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PRD

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD)

El Partido de la Revolución Democrática o PRD es un partido político mexicano, fundado el 5 de mayo de 1989, con una ideología política de izquierda, es considerada la tercera fuerza política de México. Los militantes de este partido se conocen popularmente como perredistas. Partido miembro del Frente Amplio Progresista.

En 2007, los políticos afiliados al PRD gobiernan en los estados de Baja California Sur, Chiapas, Michoacán, Guerrero y la capital de la República, el Distrito Federal. En 2006 oficialmente pierden las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, a la cual el partido reclama que el triunfo fue impedido por un fraude electoral.

El partido cuenta con una escasa presencia en algunas zonas del sur del país. Además de los estados que gobierna, tiene fuerza en Tabasco, Morelos, Tlaxcala, México, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Es especialmente débil en el norte del país y en algunos estados de esa región prácticamente no tiene presencia, salvo tres estados: Nayarit, Zacatecas y Baja California Sur.

El PRD nace como una coalición de diversos partidos políticos de izquierda si bien sus fundadores pertenecían al PRI pero al ser rechazados por su propio partido fundan el PRD, antes de ser bautizado como PRD, su origen es el Partido Mexicano Socialista (PMS) que nace de la fusión de 6 fuerzas políticas de Izquierda a nivel Nacional: Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Patriotico Revolucionario (PPR), Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), Unión de la Izquierda Comunista (UIC; más adelante se unen a la fusión una parte de la militancia del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Su principal líder fue el Ingeniero Heberto Castillo Martínez.

El naciente Partido Mexicano Socialista cede su registro en alianza con ex miembros del PRI y organizaciones civiles que se opusieron al partido gobernante y pugnaron por elecciones democráticas, y nace el Partido de la Revolución Democrática.

Entre los ideales que le dieron origen se cuentan el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas, la libertad de expresión, la defensa de los derechos civiles y el combate a la corrupción.

Actualmente, el PRD se dice partidario de una economía de libre mercado, pero defiende la participación del estado en los sectores que considera estratégicos, principalmente recursos energéticos y comunicaciones. Asimismo, le da al estado un papel preponderante en lo que se refiere a política social: se pronuncia por una educación laica y gratuita en todos los niveles y que cumpla con la demanda nacional, por la ayuda económica a los sectores más desfavorecidos (ancianos, estudiantes y discapacitados pobres), y por el otorgamiento de subsidios a productos de primera necesidad. Se ha pronunciado también por un desarrollo del sector agrícola que satisfaga las demandas de los campesinos.

Algunos miembros del partido han adoptado recientemente nuevas posturas ideológicas, como son la defensa del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia.

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Declaración de Principios del PRD
El Partido de la Revolución Democrática es una organización política nacional constituida por mexicanas y mexicanos de acuerdo a los principios y normas que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Partido es una organización independiente y laica que no está sujeta a organización internacional o partido extranjero alguno, y rechaza cualquier financiamiento que provenga del exterior o de instituciones, organizaciones o grupos religiosos; asume que México es una nación libre, republicana e independiente, con una composición pluriétnica, multilingüística y pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y que todo ello debe expresarse en las leyes que rigen a todas las mexicanas y los mexicanos. El Partido conduce sus actividades por medios pacíficos y democráticos y reafirma el principio fundamental de que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y que todo poder público debe instituirse para beneficio del mismo.

I.- Nuestra Historia, Nuestra Identidad

La historia de México es la lucha del pueblo por construir una nación libre, democrática, justa, igualitaria e independiente. El PRD asume las tradiciones históricas de las luchas libertarias que dieron origen a las grandes revoluciones de México: la Independencia, la Reforma y la Restauración de la República, y la Revolución de 1910; los avances logrados bajo los principios de la Revolución Mexicana y las grandes reformas sociales de gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Se identifica con

las luchas obreras, campesinas, populares, feministas, estudiantiles, del movimiento nacional indígena y de los movimientos sociales progresistas de la segunda mitad del siglo XX y de principios del siglo XXI. Se reconoce también en los anhelos de libertad y justicia social, causa de las revoluciones socialistas, los movimientos de liberación nacional y la Izquierda mundial.

Estos principios e ideales son patrimonio del pueblo mexicano y comprometen al PRD a seguir aportando su mayor esfuerzo en la conquista y reivindicación de las aspiraciones legítimas de quienes sufren la explotación, la opresión y la injusticia.

El PRD surgió de una inmensa confluencia de ciudadanas y ciudadanos provenientes de distintos movimientos, agrupaciones, organizaciones y partidos políticos, que compartían el anhelo de hacer de México un país mejor. En 1987 la convicción de que era posible hacer de México un país más justo, libre, igualitario y democrático los llevó a conformar un gran movimiento que contendió en las elecciones presidenciales de 1988. En ese mismo año se lanzó el proyecto para la creación del Partido de la Revolución Democrática , el cual finalmente se constituyó el 5 de mayo de 1989. En el 2001, al inicio de un nuevo siglo y milenio, sus militantes ratificamos el llamamiento fundador de este partido asumiéndonos como miembros de una organización política de Izquierda plural, amplia, moderna y democrática.

El PRD declara que se ha constituido por mujeres y hombres iguales y libres dispuestos a luchar por la República, por la vigencia plena de los principios constitucionales y los derechos humanos, y a fundar las instituciones en la libertad, la justicia, la equidad, la razón, la tolerancia y la legalidad. Se propone el ejercicio del poder público basado en la decisión de la ciudadanía y en la libre organización de la sociedad para construir un mejor futuro para todas las mexicanas y las mexicanos. Sus convicciones, propósitos y compromisos se enuncian en la presente Declaración de Principios.

II. El Partido, instrumento de la sociedad

El Partido de la Revolución Democrática se propone recoger las aspiraciones, intereses y demandas de la ciudadanía, en especial de quienes sufren la explotación, la opresión y la injusticia. Se compromete con las mejores causas del pueblo, de la Nación y sus regiones, para construir una sociedad justa, igualitaria y democrática que tienda a suprimir la explotación del hombre por el hombre.

Es propósito del PRD contribuir a la creación de la dimensión ética de la política, sustentada en el humanismo, en los valores del pensamiento crítico, el compromiso democrático y la vocación social.

El PRD no busca el poder por el poder mismo, sino que lo concibe como medio para transformar democráticamente la sociedad y el Estado.

El PRD aspira a ser el cauce de millones de ciudadanas y ciudadanos para organizarse políticamente en torno a sus postulados básicos. Rechaza el corporativismo, el clientelismo y la manipulación de los intereses y sentimientos populares pues ello sólo conduce a profundizar el autoritarismo y la injusticia.

La participación política debe entenderse como una tarea de servicio público y representación de los diversos intereses y aspiraciones de la sociedad.

