizacional del partido en los niveles nacional, estatal y municipal que se considere necesaria para el buen funcionamiento del mismo, y aprobar los manuales de organización, operación y procedimientos respectivos.
f) Ante la renuncia o ausencia injustificada de alguno de los miembros de la Comisión Nacional de Elecciones, la Comisión Política Nacional nombrará a su sustituto.
g) Proponer a las convenciones respectivas las candidaturas externas de la sociedad que no podrán exceder en número a la mitad del total de candidatos que el partido deba postular en los niveles de elección que correspondan.
h) Elegir y remover, a propuesta fundada y motivada, de los Comités Directivos Estatales o de las Comisiones Ejecutivas, a los integrantes de los Comités Municipales en las cabeceras distritales electorales federales y a los Auxiliares del Comisionado Municipal. En el caso de las Comisiones Ejecutivas, la propuesta la hará el Comité Ejecutivo Nacional.
La atribución conferida a la Comisión Política Nacional, será ejercida, invariablemente, en forma fundada y motivada, debiendo emitirse y notificarse a los órganos solicitantes la resolución correspondiente en un plazo de hasta 30 días, por lo que, de no ocurrir así, se entenderá que se otorga la autorización mediante la afirmativa ficta.
i) Designar y remover, en forma fundada y motivada, a los Comisionados Municipales de aquellos Municipios que no son cabecera distrital federal.
j) Ratificar las propuestas que someta a su consideración el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, respecto a la creación de nuevos movimientos u organizaciones del partido.
k) Designar al contralor y al auditor internos del partido a propuesta del Comité Ejecutivo Nacional, hasta por tres años.
l) Las demás que le asignen la Asamblea, el Consejo y el Comité Ejecutivo Nacionales y los presentes Estatutos y, en su caso, los reglamentos del partido aplicables.

ARTÍCULO 20
De los Vicepresidentes(as)

1. En el mismo acto de instalación del Consejo Nacional, después de la protesta de sus integrantes ante la Asamblea Nacional, los consejeros nombrarán, a propuesta del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, a un vicepresidente(a) por cada una de las circunscripciones electorales y el número de Vicepresidentes(as) temáticos necesarios para el buen funcionamiento del partido.
2. Los vicepresidentes(as) cumplirán las funciones que les asignen el Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, el Presidente del mismo, los manuales respectivos y los presentes Estatutos.

3. Los vicepresidentes(as) de las circunscripciones electorales coadyuvarán con el Comité Ejecutivo Nacional en la revisión y evaluación del cumplimiento de metas y objetivos de los programas partidistas de los Comités Directivos Estatales y de los Comités Municipales en las cabeceras distritales electorales federales.

ARTÍCULO 21
De los Mecanismos de Promoción y Acción Política del Partido

El partido podrá contar con los siguientes mecanismos de promoción y acción política:
1. Círculos de Base. Estos Círculos estarán integrados por militantes del partido y tendrán como función primordial la de promover la difusión de los Documentos Básicos, la articulación del partido y sus iniciativas en el sector productivo, así como fomentar la organización de productores o de trabajadores para el conocimiento de sus derechos y obligaciones.
Su acción se desarrollará en centros de estudio, lugares de trabajo industrial, empresarial, rural, comercial, cultural o de servicios.
2. Círculos Territoriales. Estos mecanismos estarán compuestos por militantes del partido y tendrán como objetivo esencial vincular a Convergencia con la ciudadanía, así como promover su Declaración de Principios, el Programa de Acción y las iniciativas políticas del mismo.
Desarrollarán su acción partidista en colonias, pueblos, barrios, congregaciones, comunidades, ejidos y unidades habitacionales.
3. El Comité Ejecutivo Nacional podrá crear otros mecanismos de promoción y acción política que en su momento se consideren necesarios.
4. Los comités directivos estatales, los Comités Municipales en las cabeceras distritales electorales federales y los Comisionados Municipales podrán promover, integrar y poner en funcionamiento los Círculos a que se refiere este artículo, mismos que funcionarán de acuerdo con las disposiciones de estos Estatutos y de los lineamientos complementarios que dicte el Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 22
Del Movimiento de Mujeres

1. Movimiento de Mujeres es el órgano permanente del partido donde se promueve e impulsa particularmente la participación política activa de las mujeres dentro del partido; se promueven sus derechos a nivel nacional; se proponen y ejecutan mecanismos que coadyuven a su desarrollo pleno y se examinan y discuten los proyectos y la política que específicamente se aplica en el partido en provecho de ellas. Asimismo, se definen las directrices y la finalidad de su actividad, y se evalúa la participación femenina en las acciones y programas del partido.
2. Movimiento de Mujeres se constituye en los niveles nacional, estatal y municipal, de acuerdo con el reglamento respectivo mismo que será sancionado por el Consejo Nacional.

ARTÍCULO 23
Del Movimiento de Jóvenes

1. Movimiento de Jóvenes es el órgano permanente del partido a través del cual, se establece el vínculo con la juventud, en donde se promueve su participación política activa, se canalizan sus inquietudes y se les ofrece un marco de desarrollo político a nivel nacional.
2. En este movimiento participan jóvenes de 14 a 29 años.
3. Movimiento de Jóvenes se constituye en los niveles nacional, estatal y municipal, de acuerdo con el reglamento respectivo, mismo que será sancionado por el Consejo Nacional.

ARTÍCULO 24
Del Movimiento de Trabajadores y Productores

1. Movimiento de Trabajadores y Productores se constituye en el órgano permanente a través del cual los trabajadores y productores son respaldados por el partido en la adecuada promoción de sus demandas y su desarrollo político.
2. Movimiento de Trabajadores y Productores se constituye en los niveles nacional, estatal y municipal, de conformidad con el reglamento respectivo, mismo que será sancionado por el Consejo Nacional.

CAPÍTULO QUINTO

DE LA ORGANIZACIÓN EN NIVEL ESTATAL

ARTÍCULO 25
De las Asambleas Estatales

Son los órganos deliberativos de máxima jerarquía que representan al partido en sus respectivos ámbitos territoriales.
1. Están integradas por:
a) El Presidente(a); el Secretario(a) General y los Secretarios(as) del Comité Directivo Estatal.
b) El Presidente(a) y Secretario(a) de Acuerdos del Consejo Estatal.
c) Los Presidentes de los Comités Municipales en las cabeceras distritales electorales federales y los Comisionados Municipales.
d) Los senadores y diputados al Congreso de la Unión de la entidad federativa de que se trate, así como los legisladores de los congresos locales respectivos.
e) Los presidentes municipales.
f) El Presidente(a) del Consejo Ciudadano Estatal, con derecho a voz.
g) Los delegados de los Movimientos de Mujeres, de Jóvenes y de Trabajadores y Productores en el número que establezca la convocatoria respectiva.
h) Los delegados de las Asambleas distritales respectivas, elegidos según los criterios democráticos y representativos que establecen los presentes Estatutos, la convocatoria y el Reglamento de Elecciones.
2. Las asambleas serán convocadas por el Comité Directivo Estatal, o por el 30 por ciento de los militantes de la entidad federativa acreditados en el Registro Partidario Nacional, previa autorización expresa y por escrito de la convocatoria por el Comité Ejecutivo Nacional, en términos del Reglamento de Elecciones. Igualmente tendrá esta facultad el Comité Ejecutivo Nacional. Se celebrarán por lo menos cada tres años y son los órganos de dirección facultados para tratar los asuntos relativos a las políticas regionales y locales, y sobre el orden del día de la Asamblea Nacional.
La atribución conferida al Comité Ejecutivo Nacional, será ejercida, invariablemente, en forma fundada y motivada, debiendo emitirse y notificarse a los órganos solicitantes la resolución correspondiente de manera oportuna, por lo que, de no ocurrir así, se entenderá que se otorga la autorización mediante la afirmativa ficta.
3. Eligen al presidente y al secretario general del Comité Directivo Estatal, al presidente y al secretario de acuerdos del Consejo Estatal, así como a los delegados a la Asamblea Nacional y a los integrantes de las comisiones de Garantías y Disciplina, de Fiscalización y de Elecciones.
4. Las modalidades sobre la naturaleza ordinaria o extraordinaria, sobre el desarrollo, bases e integración de la Asamblea Estatal, serán determinadas en la convocatoria respectiva y sus acuerdos se tomarán con el voto favorable de la mayoría de sus miembros.

5. Para el caso en que resulte coincidente la celebración de un proceso electoral local ordinario ó extraordinario, con la renovación de una dirigencia partidista de determinada entidad federativa, a petición de parte, el Comité Ejecutivo Nacional, por acuerdo de la Comisión Política Nacional, podrá diferir la renovación de la misma, hasta por el término de seis meses improrrogables, cuando así se justifique por la importancia y trascendencia del proceso electoral de que se trate, en función de la fuerza electoral que represente.

ARTÍCULO 26
De los Consejos Estatales

1. Durante el periodo de receso de las asambleas estatales, actúan los respectivos consejos con la autoridad de dirección colegiada para orientar el trabajo del partido. Los constituyen, con derecho a voz y voto, los siguientes integrantes:
a) El presidente y el secretario general del Comité Directivo de la entidad federativa que corresponda.
b) Los Presidentes de los Comités Municipales en las cabeceras distritales electorales federales y los Comisionados Municipales.
c) Los diputados y senadores al Congreso de la Unión y los diputados locales de la entidad federativa de que se trate.
d) Los Presidentes Municipales del partido, en la entidad federativa respectiva.
e) Quince consejeros estatales numerarios que elija la Asamblea Estatal.
f) El Presidente del Consejo Ciudadano Estatal, con derecho a voz.
2. Asistirán a los consejos estatales con derecho a voz los presidentes de las comisiones estatales de Garantías y Disciplina, de Fiscalización y de Elecciones.
3. Los consejos estatales sesionarán de forma ordinaria por lo menos cada seis meses, previa convocatoria de su presidente, y de manera extraordinaria cuando sean convocados por el Presidente del Comité Directivo Estatal
4. El secretario de Acuerdos del Consejo Estatal comunicará por escrito la convocatoria a las sesiones, en la que constarán los temas a tratarse y levantará las actas correspondientes. La convocatoria deberá ser dirigida a todos los miembros del Consejo Estatal por lo menos con una semana de anticipación, comunicándoles si las sesiones son públicas o reservadas.
5. Los consejeros durarán en sus funciones tres años y podrán ser removidos por el propio Consejo, en caso de tres faltas consecutivas sin causa justificada.
6. Son deberes y atribuciones del Consejo:
a) Como órganos del partido que determinan la política electoral a nivel estatal, aprobar la Plataforma Electoral, el Programa de Gobierno y Legislativo para las elecciones locales.
b) Aprobar en caso de coalición los Documentos Básicos, la Plataforma Electoral, el Programa de Gobierno, y Legislativo, en términos de lo acordado por la Asamblea Estatal y la Comisión Política Nacional.
c) Proponer ante la Comisión Política Nacional el orden de presentación de las fórmulas de precandidatos a diputados locales de representación proporcional.
d) Conocer, calificar y resolver la nómina de candidatos del partido a nivel estatal y autorizar su inscripción, previa autorización de la Comisión Política Nacional, en términos del Reglamento de Elecciones.
e) La atribución conferida a la Comisión Política Nacional, será ejercida, invariablemente, en forma fundada y motivada, debiendo emitirse y notificarse a los órganos solicitantes la resolución correspondiente de manera oportuna, por lo que, de no ocurrir así, se entenderá que se otorga la autorización mediante la afirmativa ficta.
f) Otorgar reconocimiento a las organizaciones estatales de trabajadores, productores, profesionales y de servicios.
g) Diferir la Asamblea Estatal hasta por seis meses, previo acuerdo de la Comisión Política Nacional.
h) Ejercer las demás atribuciones que le otorguen los Estatutos, los reglamentos del partido o que le deleguen la Asamblea y el Consejo Nacionales.

ARTÍCULO 27
De los Comités Directivos Estatales

1. El Comité Directivo Estatal es el órgano colegiado permanente de organización y operación del partido a cuyo cargo queda la ejecución de las determinaciones de la Asamblea, la Convención y del Consejo de la entidad federativa de que se trate.
2. Está integrado por el presidente, el secretario general del Comité Directivo Estatal, los secretarios y el Tesorero estatales, los titulares en la entidad de los Movimientos de Mujeres, de Jóvenes, de Trabajadores y Productores y, cinco militantes distinguidos nombrados por el presidente del propio Comité Estatal.
3. Corresponde al Comité Directivo Estatal:
a) Cumplir y hacer cumplir por parte de todos los órganos, mecanismos y estructuras del partido y militantes de Convergencia en la entidad, la Declaración de Principios, el Programa de Acción, los Estatutos, los reglamentos, las determinaciones nacionales y estatales de las asambleas, de las convenciones y de los consejos, así como del Comité Ejecutivo y de la Comisión Política Nacionales.
b) Representar al partido a nivel estatal y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea, la Convención y el Consejo de la entidad.
c) Convocar al Consejo Estatal y, previa autorización expresa y por escrito del Comité Ejecutivo Nacional, a las asambleas estatales y distritales, en términos del Reglamento de Elecciones.
La atribución conferida al Comité Ejecutivo Nacional, será ejercida, invariablemente, en forma fundada y motivada, debiendo emitirse y notificarse a los órganos solicitantes la resolución correspondiente de manera oportuna, por lo que, de no ocurrir así, se entenderá que se otorga la autorización mediante la afirmativa ficta.
d) Convocar a las convenciones estatales, distritales y municipales, previa autorización expresa y por escrito del Comité Ejecutivo Nacional.
e) Sesionar de manera regular cuando menos dos veces al mes, para la atención de todos los asuntos de su competencia.
f) Elaborar y aprobar el programa general de actividades que se integrará considerando los programas de cada secretaría y de los distintos órganos de la estructura del Comité Directivo Estatal y evaluar trimestralmente su desarrollo.
g) Rendir el informe general de actividades del partido ante la Asamblea Estatal.
h) Proponer a la Comisión Política Nacional, de manera fundada y motivada invariablemente, la integración de los Comités Municipales en las cabeceras distritales electorales federales, así como a los Auxiliares del Comisionado Municipal.
i) Mantener relación permanente y coordinar las actividades de los Comités Municipales en las cabeceras distritales electorales federales y de los Comisionados Municipales, de las estructuras o representaciones operativas distritales y seccionales, así como de los círculos de base y los círculos territoriales.
j) Verificar con los Comités Municipales en las cabeceras de referencia y con los Comisionados Municipales la permanente actualización del padrón de afiliadas y afiliados del partido, por lo menos cada seis meses.
k) Todas las demás que le señalen los Estatutos, los reglamentos y las determinaciones de los órganos de superior jerarquía.

ARTÍCULO 28
Del Presidente(a) y el Secretario(a) General del Comité Directivo Estatal