La política es el mejor instrumento para transformar la sociedad, dirimir conflictos, establecer consensos y acuerdos; y competir por la representación de la ciudadanía en la conducción del gobierno y en el ejercicio del poder

La política que postula el PRD se basa en la ética, los principios democráticos, la crítica y autocrítica constructivas; y la acción honesta y responsable.

El PRD asume la representación de una parte de la sociedad y pretende que sus propuestas se identifiquen con la mayoría de ella. Aspira a representar a los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, a la intelectualidad democrática, a los pequeños empresarios y empresarias, a los jóvenes del país, a los pueblos y comunidades indígenas, a las personas de la tercera edad, a los sectores excluidos, y en general a todos aquellos, hombres y mujeres, que se identifican con la construcción de una sociedad justa, equitativa, democrática, sustentable e incluyente.

El PRD se asume como un partido de izquierda. Reafirma, así, sus convicciones, su ideología y sus proyectos de gobierno, privilegiando sus compromisos con las grandes mayorías de mexicanos y mexicanas, para transformar la sociedad y el Estado hasta lograr la equidad y la justicia para todas las personas y la plena democracia política, social y económica.

El PRD no intenta imponer una moral pública ni mucho menos sancionar la vida privada de las personas. Sí reclama de sus miembros, sobre todo de su dirigencia, sus representantes populares, funcionarias y funcionarios públicos, el apego a una ética política consistente en valores como la honestidad, transparencia, sencillez en el trato con los demás, espíritu de servicio, tolerancia frente a otros puntos de vista, voluntad de diálogo, y respeto a la dignidad de las personas, sin importar género, edad, raza, preferencia u orientación sexual, o condición social .

Esta forma de hacer política debe ser compromiso de cada uno de las y los militantes del PRD, no sólo de cara a la sociedad sino también en nuestra actividad al interior del partido, donde debemos actuar con responsabilidad y discreción para resolver nuestras diferencias.

Las luchas sociales poseen una enorme vitalidad: sus formas de organización, su capacidad de movilización y su persistencia rebasan en ocasiones, por su creatividad, congruencia y fuerza, a los partidos políticos y a los gobiernos. Representan más directamente, el verdadero sentir de la sociedad. ElPRD se compromete a entablar una relación abierta, fluida y permanente con las luchas, movimientos y organizaciones sociales. A reconocer sus demandas y objetivos de lucha, a abrirles cause para que se escuche su voz y apoyar el ejercicio de su libertad de manifestación y organización democrática.

Todas y todos los mexicanos y mexicanas tienen derecho a realizar plenamente sus aspiraciones a una vida plena y feliz, y a afirmar en la vida colectiva los valores de amor, generosidad, solidaridad y mutua comprensión, como principios de convivencia armónica.

III.- Una sociedad productiva, justa e igualitaria

El PRD se pronuncia por la construcción de una sociedad basada en la igualdad, la equidad, la democracia, la libertad y la justicia.

Ello significa que a través de las acciones de gobierno y de la participación de la sociedad se construya una sistema económico que asegure el continuo mejoramiento del nivel y la calidad de vida del pueblo.

De esta manera se erradicarán la pobreza y las desigualdades, será posible el acceso de todos los mexicanos y mexicanas a los beneficios del progreso y la cultura y se abrirá el camino hacia una nueva forma de asignación de la riqueza social y de distribución del excedente económico. La lucha contra la desigualdad social significa también evitar que la riqueza y los medios de producción se concentren en las manos de unos cuantos. El PRD está comprometido con la conquista de los derechos sociales fundamentales: a la alimentación, al trabajo, a la educación y a la cultura, a la vivienda, a un medio ambiente sano, al descanso, al esparcimiento, a contar con una cobertura sanitaria y de salud amplias y universales, y a un retiro y una jubilación justas; es decir, el derecho de todos los mexicanos y mexicanas, reconociendo las diferencias de género, a vivir y a morir con dignidad.

El PRD considera también que es parte de la lucha por una sociedad igualitaria acabar con toda forma de discriminación y exclusión, en particular las que sufren los pueblos indios de México y las mujeres; se pronuncia en contra de todo racismo, fanatismo religioso, xenofobia, discriminación por causa de ideas, creencias y preferencias sexuales. Rechaza la acumulación de privilegios por el ejercicio del poder. Exige el cumplimiento del derecho a la información de todos las mexicanas y mexicanos, alejado de la manipulación al servicio de intereses particulares o de grupo.

La lucha del Partido de la Revolución Democrática tiene su motivación fundamental en un nuevo proyecto de vida para la sociedad y en el centro de sus preocupaciones y de su quehacer político está el ser humano.

IV Equidad de género

El PRD se compromete a luchar por la equidad de género en todas las actividades humanas, por la igualdad de oportunidades y condiciones para el acceso de mujeres y hombres al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad. Asimismo , se compromete a luchar por la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

Para ello propondrá las políticas públicas y mecanismos necesarios que permitan identificar y revertir la discriminación, la desigualdad, la opresión y la exclusión de las mujeres con el objeto de emprender las acciones y cambios necesarios para la construcción de la equidad entre los géneros. Ello es particularmente importante en el mundo del trabajo. La incorporación de la mujer a la vida productiva representa uno de los grandes cambios del fin de siglo. Su incorporación se ha dado en condiciones de discriminación y desigualdad y ha sido, muchas veces, víctima de hostigamiento sexual y otros actos de violencia y agresión a su dignidad personal. Por ello el PRD se compromete a luchar por las reivindicaciones de la mujer trabajadora y reconoce que sin equidad entre los géneros no habrá una sociedad justa e igualitaria.

• El trabajo, valor esencial

Para el PRD el trabajo es un valor esencial de la sociedad y fuente principal de la riqueza y la creatividad de los seres humanos. Por ello, se compromete a luchar por acabar con la explotación de la fuerza de trabajo. Convoca a defender las conquistas y derechos de los trabajadores; a dignificar el trabajo doméstico; y a que todos los trabajadores y trabajadoras gocen de salarios dignos y prestaciones, capacitación y condiciones de trabajo satisfactorias y seguras. El empleo estable y bien remunerado debe ser una prioridad en los planes y acciones de gobierno para acabar con la pobreza y construir una sociedad justa. Debe hacerse realidad el derecho esencial de las mexicanas y mexicanos a acceder a una vida digna mediante su trabajo.

En contra de las tendencias prevalecientes que fomentan el individualismo posesivo, el consumismo y la enajenación, el PRD propone una nueva sociedad en la que el trabajo, la producción y el conocimiento sirvan para satisfacer las necesidades y aspiraciones de todos los seres humanos.

• Conquistar la democracia

El PRD se pronuncia por la construcción de una sociedad democrática, donde todas y todos puedan organizarse libremente para defender sus intereses; donde la ciudadanía tenga acceso a la información y a la cultura, y éstas se produzcan y difundan libremente. Entiende la democracia no solamente como un sistema político, sino también como una forma de vida. Supone la búsqueda permanente de condiciones de equidad no solo en el ámbito del Estado sino en todas las esferas de la sociedad en que se manifiestan relaciones de poder. El PRD no concibe la democracia como una forma de dominación de unos individuos, grupos o clases sobre otras.