1. El presidente(a) del Comité Directivo Estatal es la autoridad ejecutiva, administrativa y representativa del partido en la entidad. Será elegido para un periodo de tres años por la mayoría absoluta de votos de los delegados elegidos a la Asamblea Estatal.
2. En caso de renuncia o ausencia definitiva, el Consejo Estatal designará a la persona que lo sustituirá hasta la finalización del periodo para el cual fue elegido.
3. El presidente(a) del Comité Directivo Estatal lo es igualmente de la Asamblea y de la Convención Estatales con los deberes y atribuciones siguientes:
a) Representar al partido y mantener sus relaciones con los poderes del Estado, así como con organizaciones cívicas, sociales y políticas de la entidad.
b) Nombrar a los responsables de las estructuras orgánicas. Dichos nombramientos deberán ser comunicados al Comité Ejecutivo Nacional, quien se reserva el derecho de aprobación.
c) Convocar a las reuniones del Comité Directivo Estatal.
d) Dirigir y operar, a nivel de la entidad federativa, las directrices nacionales, la acción política y electoral del partido, e informar a los órganos, mecanismos y estructuras del partido sobre la estrategia política y vigilar su cumplimiento.
e) Presentar el informe de actividades del Comité Directivo Estatal ante la asamblea correspondiente.
f) Dirigir la gestión administrativa y financiera del partido; nombrar el personal administrativo y de apoyo.
g) Someter a la aprobación del Consejo Estatal el programa general de actividades del Comité Directivo Estatal e informarle sobre sus labores.
h) Expedir y firmar con el secretario general los nombramientos acordados por el Comité Directivo Estatal y la acreditación ante los organismos electorales de los candidatos y representantes del partido.
i) Representar al partido con todas las facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas, así como para actos de administración y actos de dominio, incluyendo los que requieran cláusula especial conforme a la ley. A excepción de la titularidad y representación de la relación laboral que será en término de lo establecido en el numeral 8 del artículo 46. El ejercicio de los actos de dominio requerirá la autorización previa, expresa y por escrito del Comité Ejecutivo Nacional. El presidente tendrá la facultad para delegar poderes para pleitos y cobranzas así como para suscribir y abrir cuentas de cheques, debiendo contar con la autorización previa, expresa y por escrito de la tesorería del Comité Ejecutivo Nacional para dichas aperturas.
j) Ejercer las funciones de miembro del Consejo Nacional.
k) Informar sistemáticamente y cuando así se lo solicite el Comité Ejecutivo Nacional sobre sus actividades.
l) Las demás que le encomienden los resolutivos de la Asamblea Estatal, el Consejo Estatal y el Comité Ejecutivo Nacional, así como los reglamentos del partido.
4. El Secretario(a) General dura en su cargo tres años, es elegido por la Asamblea junto con el Presidente del Comité Directivo Estatal, y tiene los siguientes deberes y atribuciones:
a) Organizar las reuniones del Comité Directivo Estatal.
b) Coordinar el trabajo de las estructuras y órganos del Comité Directivo Estatal.
c) Fungir como secretario(a) de la Asamblea y de la Convención Estatales.
d) Suplir las faltas temporales del presidente.
e) Suscribir con el presidente los nombramientos y acuerdos del Comité Directivo Estatal.
f) Apoyar al presidente en la orientación, ejecución y evaluación de los programas de trabajo y organización del Comité Directivo Estatal.
g) Las demás que le asigne el presidente del Comité Directivo Estatal y los presentes Estatutos.

CAPÍTULO SEXTO

DE LA ORGANIZACIÓN EN EL NIVEL MUNICIPAL

ARTÍCULO 29
De los Órganos Municipales

De la Asamblea Distrital y de los Órganos Municipales

1. Las Asambleas Distritales eligen a los delegados de los Municipios que integran el distrito electoral federal respectivo y que asisten a la Asamblea Estatal de la entidad federativa que corresponda.
2. Las Asambleas Distritales serán integradas por el número de militantes que asistan de la jurisdicción, de conformidad con el Reglamento de Elecciones y la convocatoria respectiva.

De los Órganos Municipales

Los Comités Municipales en las cabeceras distritales federales y de los Comisionados Municipales
1. Los Municipios que son cabecera distrital electoral federal conforme lo establece la legislación electoral federal, contarán con un Comité Municipal, integrado por un Presidente, un Secretario y un vocal. En los casos de municipios cuya jurisdicción comprende más de un distrito electoral federal, se constituirá un solo Comité Municipal. En los demás Municipios que integran la entidad federativa respectiva, la actividad partidista será dirigida por un Comisionado Municipal.
2. Los Comités Municipales en las cabeceras distritales electorales federales y los Comisionados Municipales, son los responsables permanentes de la organización y operación del partido, a cuyo cargo queda la ejecución de las determinaciones del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité Directivo estatal respectivo.
3. Los Comités Municipales en las cabeceras distritales electorales federales serán elegidos y los Comisionados Municipales serán designados, de manera fundada y motivada respectivamente, por la Comisión Política Nacional, hasta por tres años.
4. Corresponde al Comité Municipal en la cabecera distrital federal y al Comisionado Municipal:
a) Cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos, los reglamentos y los resolutivos de los órganos superiores del partido.
b) Representar al partido y mantener relaciones con las autoridades de su jurisdicción, así como con organizaciones cívicas, sociales y políticas del municipio.
c) Mantener relación permanente y coordinar de manera directa las actividades de las estructuras o representaciones operativas seccionales en su caso.
d) Dirigir y operar a nivel municipal y conforme a las directrices nacional y estatal la acción política y electoral del partido y vigilar su cumplimiento.
e) Rendir un informe mensual de sus actividades en su jurisdicción, ante los Comités Ejecutivo Nacional y Directivo estatal correspondiente.
f) Elaborar el programa de trabajo y someterlo a la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional.
g) Mantener actualizado el padrón de afiliadas y afiliados del partido.
h) Coordinar la operación Municipal.
i) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos superiores del partido.
j) Promover la formación de círculos de base y círculos territoriales manteniendo su registro actualizado e informar trimestralmente al Comité Directivo Estatal.
k) Organizar y capacitar la estructura electoral del partido.
l) Todas las demás que le señalen los Estatutos, los reglamentos y los lineamientos de los órganos de superior jerarquía.
5. Para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades, el Comisionado Municipal podrá solicitar al Comité Directivo Estatal respectivo, la elección del número Auxiliares indispensable para que coadyuven en la organización y operación del partido. Por acuerdo del Comité Directivo Estatal respectivo, se propondrá a la Comisión Política Nacional la elección de los mismos, y les corresponderá cumplir con las tareas que le asignen los Estatutos, los reglamentos y las determinaciones de los órganos de superior jerarquía.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

ARTÍCULO 30
De los Consejos Ciudadanos en Convergencia

1. El Partido promoverá la participación en Convergencia de las organizaciones de la sociedad civil; las organizaciones no gubernamentales; las organizaciones vecinales; y de las ciudadanas y los ciudadanos, con afinidad al partido, en términos de la legislación aplicable.
2. Las organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales y vecinales en Convergencia gozan de plena autonomía para su funcionamiento.
3. Las organizaciones vecinales son órganos de representación ciudadana, integrados básicamente por simpatizantes que tienen como objetivo lograr su participación en los asuntos que son de su interés en su demarcación territorial ante los órganos Político-Administrativos.
4. Las ciudadanas y ciudadanos que tengan iniciativas y propuestas que pueden ser recogidas e impulsadas por Convergencia, podrán participar, sin ser afiliados, de manera directa en el partido.
5. La ciudadanía y las organizaciones mencionadas podrán:
a) Ser un vínculo entre los habitantes y los órganos Político-Administrativos de la demarcación territorial.
b) Conocer, integrar, analizar, gestionar y dar seguimiento a demandas y propuestas.
c) Promover la organización, participación y colaboración ciudadana.
d) Desarrollar acciones de información, capacitación y educación cívica, a fin de fortalecer su papel como instancia de representación.
e) Conocer y dar a conocer a los habitantes de su demarcación territorial las acciones de gobierno que sean de interés general para la comunidad, a fin de evaluarlas y, en su caso, presentar ante la autoridad correspondiente su opinión y sus propuestas respecto a éstas.
f) Convocar a la comunidad para coadyuvar con ella en el desarrollo y ejecución de obras, servicios o actividades de interés para la misma.
g) Participar en la elaboración del diagnóstico de cada colonia, pueblo, barrio, congregación, comunidad, ejido o unidad habitacional, y propugnar porque sea considerado para la elaboración del presupuesto del órgano político-administrativo de la demarcación territorial.
h) Organizar estudios e investigaciones sociales y foros sobre los temas y problemas de mayor interés para la comunidad a la que representan.
i) Desarrollar actividades de información, capacitación y educación tendientes a promover la participación ciudadana.

ARTÍCULO 31
De las Relaciones con Organizaciones de la Sociedad Civil

1. Los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, que coinciden con los principios ideológicos de Convergencia y manifiestan su voluntad de adherirse a los programas de acción y lucha política, podrán ser acogidos por el partido en calidad de organizaciones fraternas con carácter de simpatizantes, sin el requisito de afiliación a sus miembros y dirigentes.
2. El partido podrá incorporar como candidatos externos a cargos de elección popular a miembros de dichas organizaciones, así como a personas de la sociedad civil, en los términos de las disposiciones aplicables.
3. Corresponde al Comité Ejecutivo Nacional, en coordinación con la Comisión Política Nacional, concretar la incorporación de las organizaciones antes indicadas en calidad de fraternas.

CAPÍTULO OCTAVO

DE LAS CONVENCIONES Y LAS CANDIDATURAS

ARTÍCULO 32
De la Convención Nacional

1. La Convención Nacional es el órgano máximo del partido que determina la nómina de candidatos a nivel nacional y será convocada por el Comité Ejecutivo Nacional cuando menos una vez cada tres años.
2. Elige al candidato de Convergencia a la Presidencia de la República, a los candidatos de representación proporcional a diputados y senadores al Congreso de la Unión, e integra las listas del partido por circunscripción plurinominal electoral. En caso de coalición elegirá a los candidatos de mayoría relativa a diputados y senadores al Congreso de la Unión.
3. La elección de los delegados que la integran y los procedimientos de nominación de precandidatos son determinados por el Reglamento de Elecciones y la convocatoria respectiva.

ARTÍCULO 33
De las Convenciones Estatales

1. Las convenciones estatales podrán ser convocadas por el Comité Directivo Estatal, previa autorización expresa y por escrito del Comité Ejecutivo Nacional, de conformidad con el Reglamento de Elecciones.
La atribución conferida al Comité Ejecutivo Nacional, será ejercida, invariablemente, en forma fundada y motivada, debiendo emitirse y notificarse a los órganos solicitantes la resolución correspondiente de manera oportuna, por lo que, de no ocurrir así, se entenderá que se otorga la autorización mediante la afirmativa ficta.
2. Son los órganos del partido que determinan la nómina de candidatos a nivel estatal, y serán convocadas cuando menos una vez cada tres años.
3. Eligen al candidato a gobernador del estado; a los candidatos a senadores y diputados federales de mayoría; y, a los candidatos de representación proporcional a diputados locales. En caso de coalición, acordada previamente por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, y ratificada por la Comisión Política Nacional, elegirá a los candidatos de mayoría relativa a diputados locales y a las planillas de los ayuntamientos.
4. La elección de los delegados que integran las convenciones y los procedimientos de nominación de precandidatos son determinados por el Reglamento de Elecciones y la convocatoria respectiva.
5. Aprobar la Declaración de Principios, el Programa de Acción, los Estatutos, la Plataforma Electoral, el Programa de Gobierno o el Programa Legislativo, en caso de coalición estatal, en la que participe Convergencia con otros partidos políticos.

ARTÍCULO 34
De las Convenciones Distritales

1. Las Convenciones Distritales podrán ser convocadas por el Comité Directivo Estatal, previa autorización expresa y por escrito del Comité Ejecutivo Nacional, de conformidad con el Reglamento de Elecciones.
La atribución conferida al Comité Ejecutivo Nacional, será ejercida, invariablemente, en forma fundada y motivada, debiendo emitirse y notificarse a los órganos solicitantes la resolución correspondiente en un plazo de hasta 30 días, por lo que, de no ocurrir así, se entenderá que se otorga la autorización mediante la afirmativa ficta.
2. Las Convenciones Distritales eligen a los candidatos a diputados locales uninominales y a las planillas de los ayuntamientos comprendidos en el distrito electoral federal, y son convocadas por el Comité Directivo Estatal previa autorización expresa y por escrito del Comité Ejecutivo Nacional, atento a lo dispuesto por el Reglamento de Elecciones.
La atribución conferida al Comité ejecutivo Nacional, será ejercida, invariablemente, en forma fundada y motivada, debiendo emitirse y notificarse a los órganos solicitantes la resolución correspondiente en un plazo de hasta 30 días, por lo que, de no ocurrir así, se entenderá que se otorga la autorización mediante la afirmativa ficta.
3. La elección de los delegados que las integran y los requisitos para la nominación de precandidatos son determinados por el Reglamento de Elecciones y las convocatorias respectivas.

ARTÍCULO 35
De las Convenciones Municipales

DEROGADO

ARTÍCULO 36
De las Determinaciones de las Convenciones

Las determinaciones que al decidir los asuntos relativos a la actividad política del partido en su nivel territorial tomen las convenciones, no podrán contravenir las decisiones de las convenciones de nivel superior.

ARTÍCULO 37
De las Votaciones

Para elegir a los candidatos a cargos de elección popular en todos los niveles es necesaria la mayoría de votos de los delegados presentes a la convención correspondiente. En caso de no lograrse en la primera votación, se efectuará el número de rondas necesarias, no permitiéndose la abstención de los integrantes presentes con derecho a voto.
La mayoría de votos se entiende como la mitad más uno.

ARTÍCULO 38
De las Convocatorias

Las convocatorias para la participación en los procesos de selección de candidatos serán incluidas en los órganos de difusión del partido, publicadas y difundidas en los medios de comunicación con anticipación a la fecha de registro oficial de candidaturas ante los órganos electorales competentes.

ARTÍCULO 39
De las Candidaturas Internas

Las afiliadas y los afiliados que cumplan con los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, los establecidos en los presentes Estatutos, en el Reglamento de Elecciones y en las convocatorias respectivas, podrán aspirar a ser candidatos a cargos de elección popular.

ARTÍCULO 40
De la Consulta a la Base

Cuando se trate de candidaturas que deban surgir de los procesos de consulta a la base o de los formatos que preconizan el respeto a las tradiciones de las comunidades indígenas, los procedimientos de postulación serán expresamente señalados en la convocatoria respectiva.

ARTÍCULO 41
De las Candidaturas Externas

La convención del nivel respectivo podrá aprobar la postulación de candidaturas externas de la sociedad que proponga la Comisión Política Nacional y que no podrán exceder en 27 número a la mitad del total de candidatos que el partido deba postular en los niveles de elección que correspondan.

ARTÍCULO 42
De la Toma de Protesta de Candidatos

1. Para ser candidato del partido a cargo de elección popular se debe cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las Constituciones Locales de las entidades federativas respectivas y en las leyes electorales federal y estatal que correspondan.
2. Todos los candidatos a cargos de elección popular del partido, rendirán protesta en el lugar que indique la convocatoria.
3. La aceptación de las candidaturas uninominales o de las listas plurinominales implica la obligación de respaldar, sostener y difundir la Declaración de Principios, el Programa de Acción y la Plataforma Electoral durante la campaña electoral en que participen, y durante el desempeño del cargo para el que hayan sido electos.

ARTÍCULO 43
Del Registro de Candidaturas

1. Corresponde al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional presentar ante el Instituto Federal Electoral las solicitudes del registro de los candidatos del partido a cargos de elección popular federales, postulados por Convergencia.
2. Corresponde al Presidente del Comité Directivo Estatal respectivo, presentar ante las autoridades electorales locales el registro de los candidatos del partido a cargos de elección popular estatales, locales y municipales. En su caso, supletoriamente lo podrá hacer el Comité Ejecutivo Nacional, de conformidad con el Reglamento de Elecciones, debiendo prevalecer siempre el que realice este último.
La atribución conferida al Comité Ejecutivo Nacional, será ejercida, invariablemente, en forma fundada y motivada, debiendo comunicar la determinación de manera oportuna, al Presidente del Comité Directivo Estatal respectivo.
3. La participación de Convergencia en elecciones locales y en la postulación de candidatos federales y locales, en las que falte determinación de los órganos competentes del partido, o en aquellos casos especiales en los que se produzca la sustitución de candidatos del partido, antes o después de su registro legal, serán resueltas por la Comisión Política Nacional.

ARTÍCULO 44
De los Comités Electorales

1. Los comités electorales son órganos de apoyo para fortalecer la estructura del partido a nivel de sección electoral y para acreditar a sus representantes ante las autoridades en los procesos electorales federales y locales en términos de la ley. Sus actividades las desarrollan en términos de los lineamientos que expida el partido.
2. En los distritos uninominales federales y locales se constituyen comités electorales del partido, integrados por las personas que designe el Comité Directivo Estatal y un representante del candidato a diputado respectivo, quien lo presidirá.
3. En los municipios, los comités electorales se integran por las personas que designe el Presidente del Comité Municipal, o en su caso, el Presidente del Comité Directivo Estatal, y un representante del candidato a presidente municipal, quien lo presidirá.