Aspira a construir una sociedad democrática en la que prevalezca la solidaridad y la fraternidad entre todos; se respeten los derechos de las minorías, la diversidad y la diferencia; y tengan plena vigencia los derechos individuales, sociales y colectivos; por lo tanto, una democracia representativa, participativa, incluyente y plural, para que todas las ciudadanas y ciudadanos sean libres de expresar sus opiniones y de elegir su forma de vida; que permita el cambio pacífico de los gobernantes y la transformación permanente de la sociedad.

En la construcción de una sociedad democrática, resulta fundamental garantizar la libertad de organización de las y los trabajadores para luchar por mejorar sus ingresos, sus condiciones de trabajo y su nivel de vida. Son también vitales para reclamar el cumplimiento de la ley y la aplicación de políticas públicas encaminadas a redistribuir la riqueza.

El PRD postula la formación de un Estado democrático y social en el que todos los niveles de gobierno rindan cuentas a la ciudadanía, exista transparencia en la administración de los recursos y eficiencia en sus programas y acciones de gobierno. Se debe erradicar en forma definitiva la corrupción, la arbitrariedad y el autoritarismo. Estamos comprometidos con el principio de separación entre las Iglesias y el Estado y nos oponemos a que se utilice el poder político para imponer dogmas o creencias religiosas; nos pronunciamos por un Estado laico que sea tolerante con todas las formas de pensamiento y estilos de vida.

El PRD se compromete a seguir luchando por la democratización del Estado con el objeto de construir una relación entre gobernantes y gobernados fincada en la participación ciudadana permanente, en elecciones libres y equitativas, y apegada a la ley.

Estamos convencidos de que el Estado, como una organización del poder político que se da a sí misma la sociedad, debe instituirse al servicio de ésta. En concordancia con las características de la nación mexicana, ha de ser democrático y federal, representativo y participativo, pluriétnico y pluricultural; procurará, junto con todos sus ciudadanas y ciudadanos, el bienestar general e individual de las mexicanas y los mexicanos, cuidando su desarrollo integral y un progreso humanista

Las artes y los descubrimientos científicos y tecnológicos, son una fuente de enriquecimiento y de expansión del potencial humano. Por ello, lucharemos por ampliar los espacios para su expresión, auspiciar su desarrollo libre y espontáneo y el acceso de toda la población a su disfrute.

Reafirmamos que la sociedad tiene el derecho inalienable e incontestable a establecer el gobierno que más le convenga, alterarlo, modificarlo o abolirlo totalmente cuando así lo requiera.

• Por un desarrollo sustentable

La defensa y protección del medio ambiente es una de las grandes tareas de la humanidad y debe ser considerado un asunto de seguridad nacional. Por ello, el PRD se pronuncia por un desarrollo sustentable. La sustentabilidad consiste en la preservación actual de los recursos humanos y naturales, de tal manera, que no se cancele la viabilidad del desarrollo en el futuro. Aspiramos a un crecimiento económico planificado, armónico y equitativo entre las regiones del país, entre la ciudad y el campo; entre el trabajo y el capital; y entre el mercado mundial y el mercado nacional.

En la construcción de un desarrollo sustentable resulta fundamental no confundir progreso y desarrollo con explotación irracional de la naturaleza. El PRD considera necesario y posible construir un nuevo sistema económico en el que el mercado no determine las necesidades y la orientación de la sociedad, sino que sea ésta la que determine la orientación y el carácter del mercado. Para ello, se requiere incorporar a empresarios y trabajadores a la planeación económica y social, con el objetivo de eliminar progresivamente la explotación, la pobreza y las desigualdades, haciendo posible el acceso de las mexicanas y los mexicanos a los beneficios materiales y culturales que les permita un mejoramiento permanente de su nivel y calidad de vida.

El PRD se pronuncia por armonizar la necesidad de desarrollo económico y tecnológico con la conservación del medio ambiente bajo una visión flexible y responsable del mundo y de su futuro. El crecimiento económico no debe agredir al medio ambiente sino basarse en un aprovechamiento racional y un manejo integral de los recursos naturales, en su preservación y cuidado.

En la batalla por la conservación y recuperación del medio ambiente, la creación de tecnologías limpias es fundamental para el desarrollo sustentable.

• Independencia y soberanía

La independencia de México es la reivindicación del derecho de los mexicanos y mexicanas a tomar sus propias decisiones sin interferencias o presiones provenientes del exterior.

La soberanía es la capacidad del Estado mexicano, como expresión de la voluntad popular libremente manifestada, de asumir sus decisiones y compromisos frente al resto del mundo en beneficio común y a favor de la convivencia internacional justa y equitativa.

La tecnología y los conocimientos científicos han sido controlados por las grandes potencias y corporaciones afectando la conducta y la vida de naciones y pueblos. El desarrollo tecnológico y científico ha sido manipulado deliberadamente para profundizar la dependencia y la explotación irracional de los recursos naturales de los países en desarrollo. Por ello, el PRD asume esta problemática como un asunto estratégico y considera que la generación y aplicación de conocimientos debe ser una herramienta básica al servicio de la soberanía de las naciones y para promover un desarrollo equitativo y sustentable a nivel mundial. .

El PRD se compromete a luchar por liberar al país y al pueblo de México de toda forma de dominación extranjera que se sustente en la fuerza militar o en el poder económico y político. El PRD defenderá el derecho de las mexicanas y mexicanos a decidir libremente sobre su presente y su futuro. Asimismo, aspiramos a una nación abierta al mundo, a sus culturas, al comercio, al intercambio tecnológico y científico y al conocimiento mutuo a través de la convivencia respetuosa y pacífica

IX Cooperación y paz mundiales

El PRD se pronuncia por un orden internacional basado en la paz, el respeto a la soberanía de los países, en la ayuda y la cooperación económica a las naciones más necesitadas, en el intercambio comercial, científico y tecnológico que apunten hacia el desarrollo y el bienestar de todos los países. Se pronuncia por un sistema mundial basado en la cooperación internacional en la que ningún país obtenga beneficios unilaterales sin una compensación al más débil. El P.R.D. pugnará por la existencia de un derecho internacional justo y equitativo y en particular en la aplicación de leyes y regulaciones al capital financiero especulativo.

La globalización, controlada por unos cuantos gobiernos nacionales y corporaciones trasnacionales, deberá dejar su lugar a una nueva mundialización, es decir, a un nuevo orden mundial basado en la distribución, entre todos los pueblos, de los beneficios del conocimiento científico y técnico, en la eliminación de la especulación financiera, en un comercio mundial equitativo y en la libre circulación y divulgación de los bienes culturales y artísticos. Igualmente, el PRD se pronuncia por la democratización de los organismos internacionales y rechaza su utilización por parte de las naciones hegemónicas para enjuiciar e intervenir unilateralmente en otros países.

El PRD aspira y convoca a construir otra globalización, una globalización dirigida por los de abajo, por los ciudadanos y ciudadanas, por los pueblos y comunidades que son la sustancia de las distintas naciones del planeta. Una mundialización que someta la producción y la aplicación del conocimiento al objetivo de enriquecer intelectual, espiritual y materialmente a la humanidad.

El PRD se pronuncia igualmente por la asociación de países a nivel regional y mundial, especialmente con nuestros hermanos de América Latina, con fines comerciales, culturales y políticos siempre y cuando estas asociaciones tiendan a superar las desigualdades y sirvan para que los países de menor desarrollo alcancen niveles superiores de bienestar. Mención especial requieren las y los trabajadores migrantes ya que sufren en todo el mundo y en particular los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, de frecuentes violaciones a sus derechos humanos y laborales. Por ello, el PRD se pronuncia por la defensa y protección de todos los derechos de los mexicanos y las mexicanas que laboran en Estados Unidos y en otros países.

La paz en el mundo será conquistada por la democracia, la igualdad, la libertad y la solidaridad, el respeto a la independencia y la soberanía de los Estados, y la observancia del principio de autodeterminación de los pueblos. El PRD se compromete a luchar por una política internacional que promueva el cuidado y la protección del medio ambiente para un desarrollo sustentable; a favor de la paz, el desarme mundial y la solución pacífica de las controversias. El PRD establecerá relaciones y brindará la más amplia solidaridad con los movimientos y partidos democráticos y de izquierda en el mundo que luchen por los mismos objetivos.

Asistimos a la emergencia de movimientos sociales de nuevo tipo, que son parte de la lucha mundial por la democracia y la justicia social; el PRD las reconoce, se identifica con ellas y se declara parte de las mismas.

Todo lo que antecede define el proyecto de izquierda del PRD. Se trata de los principios que guían la Revolución Democrática que proclama. Le dan identidad y sustento a su actividad política. El PRDreconoce que este proyecto queda abierto a las aportaciones de todos los mexicanos y mexicanas, y convoca a su debate, enriquecimiento y desarrollo.

Dado en la ciudad de Zacatecas a los veintiséis días del mes de abrilPrograma de Acción del PRD
INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental del Partido de la Revolución Democrática es la conquista de una sociedad democrática con igualdad social, en el marco de la independencia nacional y el respeto a la diversidad humana, a la equidad entre los géneros y a la naturaleza. El instrumento programático del Partido de la Revolución Democrática, para llevar a cabo su objetivo fundamental, es la instauración en México de un Estado democrático y social de derecho. El Estado democrático y social de derecho se basa en la capacidad del pueblo mexicano para instaurar las instituciones y crear los derechos que aseguren una convivencia democrática, una sociedad cada vez más justa y una economía en desarrollo permanente. El Estado democrático y social, basado en la libertad política para todas las mexicanas y mexicanos y en las instituciones públicas democráticas, será el medio político para la realización de las reformas sociales necesarias para combatir la desigualdad y garantizar la expansión sostenida y sustentable de la economía.

El Estado democrático y social será el medio para garantizar una creciente igualdad económica con base en la utilización sustentable de los recursos naturales y la capacidad productiva del trabajo social de las mexicanas y mexicanos en beneficio de todas y de todos.

El Estado democrático y social utilizará la planeación democrática con el propósito de lograr la intervención de la sociedad en el establecimiento de las metas y en la realización de las mismas.

El Estado democrático y social de derecho será un instrumento para lograr el pleno reconocimiento de la diversidad en todas sus manifestaciones. Asimismo, será la forma para llevar a cabo la realización de los derechos políticos y culturales de los pueblos indios de México, dentro de una entidad pluricultural, multiétnica y plurilingüe.

Una nueva constitucionalidad será la expresión jurídica fundamental del Estado democrático y social, en la que se plasmen los derechos políticos y sociales, la defensa de los derechos humanos, la reivindicación de los derechos de la mujer, la juventud, la niñez y de las mujeres y hombres de la tercera edad, el acceso de todas y todos a la justicia; los derechos de los pueblos indios; la preservación y disfrute de los recursos naturales; y el ejercicio de la soberanía e independencia nacional.

El Estado democrático y social será el instrumento para que México participe en los procesos de integración económica, política y cultural de los Estados, los pueblos y las naciones del mundo, sobre la base de la lucha contra la expoliación de unos países por parte de otros y en favor de la igualdad entre los Estados, la cooperación internacional, la paz y la solidaridad.

El Estado democrático y social será obra de las trabajadoras y trabajadores de la ciudad y el campo, de la intelectualidad y las capas medias de la sociedad, a través de la lucha política y reivindicativa.

El Partido de la Revolución Democrática presenta su Programa al pueblo de México, como una convocatoria a la acción común tendiente a la conquista de altos objetivos nacionales y populares.

I. DERECHOS INDIVIDUALES, SOCIALES Y COLECTIVOS

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Los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otras resoluciones y declaraciones internacionales serán incorporados plenamente al régimen jurídico mexicano. Se promoverá la integración de un capítulo constitucional referente a los derechos humanos, que deberá establecer la supremacía de los mecanismos internacionales de estos derechos frente a la

legislación interna.

El ejercicio de los derechos individuales se promoverá y protegerá mediante la acción de los mecanismos de la justicia, la administración pública y la legislación, así como a través del proceso educativo, la perspectiva de equidad de género y la promoción de una cultura acorde al respeto de tales derechos.

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Los derechos a la vida, libertad, educación, cultura, lengua, actividad profesional, trabajo, recreación ytiempo libre, manifestación y publicación de las ideas, asociación, petición, voto pasivo y activo, tránsito, acceso a la justicia, privacidad, preferencia sexual, libre decisión sobre el propio cuerpo, la paternidad y la maternidad responsables, no solamente deben ser garantizados por el Estado mediante la prohibición a la autoridad para restringirlos o violarlos, sino también a través de la obligación de aquél de proveer las condiciones necesarias para su pleno disfrute.

El Estado garantizará la igualdad de oportunidades para todas y todos, respetará y hará respetar, cumplirá y hará cumplir los derechos sociales.

La educación pública será gratuita, laica, obligatoria y humanista, sustentada en principios sociales, científicos y éticos, en todos sus niveles.

El acceso de todas las mexicanas y los mexicanos a los servicios de salud y a la salud sexual y reproductiva será garantizado efectivamente por el Estado, sin discriminaciones, a través de un sistema nacional.

La seguridad social será convertida en un sistema universal en beneficio de toda mexicana y mexicano, quien por serlo y residir en el territorio nacional, tendrá derecho a la jubilación o una pensión vitalicia y suficiente que garantice una vida digna.

Todas las mexicanas y mexicanos tendrán derecho a la vivienda, para lo cual el Estado organizará un sistema nacional integrado, a cargo de la Federación y los estados.