ARTÍCULO 45
De los Frentes, las Alianzas y las Coaliciones

1. Las determinaciones de la Asamblea y de la Convención Nacional del partido sobre coaliciones electorales serán obligatorias para todos sus órganos, niveles, mecanismos y estructuras del partido y para los afiliados y afiliadas.
2. La estrategia de frentes, alianzas con agrupaciones políticas y coaliciones electorales federales y locales, deberá acordarse con anterioridad a las fechas de cada una de las elecciones de que se trate por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, debiendo contar con la ratificación de la Comisión Política Nacional.
Las negociaciones constarán en convenios, acuerdos de participación o Plataforma Electoral comunes que sustenten los principios y el Programa de Acción en la perspectiva de una convergencia de amplio espectro como lo es la pluralidad de la sociedad mexicana, atendiendo en cada caso las singularidades de cada región del país.
3. En todos los casos debe cumplirse con lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como por la legislación electoral de las entidades federativas.

CAPÍTULO NOVENO

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PARTIDO

ARTÍCULO 46
De las Actividades Administrativas, Patrimoniales y Financieras del Partido

1. El patrimonio del partido se constituye con los bienes adquiridos conforme a la ley, así como sus activos y pasivos financieros, y los derechos, obligaciones y recursos generados con motivo de sus actividades.
2. Para enajenar bienes inmuebles o para contraer obligaciones futuras que comprometan ejercicios presupuestales subsiguientes, se requiere la opinión de la Comisión Política Nacional y la aprobación del Consejo Nacional.
3. Los órganos de dirección, en todos sus niveles, procurarán el fortalecimiento de las finanzas del partido mediante la realización de campañas y otras actividades para recaudar fondos en términos de la ley y los reglamentos aplicables en la materia, mediante un programa autorizado por la Comisión Política Nacional.
4. Los recursos financieros del partido están constituidos por:
a) Las cuotas de inscripción al partido.
b) Las cuotas ordinarias y extraordinarias.
c) Suscripciones y ventas del periódico, revistas, libros y publicaciones del partido.
d) Donativos voluntarios de miembros adherentes y simpatizantes conforme a la ley.
e) Rendimientos financieros autorizados que no contravengan la ley.
f) Ingresos provenientes de fiestas, ferias, actos culturales, deportivos, rifas, sorteos y de otras iniciativas.
g) Financiamiento público.
5. Del financiamiento público nacional, se transferirá el 30% a los Comités Directivos Estatales, de conformidad con el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos aprobado, en su caso, por el Consejo Nacional.
6. Del financiamiento público ordinario, se destinará el porcentaje establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para las actividades de apoyo, capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, jóvenes y trabajadores y productores.
7. El financiamiento público otorgado por ley a los Comités Directivos Estatales se ejerce conforme a lo establecido en el presupuesto aprobado por el consejo estatal respectivo y será distribuido en un 50% por ciento a los Comités Municipales en las cabeceras distritales electorales federales y a los Comisionados Municipales, en su caso.
8. En el Comité Ejecutivo Nacional, así como en cada uno de los Comités Directivos Estatales del partido se nombrará a un Tesorero a quien compete la responsabilidad administrativa, patrimonial y financiera, y de manera exclusiva la de contratar personal, suspender, rescindir, y terminar los contratos de trabajo de éstos, de conformidad con la plantilla de recursos humanos previamente determinada por la Tesorería de Comité Ejecutivo Nacional. Para los efectos laborales, gozarán de poderes para pleitos y cobranzas, con todas sus facultades especiales y actos de administración que podrán delegarlos o revocarlos.
En todo caso el Tesorero del Comité Ejecutivo Nacional tiene la facultad de representar al partido ante toda la clase de autoridades del Trabajo, otorgar y revocar poderes, aún los otorgados por los Tesoreros de los Comités Directivos Estatales.
Los Tesoreros de los Comités Directivos Estatales deberán contar con la anuencia por escrito del Tesorero del Comité Ejecutivo Nacional, para contratar personal, de lo contrario el partido no reconocerá ni la contratación ni la relación laboral.
Los salarios, indemnizaciones y prestaciones de los trabajadores al servicio de las instancias y órganos de nivel estatal del partido, serán responsabilidad exclusiva de cada Comité Directivo Estatal, y serán cubiertos, en su caso, con los ingresos y prerrogativas que disfrutan de acuerdo a la ley.

ARTÍCULO 47
De la Comisión Nacional de Financiamiento

1. La Comisión Nacional de Financiamiento está integrada por cinco miembros designados por la Asamblea Nacional para un periodo de tres años, quienes elegirán de entre ellos mismos a su presidente.
2. Las actividades de dicha Comisión se regirán por el Reglamento de Financiamiento, mismo que deberá ser aprobado por el Consejo Nacional, previa sanción de la Comisión Política Nacional.
3. Son atribuciones y obligaciones de la Comisión Nacional de Financiamiento las siguientes:
a) Programar, promover y ejecutar acciones, mecanismos y proyectos encaminados a la generación de recursos adicionales de carácter financiero y material de origen privado, con el fin de fortalecer y alentar las actividades que realiza el partido.
b) Elaborar, en coordinación con la Tesorería del Comité Ejecutivo Nacional, el proyecto de destino de los recursos recaudados por la Comisión, a efecto de garantizar suficiencia para promover nuevas acciones de financiamiento adicional y presentarlo para su aprobación al Comité Ejecutivo Nacional.
c) Presentar el Programa Anual de Financiamiento ante el Comité Ejecutivo Nacional para su aprobación definitiva.
d) Realizar la planeación financiera necesaria para garantizar el buen desarrollo y ejecución de sus actividades, en coordinación con la Tesorería del Comité Ejecutivo Nacional y proponer aquellas partidas presupuestales destinadas al logro del financiamiento privado.
e) Colaborar con la Tesorería del Comité Ejecutivo Nacional a efecto de que el ejercicio de los recursos originados por el financiamiento privado se sujete a la normatividad financiera electoral aplicable.
f) Coadyuvar con el Comité Ejecutivo Nacional en la revisión, supervisión y aplicación de la normatividad en materia de financiamiento privado que realicen los distintos órganos estatales del partido.
g) Presentar a la Asamblea Nacional su informe de actividades.
h) Presentar un informe cuatrimestral de sus actividades al Consejo Nacional, a la Comisión Política Nacional y a la Comisión Nacional de Fiscalización.
i) Elaborar y someter a aprobación del Consejo Nacional, previa sanción del Comité Ejecutivo Nacional, las reformas y adiciones al Reglamento de Financiamiento.
j) Diseñar los programas de capacitación del personal en materia de financiamiento adicional, y apoyar a los distintos órganos del partido en su aplicación y desarrollo.

ARTÍCULO 48
De la Tesorería

1. La Tesorería es el órgano responsable de la administración del patrimonio y de los recursos humanos, materiales y financieros del partido y de la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales y de campaña.
2. Corresponde a la Tesorería el desempeño de las siguientes funciones:
a) Resguardar el patrimonio y los recursos del partido.
b) Elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y someterlo a la consideración del Comité Ejecutivo Nacional y a la discusión y aprobación, en su caso, del Consejo Nacional.
c) Rendir el informe anual de los recursos financieros al Comité Ejecutivo Nacional y una vez autorizado presentarlo a la consideración del Consejo Nacional.
d) Desarrollar y aplicar la normatividad patrimonial, administrativa y financiera del partido.
e) Apoyar a los comités de los diferentes niveles del partido en la capacitación de personal para el desarrollo de las actividades de tesorería.
f) Llevar el registro patrimonial, contable y financiero del partido.
g) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del partido.
h) La fiscalización de las finanzas del partido está a cargo de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten respecto del origen y monto de los recursos que se reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación. La Tesorería deberá rendir informes trimestrales de avance del ejercicio, de ingresos y egresos anuales, de precampaña y de campaña, a que obliga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

CAPÍTULO DÉCIMO

DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL

ARTÍCULO 49
De los Órganos de Garantías y Disciplina

1. Las comisiones de garantías y disciplina que funcionan en los diferentes niveles de la estructura territorial son órganos destinados a asegurar la vida democrática, el respeto recíproco entre los afiliados y la libre participación en el debate de los asuntos y temas que se ventilan en el partido.
2. Los miembros de las comisiones de garantías y disciplina son elegidos en las respectivas asambleas, duran en el cargo tres años y responden de su gestión ante las asambleas y ante los consejos correspondientes del partido. Sus funciones básicas son las siguientes:
a) Verificar la correcta aplicación de la Declaración de Principios, del Programa de Acción y de los Estatutos y vigilar que se respeten los derechos y se cumplan las obligaciones de afiliados en lo individual y de los órganos, mecanismos y estructuras del partido.
b) Establecer los procedimientos disciplinarios con base en los parámetros normativos que consignan los presentes Estatutos.
3. Es incompatible la calidad de miembro de las comisiones de Garantías y Disciplina con la de integrante de cualquier otro órgano en general de gobierno, de control o de administración del partido.