El derecho a la alimentación será garantizado por el Estado, mediante subvenciones en alimentos a los más pobres, especialmente a las niñas y niños y a las personas de la tercera edad, hasta la erradicación de la pobreza. Para lograrlo se instrumentarán campañas informativas para combatir la baja cultura alimenticia que persiste en la sociedad mexicana.

El Estado deberá garantizar el derecho al empleo y al salario justo, mediante programas que puedan ser fiscalizados por el poder legislativo; al mismo tiempo, promoverá una política de capacitación laboral. Las trabajadoras y trabajadores tendrán derecho a un seguro de desempleo.

Las campesinas y campesinos tendrán el derecho a la tierra y las aguas, y a la organización productiva bajo su propia dirección. El Estado garantizará que los precios de los productos básicos campesinos se mantengan siempre por encima de los costos de producción.

3

Las niñas y los niños tendrán el derecho a la protección del Estado y de la sociedad, a la alimentación, el vestido, la educación y el esparcimiento. La sociedad se organizará para promover el bienestar y la libertad de las niñas y los niños, con equidad de género, y se prevendrá y castigará el maltrato en sus diferentes formas, la explotación y la discriminación de los menores.

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Las y los jóvenes, por el hecho de serlo, tendrán derecho a la educación, la cultura, la salud sexual yreproductiva, el esparcimiento, el deporte, la recreación y la información, sin que ninguna autoridad pueda impedir u obstaculizar el ejercicio de tales derechos; el Estado creará y desarrollará permanentemente las condiciones necesarias para su disfrute. El Estado y los particulares no podrán rechazar o combatir las formas de expresión de las y los jóvenes. La ciudadanía se obtendrá a partir de los 16 años. Las organizaciones juveniles disfrutarán del derecho colectivo de ser escuchadas por las autoridades y órganos del Estado, antes de que éstas asuman decisiones que afecten a los jóvenes.

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Nuestros mayores, mujeres y hombres, a partir de los 55 años las primeras y 60 los segundos, tendrán el derecho a la jubilación o pensión, tanto contributiva como no contributiva; tendrán también el derecho a la atención médica y a la realización de actividades productivas y de esparcimiento y diversión. El servicio urbano de transporte colectivo será gratuito para todas las personas mayores de 60 años, quienes además gozarán de descuentos en todos los demás servicios de transporte y en el acceso a los lugares de arte y cultura del país.

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La sociedad y el Estado se organizarán para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, o capacidad diferente, a la rehabilitación, el transporte, el traslado y el trabajo. Mediante acciones afirmativas, las oficinas públicas y las empresas emplearán obligatoriamente a discapacitadas y discapacitados. El lenguaje de señas y los sistemas de lectura de los invidentes serán introducidos en los medios de comunicación concesionados y en la vida pública del país.

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El Estado, por mandato constitucional y por una responsabilidad ética impostergable, tomará un papel protagónico en el combate a la desigualdad y a la pobreza. Retomará el vinculo con las organizaciones

civiles que han demostrado alta eficacia en el impulso de programas sociales. Reorientará las políticas publicas y los recursos de la Federación, de modo que exista una política congruente que combata, por un lado, la desigualdad y la pobreza y, por el otro, fomente el crecimiento económico. Fortalecerá las instituciones sociales, incluyendo una instancia de monitoreo independiente y de composición ciudadana que revise los avances reales en materia social.

Todos los programas de atención a los pobres deberán incluir el objetivo de incrementar la capacidad de autogestión de las comunidades. Los programas focalizados, que incluyan la entrega de alimentos y de dinero, en casos de extrema pobreza, serán temporales pero se deberán hacer las reformas legales pertinentes para transformar estos programas en derechos de la población, evitando su manipulación política. El Estado realizará periódicamente una evaluación técnica de los programas tanto de beneficio universal como los focalizados, para medir avances, y definirá los mínimos de bienestar De todo ello, se deberá informar ampliamente a la sociedad.

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La equidad entre los géneros será política de Estado, por lo que ésta se promoverá mediante la educación y las leyes. En el proceso de conquista de tal equidad, las acciones afirmativas se convertirán en políticas públicas y en leyes de aplicación obligatoria. En los puestos de mando de las dependencias públicas y en las instancias de representación popular ningún género podrá encontrarse en mayoría. Serán declarados fuera de la ley los requisitos de trabajo o actividad de cualquier tipo tendientes a discriminar a las mujeres o a impedir o desalentar la maternidad.

Quedarán prohibidas todas las formas de discriminación de la mujer y se penalizará y perseguirá todo abuso, incluyendo el hostigamiento sexual; se impulsará la prevención de la violencia intrafamiliar y se apoyará a las víctimas de la misma.

El Estado promoverá las formas de expresión y la cultura encaminadas a combatir el machismo y el sexismo, por lo que impulsará una transformación cultural mediante campañas educativas que promuevan los valores de equidad, respeto y tolerancia. Los códigos de lo familiar y todas las leyes promoverán la equidad entre mujeres y hombres.

Se apoyará la educación en salud sexual y reproductiva y se impulsarán los servicios para la instrumentación de programas de esta materia con una perspectiva de equidad de género.

El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado y organizará estancias infantiles para todas las niñas y niños. Impulsará

la plena integración de la mujer en todos los aspectos de la vida social, cultural, política y económica; para este fin, el Plan Nacional de Desarrollo contemplará un capítulo sobre equidad de género, del que se derivarán programas tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato. La legislación solamente penalizará la interrupción del embarazo que se realice de manera forzada y, voluntariamente, fuera de los plazos y formas que señale la propia ley.

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Los grupos humanos tendrán derechos de carácter colectivo a la protección legal de sus costumbres, culturas, lenguas e identidades propias. El Estado garantizará el derecho a la diferencia y combatirá toda forma de discriminación y segregación y; al mismo tiempo, proveerá lo necesario para la existencia y libre expresión de la diversidad.

Será eliminada de las leyes y reglamentos administrativos toda norma tendiente a reprimir o condenar las preferencias sexuales. Las autoridades no podrán prohibir o impedir formas de vestir o expresiones artísticas bajo consideraciones morales correspondientes a un individuo, grupo de individuos o cualquier religión.

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Los derechos culturales y políticos de los pueblos indios de México serán plenamente reconocidos. El Estado respetará las tradiciones, culturas, formas de expresión y lenguas indígenas y, al mismo tiempo, promoverá los medios para que éstas puedan manifestarse efectivamente y con libertad. Los pueblos indios tendrán derecho a constituir sus propias instancias de gobierno en los territorios donde habitan, por voluntad mayoritaria de la ciudadanía de esas regiones, las cuales gozarán de autonomía, en el marco de las constituciones de los estados y de la general de la República.

La autonomía deberá entenderse como el régimen jurídico-político creado dentro del Estado nacional mexicano con el objeto de hacer posible que los pueblos indios decidan

sobre sus propios asuntos, disfruten de garantías para el desenvolvimiento de sus culturas, tomen parte del desarrollo económico y social, intervengan en las decisiones sobre el uso de los recursos naturales yen los beneficios de los mismos, y puedan participar con auténtica representación en la vida política tanto local como nacional.

Los derechos de los indígenas deberán instituirse como el reconocimiento legal de las prerrogativas que les corresponden en tanto pueblos. Los derechos específicos de los indígenas deberán expresar, efectivamente, el reconocimiento de que la nación mexicana tiene una composición multiétnica, pluricultural y plurilingüe.

La ley determinará con precisión la forma en que los pueblos indios de México, tanto los originarios como los migrantes, tendrán representación propia en los poderes Legislativos de los estados y en el federal, así como en los ayuntamientos de los municipios donde dichos pueblos sean minoritarios. La legislación también garantizará el uso de las lenguas indígenas en el sistema educativo nacional, los órganos de procuración e impartición de justicia y los medios de comunicación.

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Las trabajadoras y trabajadores asalariados de la ciudad y el campo ejercerán el derecho a la libre sindicalización sin injerencias gubernamentales o patronales en la vida interna de sus propias organizaciones. No se permitirá la afiliación colectiva y forzosa de los miembros de sindicatos, federaciones, confederaciones, uniones o frentes a un partido o agrupación política nacional o estatal.

La libertad sindical será respetada: los trabajadores podrán ejercer, por decisión propia, el derecho a la asociación sindical y la contratación colectiva. El principio de la democracia sindical regirá el funcionamiento de tales organizaciones, en las que toda dirección y representación será producto del sufragio directo, secreto y universal de los miembros de las organizaciones sindicales.

Los tribunales del trabajo serán instancias de pleno derecho, integrados en el poder judicial. Se fortalecerán las instancias de conciliación tanto individual como colectivas. Los derechos de sindicación, contratación colectiva y huelga no podrán ser negados o limitados por ley alguna; los trabajadores y trabajadoras del Estado gozarán de estos mismos derechos. Se promoverá una reforma al Artículo 123 constitucional, que elimine los apartados A y B, y proponga su reforma integral. Se instituirá, asimismo, un organismo público descentralizado defensor de los derechos de los

trabajadores.

La jornada laboral máxima será de 40 horas semanales con pago de 56, como primera etapa en la conquista de la jornada de 35 horas, sin menoscabo de las reducciones conferidas a las mujeres en la lactancia, lo que será válido en todo el territorio nacional.

El Congreso de la Unión establecerá el salario mínimo general y los mínimos profesionales, a través de una ley que desaparecerá a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y normará, además, el seguro de desempleo, el cual será integrado dentro de la seguridad social, con aportaciones de las empresas, y una recuperación salarial que amplié la diferencia entre el salario medio y el ingreso mínimo asegurado de cada desempleado.

Los derechos laborales serán respetados sin excepción y se garantizarán aquellos suscritos por México en diversos tratados internacionales. En las leyes laborales se introducirá la perspectiva de equidad de género.

Las trabajadoras y trabajadores tendrán derecho a crear libremente empresas cooperativas, cuyo régimen interno será democrático. El Estado promoverá, mediante asesoría técnica y financiamiento, la creación y desarrollo de las cooperativas.

II. DESARROLLO SOSTENIDO, SUSTENTABLE E INCLUYENTE

12

Frente a la crisis del modelo económico actual, se promoverá una nueva economía basada en el desarrollo sostenido, sustentable e incluyente, en el marco de un proceso de redistribución del ingreso.

Esto significa transitar de una economía dominada por los poderosos intereses financieros hacia una economía productiva; establecer un nuevo equilibrio entre el sector de exportación y el mercado doméstico; propiciar nuevas relaciones con el exterior; impulsar un crecimiento económico respetando

la naturaleza y garantizando su sustentabilidad; introducir la planeación democrática del desarrollo; definir nuevos vínculos entre el campo y la ciudad; rescatar el ingreso popular; reestablecer los mecanismos de financiamiento productivo; y redefinir el papel del Estado y el que deba corresponder al mercado.

Instrumentar esta estrategia requiere articular las políticas de crecimiento con las de regulación delsector externo y financiero para evitar la inestabilidad y el desequilibrio macroeconómico, así como sentar las bases de una nueva economía que sustituya el modelo actual de crecimiento insuficiente e inestable, generador de pobreza y

desigualdad. La nueva economía regionalizará los programas de desarrollo para superar los desequilibrios existentes y promover el desarrollo de acuerdo a las condiciones particulares de cada zona geográfica del país.

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Se promoverá un conjunto de medidas dirigidas a impulsar el crecimiento económico sostenido y sustentable, con el fin de generar los puestos de trabajo requeridos e iniciar la recuperación salarial. Se buscará lograr un crecimiento suficiente para responder a la demanda de nuevos empleos y disminuir paulatinamente el subempleo. Se impulsará el crecimiento del Producto Interno Bruto con la meta de alcanzar alrededor del ocho por ciento anual. En un primer momento, la base del crecimiento la conformarán el sector secundario exportador y la reactivación de la industria de la construcción, el sector agropecuario, la industria de bienes de consumo básico y los sectores donde hay un predominio de la pequeña y mediana empresa, con políticas activas de fomento y de incremento de la inversión pública. Estas actividades económicas reúnen características favorables para generar empleo sin producir presiones inflacionarias o un déficit externo incontrolable. El predominio de la ciudad sobre el campo ha llegado a límites intolerables, incosteables e insostenibles, por lo que es imperativo instrumentar nuevas políticas de desarrollo, privilegiando las zonas de mayor rezago y el crecimiento de las ciudades intermedias.

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Las políticas de reactivación económica formarán parte de una estrategia de reconstrucción del aparato productivo del país, severamente lesionado por el modelo financiero, la depresión salarial, la falta de crédito para la producción y la indiscriminada apertura externa. Crear las condiciones propicias para una economía productiva implica desplegar una política industrial activa, revertir la profunda crisis del campo yconstituir un sistema financiero capaz de proporcionar eficiente y transparentemente los servicios que requiere el aparato productivo. Se necesita además una política activa de desarrollo científico-tecnológico y educativo.

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Otra condición para una economía productiva sustentable, es una política ambiental coherente ysistemática que permita el aprovechamiento racional y la conservación de los recursos naturales renovables y no renovables; privilegie proyectos productivos con bajo impacto ambiental; incluya los costos y los beneficios ambientales y de salud como parámetro de planeación; y promueva el desarrollo científico y técnico en esta materia.

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La instrumentación de esta estrategia requiere que el poder público asuma un papel importante en la rectoría, regulación y promoción del desarrollo, lo que deberá plasmarse en medidas legislativas.