ARTÍCULO 50
De la Comisión Nacional de Garantías y Disciplina

1. La Comisión Nacional de Garantías y Disciplina está integrada por siete vocales elegidos por la Asamblea Nacional para un periodo de tres años, quienes seleccionarán de entre sus integrantes al presidente. Su comportamiento institucional se regirá por el reglamento respectivo.
2. La Comisión Nacional de Garantías y Disciplina tiene jurisdicción en todo el país. Puede actuar de oficio o a petición de parte, y tiene plena libertad para ordenar la práctica de las diligencias que estime conveniente para esclarecer un caso. Las deliberaciones y votaciones serán reservadas, pero los fallos, debidamente motivados y fundados, serán públicos y se notificarán a los afectados y a los órganos directivos del partido.
3. Se garantiza al acusado el pleno derecho a su defensa, conforme a lo establecido específicamente en el procedimiento previsto por el Reglamento de Garantías y Disciplina.
4. Los fallos se aprobarán por mayoría de votos de todos los integrantes. Se prohíben las abstenciones y el voto en blanco. Los fallos de la Comisión Nacional de Garantías y Disciplina son inapelables y causan ejecutoria desde la fecha de su notificación a los afectados y a los órganos directivos del partido.
5. Están sometidos privativamente a la jurisdicción de la Comisión Nacional de Garantías y Disciplina: los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los diputados a los Congresos estatales; presidentes municipales, síndicos y regidores; los integrantes del Consejo Nacional; los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política Nacional; así como, los presidentes de las Comisiones Nacionales de Garantías y Disciplina, de Elecciones y de Financiamiento.
6. El Presidente de la Comisión Nacional de Garantías y Disciplina será sometido a la jurisdicción de la misma, previa suspensión en sus funciones decretada por el Consejo Nacional, a petición del Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 51
De las Comisiones Estatales de Garantías y Disciplina

1. En cada Comité Directivo Estatal la asamblea respectiva nombrará a una Comisión de Garantías y Disciplina que se integrará por tres vocales, respectivamente, y durarán en su cargo tres años. Entre los vocales elegirán a su Presidente.
2. Las normas de procedimiento de esta comisión y sus actuaciones se regirán por el reglamento respectivo.

ARTÍCULO 52
De la Contraloría y el Auditor Internos

1. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos es el órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presente Convergencia respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación.
2. El contralor y el auditor internos, coadyuvarán con el órgano responsable de la administración del patrimonio y los recursos financieros del partido, en el cumplimiento de las obligaciones de presentación de los informes trimestrales de avance del ejercicio, de ingresos y egresos anuales, de precampaña y de campaña a que obliga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, la ley de transparencia y acceso a la información.
3. Son obligaciones y atribuciones de la Contraloría Interna:
a) Vigilar, evaluar y asesorar en todas sus actividades y responsabilidades a los coordinadores y supervisores de la operación financiera y contable así como a los responsables de las finanzas en los Comités Directivos Estatales.
b) Supervisar la integración de la documentación soporte a nivel nacional y estatal, en su caso, para la presentación de los informes trimestrales y del informe anual, así como de las contestaciones al Instituto Federal Electoral.
c) Implementar y desarrollar mecanismos para optimizar la comprobación, así como sus procedimientos y registros contables.
d) Disponer de las facultades para la revisión de la información financiera de las Tesorerías del Comité Ejecutivo Nacional y de los Comités Directivos Estatales, así como de las áreas que operan fondos, bienes o recursos del partido y para ordenar auditorias.
e) Proponer al Comité Ejecutivo Nacional las reformas y adiciones indispensables al Reglamento Financiero para mejorar los sistemas de administración de los recursos del partido y para el cumplimiento de las metas.
f) Todas las demás que le señalen los Estatutos, los reglamentos y los lineamientos de los órganos de superior jerarquía.
4. Son obligaciones y atribuciones del Auditor Interno:
a) Verificar la existencia y funcionamiento de controles internos.
b) Cumplir con las diversas disposiciones regulatorias que garanticen al partido una adecuada rendición de cuentas ante el Instituto Federal Electoral con estricto apego a su normatividad.
c) Supervisar el soporte documental y registro contable de los ingresos y egresos, que reflejen de manera transparente y objetiva el origen y aplicación de los recursos.
d) Dar seguimiento a aquellas irregularidades detectadas por la Unidad Fiscalizadora de la autoridad electoral, para implementar las recomendaciones necesarias para su pronta atención y establecimiento de controles internos que permitan evitar incumplimientos subsecuentes.
e) Supervisar la contabilidad y verificar los gastos.
f) Las demás que le señalen los Estatutos, los reglamentos y los lineamientos de los órganos de superior jerarquía.
5. Es incompatible la calidad de Contralor o Auditor Internos con la de miembro de cualquier otro órgano de gobierno, control o administración del partido.

ARTÍCULO 53
De las Auditoria Externa

Con la finalidad de cumplir con lo establecido en las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se deberán presentar ante la Unidad de Fiscalización del Consejo General del Instituto Federal Electoral, los informes del origen y monto de los ingresos que se reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación. Los informes anuales deberán estar autorizados y firmados por el auditor externo, de conformidad con establecido en el artículo 83, párrafo 1, inciso b), fracción IV del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y será designado por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional para tal efecto.

ARTÍCULO 54
De la Comisión Nacional de Elecciones

1. La Asamblea Nacional elegirá a los cinco integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, para un periodo de tres años.
2. La propia Comisión designará de entre sus integrantes al presidente y de fuera de su seno al secretario.
3. Es incompatible la calidad de miembro de la Comisión Nacional de Elecciones con la de integrante de cualquier otro órgano de gobierno, control o administración del Partido.
4. Son funciones de la Comisión Nacional de Elecciones:
a) Organizar las elecciones internas del Partido de acuerdo con el reglamento respectivo.
b) Elaborar los padrones electorales.
c) Supervisar y validar la elección de los candidatos del partido.
d) Conocer y resolver en segunda y definitiva instancia los recursos de apelación.
Las demás que determine el reglamento.

ARTÍCULO 55
De las Comisiones Estatales de Elecciones

1. En cada estado funciona una Comisión de Elecciones integrada por tres vocales designados para un periodo de tres años por la asamblea correspondiente.
2. La propia comisión designará de entre sus integrantes al presidente y de fuera de su seno al secretario.
3. Es incompatible la calidad de miembro de la Comisión Estatal de Elecciones con la de integrante de cualquier otro órgano de gobierno, control o administración del partido.
4. Son funciones de la Comisión Estatal de Elecciones:
a) Organizar las elecciones internas del Partido, en el ámbito estatal, de acuerdo con el reglamento respectivo.
b) Elaborar los padrones electorales.
c) Conocer y resolver en primera instancia los recursos de apelación en el ámbito estatal.
Las demás que determine el reglamento.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO

DE LA DISCIPLINA DEL PARTIDO

ARTÍCULO 56
Del Cumplimiento de Obligaciones

1. La afiliación al partido implica el cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los presentes Estatutos; compromete a las afiliadas y los afiliados a respetar los Documentos Básicos y a observar en la vida social un comportamiento congruente con los principios e ideología del partido. Quien contradiga con su conducta los principios establecidos en los presentes Estatutos, en la Declaración de Principios y en el Programa de Acción, o incumpla con las obligaciones derivadas de su afiliación al partido, será sometido a procedimiento disciplinario.
2. Cualquiera que vulnere las reglas de los Estatutos y las obligaciones derivadas de la afiliación al partido, será sujeto a procedimiento disciplinario.
3. El ejercicio de los derechos reconocidos en los Estatutos no puede ser sujeto de procedimiento disciplinario.