Requiere también un sistema de planeación democrática del desarrollo, con la participación de todos los sectores productivos del país, el impulso de sistemas de crédito accesibles, la racionalización de la política de subsidios, la revisión de los tratados comerciales, particularmente el de América del Norte (TLCAN); y una vigorosa reforma fiscal integral.

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El manejo de las variables fundamentales de la economía en su conjunto debe orientarse hacia un crecimiento sustentable con aumento del empleo para mujeres y hombres y con la utilización plena de la capacidad productiva instalada. El eje del programa económico requiere la elevación constante y generalizada de la productividad del trabajo y del capital; éstos serán los cimientos de la recuperación del crecimiento económico y del empleo.

18

La intervención gubernamental en los mercados de capital y en la regulación de la fuerza de trabajo ha distorsionado y deteriorado profundamente las bases productivas del país; ha arruinado su competitividad internacional e interna y ha reducido las fuentes de empleo, el ingreso y los mercados nacionales. Al mismo tiempo que se encarecen los costos del capital con altas tasas de interés, se subsidian las importaciones del exterior con un peso sobrevaluado y se restringen las oportunidades de empleo y salarios, sin relación alguna con la productividad del trabajo. Asimismo, se concentra y exporta inequitativa, ineficiente y especulativamente la riqueza y el ingreso nacionales. Esta es una situación que es preciso superar.

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El desarrollo generalizado de la productividad es condición necesaria para un crecimiento suficiente y estable. Hasta ahora se ha apostado al crecimiento de enclaves de producción transnacionalizados como el automotriz y la industria maquiladora. El límite de dicha estrategia está a la vista, ya que a pesar de que las exportaciones de manufacturas han crecido de manera importante existe un desequilibrio entre éstas y las importaciones. Es necesario que la planta productiva se desarrolle ampliando su mercado interno y externo. Para que la productividad crezca se necesita que los salarios se recuperen de manera generalizada y sostenida.

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Si algo ha caracterizado con nitidez las políticas neoliberales aplicadas en nuestro país, a partir de los años ochenta, ha sido la política de contención salarial que provocó que se desplomara el nivel de vida de los trabajadores. Ante la desventaja de los trabajadores frente al capital y sin soslayar que la planta productiva requiere operar con altos grados de eficacia y eficiencia, el PRD luchará porque se aplique una política de Estado que contemple la gradual pero sostenida recuperación salarial, con aumentos superiores a la inflación registrada durante un año.

Es indispensable restituir el salario mínimo como elemento básico para determinar los precios de la fuerza de trabajo y como elemento del cálculo económico. Después de realizar los estudios y consultas de manera obligatoria y sistemática, tanto con sindicatos como con empresarios, el Congreso de la Unión debe decretar los salarios mínimos con plena fuerza legal. Los salarios contractuales se determinarán mediante una relación libre y democrática entre la fuerza sindical y los patronos, sin la intromisión arbitraria del gobierno. La liga de las percepciones del trabajo a los incrementos en la productividad sólo podrá lograrse mediante una relación libre entre sindicatos representativos y empresarios.

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La responsabilidad consecuente de la política económica del Estado debe orientarse por los lineamientos siguientes:

· Sustituir el trato discriminatorio a la producción nacional frente a la producción del exterior, con apoyos a la base productiva mexicana que la equilibren con aquellos que los Estados extranjeros dan a sus propias bases productivas;

· vincular las condiciones de competitividad de los mercados financieros nacionales con los internacionales, con el objeto de reducir las tasas de intermediación en beneficio de ahorradores e inversionistas productivos;

· recuperar el poder adquisitivo del salario;

· sustituir la protección oficial a la monopolización creciente de los mercados más dinámicos y su transferencia a empresas controladas desde el exterior por el impulso a la pequeña y mediana empresas que constituyen la base más vigorosa para la expansión de la producción, el empleo y la competitividad internacional;

· apoyar a las empresas nacionales en la innovación y adaptación de tecnologías productivas y ambientalmente sanas;

· promover la inversión extranjera productiva; y

· apoyar la creación de tecnología mexicana y defender la soberanía tecnológica.

Para todo ello, se promoverá la introducción del concepto de democracia económica, a través de la reforma de los Artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

22

La factibilidad de la reestructuración productiva depende de un marco institucional de planeación que imprima racionalidad, coherencia, responsabilidad y legalidad al ingreso, al gasto y a la inversión públicos,y que elimine la discrecionalidad del Ejecutivo federal en el manejo de las finanzas públicas. La base para la planeación democrática es la ampliación de las facultades del Congreso y la asunción práctica de sus responsabilidades para captar, asignar y fiscalizar los recursos presupuestales, en consonancia con los requerimientos regionales y estatales de infraestructura y desarrollo, con el fin de incrementar la productividad agropecuaria, industrial y de servicios.

Se modificará integralmente el sistema de planeación, presupuesto, control, vigilancia y fiscalización, democratizando la gestión económica del Estado. La participación de los sectores productivos en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se reglamentará con precisión para evitar la discrecionalidad del gobierno en su elaboración y para integrar las propuestas y potencialidades del aparato productivo. El Poder Legislativo tendrá la facultad de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales.

23

Se acortará la fecha legal máxima para la presentación por parte del Ejecutivo de los criterios generales de política económica, el plan de ingresos, el financiamiento público y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, con el objeto de que se logre organizar la discusión pública y los legisladores cuenten con suficiente tiempo para analizarlos, discutirlos y aprobarlos. Se creará también el Consejo Consultivo de Planeación Económica y Social con la participación de los diversos agentes económicos y organizaciones sociales que se encargue de encaminar la reestructuración productiva y financiera.

24

La política fiscal es un instrumento poderoso para orientar la economía. Durante los últimos 10 años del siglo XX, el Estado sacrificó cinco puntos del PIB, mediante concesiones y adecuaciones fiscales, tendientes a promover el modelo financiero de economía.

El Estado asumirá plenamente sus responsabilidades económicas fundamentales, consistentes en desarrollar la infraestructura productiva y mejorar las condiciones educativas y de salud de la fuerza de trabajo, las cuales constituyen el núcleo para el incremento sostenido de la productividad, única garantía del bienestar futuro de México y su inserción competitiva en el mercado mundial.

La reforma fiscal integral se realizará sobre las siguientes bases:

· fortalecimiento de la capacidad recaudadora para asegurar el financiamiento sano del gasto público;

· eliminación del sistema fiscal que se aplica como régimen simplificado a medianas y grandes empresas agropecuarias y del transporte;

· eliminación del sistema de consolidación fiscal que aplican las controladoras de empresas;

· progresión adecuada en el sistema, fortaleciendo la capacidad redistributiva del impuesto sobre la renta por medio de una diferenciación mayor de las tarifas según los niveles de ingreso;

· oposición a la aplicación de impuestos regresivos aplicados al consumo de alimentos básicos, medicinas, libros, transporte popular, etcétera, que dañen la economía de los sectores más desprotegidos de la población;

· simplificación del sistema fiscal para dar estabilidad, certeza jurídica y transparencia;

· ampliación de la base de contribuyentes con la incorporación al régimen fiscal de sectores informales de la economía;

· gravamen en rango competitivo internacional, de las actividades especulativas;

· superación gradual de la excesiva dependencia petrolera de las finanzas públicas;

· descentralización de algunos impuestos a estados y municipios fortaleciendo el federalismo;

· redistribución de los impuestos federales mediante una nueva Ley de Coordinación Fiscal incrementando la participación de municipios y estados.