ARTÍCULO 57
Del Procedimiento Disciplinario

1. El inicio de un procedimiento disciplinario puede ser solicitado por cualquier órgano dirigente del partido, independientemente de que la afiliada o el afiliado cuyo comportamiento sea objeto de la instancia, forme parte o no de dicho órgano. El escrito inicial de la demanda deberá estar debidamente motivado y fundado.
2. Las solicitudes para el inicio de los procedimientos disciplinarios son dirigidas, en primera instancia, respectivamente, a la Comisión de Garantías y Disciplina del comité 35
al cual pertenezca la afiliada o el afiliado que será sometido al procedimiento; en el caso de los integrantes de órganos dirigentes, a la Comisión de Garantías y Disciplina del nivel que corresponda.
3. La comisión competente, en cuanto reciba la solicitud, la notificará al interesado, indicando claramente los hechos imputados.
4. La audiencia inicial tendrá lugar dentro de los tres primeros meses de haberse iniciado el procedimiento disciplinario, ante una comisión compuesta por un número de tres a cinco miembros que la Comisión de Garantías y Disciplina elija internamente, según reglas y criterios que establezca el reglamento.
5. Si el término para la audiencia prevista en el inciso anterior, no es respetado, el órgano solicitante o el interesado pueden dirigirse a la Comisión de Garantías y Disciplina del nivel inmediato superior, y si el incumplimiento es cometido por la Comisión Nacional de Garantías y Disciplina, se dirigirá al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional para que la requiera.
6. La afiliada o el afiliado tendrá derecho a conocer cuáles son los hechos sobre los que se funda la acusación.
7. El Presidente de la Comisión de Garantías y Disciplina establecerá con suficiente anticipación el día y la hora de la audiencia; dispondrá el citatorio al militante bajo procedimiento, así como de los eventuales testigos.
8. El presidente de la Comisión que conozca del procedimiento comunicará a las partes el día, el lugar y la hora acordados para que tenga verificativo la audiencia. El Comité Ejecutivo o Directivo que haya solicitado la apertura del procedimiento puede designar a un representante para que ilustre sobre los motivos de la solicitud.
9. La comisión encargada del procedimiento disciplinario verificará en la audiencia si subsiste la causa que motivó el procedimiento; analizará la solicitud y evaluará las pruebas que hayan sido oportunamente ofrecidas y presentadas por las partes; escuchará sus argumentos y evaluará objetivamente el asunto.
10. Al concluir la audiencia, los miembros de la Comisión tomarán, en una reunión deliberativa privada, la decisión que corresponda, salvo que existan pruebas pendientes por desahogar o diligencias por practicar. La Comisión, en caso de existir la necesidad de audiencias posteriores, deberá pronunciar la resolución correspondiente en un término de quince días hábiles.
11. Las resoluciones de las Comisiones podrán ser apeladas a la instancia de nivel superior, salvo las emitidas por la Comisión Nacional de Garantías y Disciplina, que tendrán carácter de inatacables e inapelables. Las apelaciones deberán ser interpuestas dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la notificación de la resolución recurrida.
12. En todo caso las partes se sujetarán a lo dispuesto por el procedimiento establecido por el Reglamento de Garantías y Disciplina, que fijará lo relativo a notificaciones, plazos, apercibimientos, periodo probatorio y resoluciones.

ARTÍCULO 58
De las Sanciones Disciplinarias

1. Las sanciones disciplinarias son:
a) Amonestación por escrito.
b) Separación del cargo que se estuviera desempeñando en el partido.
c) Suspensión temporal, de uno a seis meses, del partido.
d) Expulsión.
2. Las resoluciones que decretan una sanción disciplinaria asumen la categoría de ejecutorias, transcurridos diez días hábiles contados a partir de la fecha en que fueron notificadas, si la persona sancionada o el comité directivo que excitó el proceso disciplinario, en su caso, no las han impugnado.
3. Las resoluciones de las comisiones de garantías y disciplina son impugnables en segunda instancia ante la comisión del nivel superior inmediato. Las decisiones de la Comisión Nacional de Garantías y Disciplina relacionadas con los miembros de los órganos directivos nacionales, no son impugnables.

ARTÍCULO 59
Del Efecto de los Procedimientos Judiciales

1. El procedimiento disciplinario es promovido y seguido sin perjuicio de la acción civil o penal que resulte de los hechos que lo motivan; sólo puede ser suspendido cuando exista proceso penal entablado contra el afiliado sometido al procedimiento, dejando a salvo la adopción de medidas cautelares.
2. Los afiliados que se encuentren sujetos a un procedimiento penal o aquellos que hayan sido condenados por resolución judicial en materia penal y que haya causado ejecutoria, podrán ser expulsados en definitiva del partido. Asimismo, serán suspendidos de sus derechos y obligaciones durante el tiempo que dure el proceso al cual estén sujetos. Lo anterior deberá ser aplicado con estricto apego a derecho ya que lesiona la buena marcha del partido.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 60
Del Ámbito de Aplicación

Las disposiciones de este capítulo se aplicarán en todas las instancias de militancia, de dirección y de administración o control del partido, salvo que los Estatutos indiquen específicamente lo contrario.

ARTÍCULO 61
Del Quórum

El quórum se establece por la presencia de más de la mitad de los miembros, salvo que los Estatutos indiquen específicamente lo contrario.

ARTÍCULO 62
De las Modalidades de las Votaciones

1. Todas las votaciones sobre documentos de naturaleza política son por voto expresado públicamente.
2. Los integrantes de los órganos de dirección y de las comisiones de Garantías y Disciplina, de Fiscalización, de Elecciones y de Financiamiento, así como los delegados a las asambleas y convenciones, son elegidos por medio de voto directo y nominativo.

ARTÍCULO 63
Del Tiempo de Afiliación

1. Son miembros fundadores del partido quienes participaron en los actos de su constitución, así como quienes lo hagan durante su etapa de consolidación.
2. Cuando para el goce de los derechos dentro del partido, los Estatutos requieran el transcurso de cierto tiempo ostentando la condición de afiliado, se entenderá que éste es continuo e ininterrumpido.
3. El tiempo de afiliación requerido para ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional, del Consejo Nacional, de los comités directivos y de los comités municipales, así como de los consejos estatales y de las comisiones de Garantías y Disciplina, de Fiscalización, de Elecciones y de Financiamiento, es de dos años.
4. El tiempo de afiliación requerido para ser candidato a cualquier puesto de elección popular es de dos años, a excepción de lo previsto en el párrafo 2 del Artículo 31 y demás aplicables de los presentes Estatutos, así como, en su caso, tratándose de candidaturas en coalición.
5. La afiliación confiere el derecho de ser elegido para participar como delegado a las asambleas y convenciones del partido.

6. La disposición a que se refieren los numerales 3 y 4 que anteceden, respecto al tiempo de afiliación, será valorada y motivada excepcionalmente, por la Comisión Política Nacional, la que dependiendo del caso, determinará lo conducente atendiendo a criterios políticos, electorales, profesionales, de probidad y de afinidad.

ARTÍCULO 64
De los Procesos de Elección

El Reglamento de Elecciones regulará la forma en la que se hará la selección de los titulares de las dirigencias del partido en los distintos niveles y de la selección de precandidatos a cargos de elección popular de nivel federal, estatal, distrital y municipal. El reglamento incorporará la modalidad de elecciones primarias y formas de elección indirecta que garanticen la mayor representatividad de los precandidatos. Se contará con encuestas de opinión pública para calificar las precandidaturas internas y externas.

ARTÍCULO 65
De la Comisión Ejecutiva

Por acuerdo de la Comisión Política Nacional, en casos especiales, el Comité Ejecutivo Nacional podrá designar a una Comisión Ejecutiva que estará integrada por un Presidente, un Secretario y tres Vocales, para que se hagan cargo del Comité Directivo Estatal correspondiente, a efecto de que en el periodo máximo de un año efectúen la reestructuración territorial y organicen la operación normal del partido conforme a los Estatutos.

ARTÍCULO 66
De la Disolución del Partido

1. Por acuerdo de las tres cuartas partes de la totalidad de los delegados a la Asamblea Nacional Extraordinaria convocada expresamente para tal efecto, podrá disolverse el Partido.
2. Los lineamientos que expida el partido detallarán el procedimiento de liquidación del patrimonio en favor de centros para el desarrollo de la juventud, para la integración de la mujer e instituciones de la tercera edad.

ARTÍCULO 67
De la Interpretación y de la Supletoriedad

La interpretación de los presentes Estatutos debe ser conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En lo no previsto en los presentes Estatutos se aplicarán de manera supletoria los criterios de casos similares que regulen los mismos, o en su defecto se aplicará la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los Principios Generales del Derecho y, por último, la costumbre.

ARTÍCULO 68
De las Equivalencias de Términos

1. Cuando en los presentes Estatutos se haga referencia a candidaturas, instancias u ordenamientos legales, entre otros, de carácter estatal o local, se entenderá aplicable a los correspondientes en el Distrito Federal.
2. Cuando en los presentes Estatutos se haga referencia a candidaturas, instancias u ordenamientos legales, entre otros, de carácter municipal, se entenderá aplicable a los correspondientes en el ámbito Delegacional del D. F.

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LAS FUNDACIONES

ARTÍCULO 69

1. El partido podrá constituir las fundaciones que se estimen necesarias. Para tal efecto, se debe contar con la aprobación del Consejo Nacional y cumplir con los requisitos establecidos en las leyes respectivas.
2. Se constituye en los niveles nacional y estatal, de conformidad con lo establecido en su Estatuto y la normatividad aplicable.
3. Del financiamiento público nacional otorgado por ley, el Comité Ejecutivo Nacional aprobará el presupuesto anual que deberá de destinarse a cada Fundación para su funcionamiento y realización de sus objetivos.
4. Adicionalmente a las comisiones que establezca la organización interna de cada Fundación, en su caso, formarán las que estime necesarias con la finalidad de cumplir con sus objetivos. Orientarán sus labores y convocará a grupos de trabajo privilegiando las siguientes líneas temáticas, consideradas fundamentales:
a) Estrategia Partidista, Prospectiva Política, Ideas, Programas y Discurso;
b) Política Legislativa y Municipal;
c) Relaciones Internacionales;
d) Agenda Social (educación, salud, cultura, economía y empleo, movimientos sociales y relaciones con ONG’s);
e) Cambio Climático y Desarrollo Sustentable;
f) Energía y Desarrollo;
g) Publicaciones.
5. Los demás deberes y atribuciones que le asignen la Asamblea, el Consejo y el Comité Ejecutivo Nacionales.

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO
DEL CONSEJO CIUDADANO

ARTÍCULO 70
Del Consejo Ciudadano Nacional

1. El Consejo Ciudadano Nacional es una instancia autónoma y permanente del partido donde se promueve la participación de ciudadanas y ciudadanos independientes que tengan interés en fortalecer el quehacer democrático del país y del partido, en tanto entidad de interés público, con las funciones siguientes:
a) Conocer la adecuada aplicación, orientación y transparencia de los recursos financieros, humanos y materiales de que disponga el partido, en sus diferentes niveles, órganos diversos, movimientos y organizaciones, así como de los grupos parlamentarios federales y locales y las fundaciones emitiendo las recomendaciones que estime pertinentes al Comité Ejecutivo Nacional.
b) Vigilar la actuación y el cumplimiento de los compromisos de campaña de los servidores públicos de elección popular surgidos de Convergencia y los derivados de las plataformas electorales emitiendo el informe correspondiente al Comité Ejecutivo Nacional.
c) Analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos nacionales, regionales y locales establecidos por el partido en su Declaración de Principios, Programa de Acción y Plataformas Electorales respectivas, para sugerir y asesorar a los Órganos de Dirección del partido sobre las medidas a adoptar a fin de lograr su cabal cumplimiento.
d) Proponer proyectos de iniciativas de ley y de políticas públicas a través de los Grupos Parlamentarios del partido en el Congreso de la Unión y en las legislaturas locales.
e) Opinar y sugerir, dentro de su ámbito de competencia, sobre los reconocimientos ciudadanos que otorga el partido.
2. El Comité Ejecutivo Nacional dará vista al Consejo Ciudadano Nacional de los informes que presente a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral.
3. Las recomendaciones y sugerencias emitidas por el Consejo Ciudadano Nacional deberán ser valoradas por el Comité Ejecutivo Nacional, las cuales, podrán ser llevadas, por éste, a la consideración de la Comisión Política Nacional y en los casos de señalamientos particulares a militantes del partido, deberá atenderse previamente el derecho de audiencia.
4. El Consejo Ciudadano Nacional, a invitación de la Comisión Política Nacional, se integra por ciudadanas y ciudadanos destacados en los diversos ámbitos de la vida nacional, que cuenten con reconocido prestigio y solvencia moral.
5. El Consejo Ciudadano Nacional será presidido por uno de sus miembros elegido por ellos mismos y contará con un órgano ejecutivo que representará al propio Consejo. El resto de su normatividad, organización y operación internas serán establecidas por el propio Consejo Ciudadano Nacional.
6. El cargo y el desempeño de las funciones de los Consejeros Ciudadanos serán de carácter honorífico.
7. El Consejo Ciudadano Nacional establecerá coordinación y comunicación permanentes con los Consejos Ciudadanos Estatales.

ARTÍCULO 71
Del Consejo Ciudadano Estatal

El Consejo Ciudadano Estatal se integrará y funcionará bajo los mismos lineamientos del artículo que antecede, aplicando los preceptos ahí establecidos al ámbito estatal.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO
Los presentes Estatutos entrarán en vigor una vez que el Consejo General del Instituto Federal Electoral declare la procedencia constitucional y legal de los mismos, en los términos del Artículo 38, numeral 1, inciso L, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SEGUNDO
Los reglamentos vigentes se continuarán aplicando en todo lo conducente que no se contraponga a las presentes reformas y, deberán ser adecuados y actualizados en el término máximo de 1 año, contado a partir de que la autoridad lectoral declare la procedencia constitucional y legal de las mismas.

TERCERO
Para los efectos del Artículo 63, numeral 1, se considera que la etapa de consolidación concluyó el 31 de diciembre del año 2006.

CUARTO
Con el propósito de ampliar la participación ciudadana para el fortalecimiento de Convergencia, el cumplimiento de los numerales 3 y 4 del artículo 63, se difieren en su aplicación por 3 años.

QUINTO
Para los efectos de los artículos 29, 52 y 53, se entiende que los órganos de dirección y de control en sus diferentes niveles que se encuentren vigentes hasta antes de la entrada en vigor de las presentes reformas estatutarias, continuarán en funciones a la fecha en que concluya su mandato por el período para el cual fueron electos. Con relación a la integración de delegados a la asamblea de nivel superior, se elegirán en el número y criterios establecidos en los Estatutos y determinados por la propia convocatoria.

SEXTO
Con relación a los artículos 22, 23 y 24, los Reglamentos de las Convergencias de Mujeres, Jóvenes y Trabajadores y Productores, deberán ser revisados y modificados en su denominación, operación interna y estructuras, a fin de darles el sentido de movimientos ciudadanos y permitir que organizaciones, organismos y liderazgos de la sociedad civil se sumen a ellos.

SÉPTIMO
La renovación de los Órganos de Dirección y Control del Partido a nivel nacional, en ningún caso y por ningún motivo, deberá coincidir con el año de la elección federal. Por lo anterior y por única vez, la elección de los órganos de dirección y control que se realice en la Tercera Asamblea Nacional, tendrá una vigencia de cuatro años.

OCTAVO
Para el caso del Distrito Federal, dadas sus propias características y normatividad, la integración y funciones de los Comités Municipales, tendrán su equivalencia a los de cada Delegación Política existente, como mejor convenga con los distritos electorales federales.

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