· vigilancia para que las participaciones de la federación hacia los estados y municipios sean transferidos en su totalidad y en los tiempos que marca el presupuesto de egresos que anualmente aprueba la Cámara de Diputados.

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Se eliminarán los recursos destinados a gastos onerosos, ilegales, poco transparentes, ineficientes o de baja prioridad, con el propósito de elevar las asignaciones a los rubros que conducen al logro de las metas de desarrollo incluyente y el cumplimiento de las responsabilidades sociales del Estado:

· cancelar los bonos y remuneraciones injustificadas de altos funcionarios;

· combatir frontalmente la corrupción y la confluencia ilegítima de los intereses del poder económico con el poder público;

· revisar la deuda contraída en las operaciones de rescate de los bancos comerciales, con el propósito de buscar un mayor pago de los grandes deudores del sistema financiero a través de medidas de carácter político, legal y moral;

· promover en el ámbito internacional, junto con los demás deudores, un nuevo acuerdo global sobre la deuda externa de los países en desarrollo que incluya principios como la corresponsabilidad, la ampliación de los plazos de pago, la fijación del pago de intereses de acuerdo a la capacidad de pago del cada país y quitas al principal;

· promover la reducción y estabilización de las tasas internas de interés;

· reestablecer sobre bases financieramente sanas el sistema solidario de jubilaciones;

Con estas medidas y con un déficit fiscal manejable, se dispondrá de más recursos públicos que se orientarán al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la nueva estrategia económica, lo que significa:

· priorizar el gasto y la inversión pública en ciencia y tecnología, seguridad social, salud y educación públicas, y en bienestar social, con el propósito de aliviar, primero, la devastación social crítica y, ulteriormente, para el cambio estructural en condiciones sociales que permitan el incremento sostenido del empleo y la productividad;

· elevar la inversión en infraestructura productiva, desarrollo agropecuario, fomento de las industrias estratégicas y en la mediana y pequeña empresas, en complemento y apoyo de la privada, para reanimar el mercado interno con el objeto de recuperar tasas de crecimiento que permitan absorber el desempleo, enfatizando los requerimientos regionales y de protección ambiental en el cambio en el patrón de desarrollo;

· fortalecer la capacidad de inversión de los estados y municipios para el desarrollo regional;

· instrumentar en el corto plazo la elevación de los salarios reales de los empleados públicos, programas de capacitación y servicio civil de carrera; y

· fortalecer y ampliar la infraestructura de comunicaciones y transportes.

26

La nueva estrategia económica incluye la política monetaria y financiera como medio, no como fin. Para llevar a cabo esta estrategia, es necesario recuperar la política monetaria como instrumento del crecimiento. Esto implica garantizar la soberanía monetaria y revisar el papel del Banco de México en la conducción de la política económica. La soberanía monetaria requiere del control sobre los flujos de capital y el tipo de cambio, lo que sólo se logrará elevando las funciones del Estado en el control financiero y monetario.

La política financiera tendrá el propósito de dar sustento a la economía productiva en expansión ygenerar las condiciones de acumulación y pago. Esto significa reorientar la política crediticia y de endeudamiento gubernamentales, reduciendo los costos de intermediación, acercando gradualmente las condiciones de financiamiento y las tasas de interés con las internacionalmente competitivas y manteniendo un estricto control presupuestal de los niveles de endeudamiento público no inflacionario para financiar el gasto público.

La reforma financiera tendrá como propósitos:

· regular las operaciones de la banca comercial para recuperar su función de promotora del crédito;

· evitar prácticas especulativas y vincular las operaciones bancarias a la esfera productiva;

· recuperar el papel de la banca de desarrollo como promotora del desenvolvimiento de sectores económica y socialmente estratégicos;

· regular las operaciones de la Bolsa de Valores, para que cumpla su papel de mercado extrabancario de capitales complementarios;

· garantizar una adecuada y rigurosa supervisión pública para eliminar prácticas anómalas e ilícitas.

La política cambiaria debe usarse, en combinación con otras medidas de regulación flexible de la balanza de pagos, para desvincular las tasas internas de interés de los movimientos especulativos del mercado internacional. Es necesario abandonar la práctica de mantener tasas reales muy por encima de las del mercado internacional y tipos de cambio sobrevaluados, porque se coloca en desventaja a los productores nacionales y se impide la realización de una política de desarrollo. El descenso en las tasas de interés no provocará una fuga de capitales si se acompaña de un aumento en la productividad interna del capital.

27

Para defender y promover los intereses de las mexicanas y mexicanos en niveles de ingreso y coeficientes de ahorro e inversión capaces de sostener un proceso de desarrollo en la economía global, lo primario es la construcción de una capacidad productiva, organizativa y negociadora nacional para actuar con eficiencia en el entorno global.

En consecuencia, se buscará la revisión de los tratados comerciales sobre las siguientes bases:

· retirar del TLCAN el sector de granos básicos, así como otros productos agropecuarios, lo que permitirá mantener una política de apoyo a este sector;

· recuperar las compras del sector público como palanca de la política industrial;

· adecuar las reglas de la inversión extranjera directa a los requisitos de desempeño relacionados con valor al agregado nacional y la balanza comercial, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC);

· restablecer las medidas de excepción por dificultades de balanza de pagos;

· modificar diferenciadamente la duración de las patentes y reducir su amplitud;

· incluir el tema de la movilidad de la mano de obra, en el marco del respeto a los derechos humanos, y;

· establecer fondos compensatorios dirigidos a proyectos de desarrollo regional, educación, ciencia, tecnología e infraestructura que contribuyan a reducir el efecto de las asimetrías.

28

La construcción de las capacidades científico-tecnológicas requeridas para garantizar un cambio cualitativo en las fuerzas productivas del país es una responsabilidad histórica del poder público. Este esfuerzo nacional de largo alcance sólo puede realizarse bajo la planeación y coordinación del Estado ymediante un conjunto de políticas públicas formuladas en función de un proyecto de nación. Debe abarcar e integrar las instituciones educativas y de investigación y desarrollo tecnológico, así como los distintos agentes económicos. Del éxito de este esfuerzo depende no sólo la viabilidad de México como nación soberana y productiva, sino también la posibilidad de garantizar a todos los mexicanos y las mexicanas su derecho a un trabajo digno, creativo y remunerativo que aporte al bien colectivo. Hacia este propósito se deberá:

· identificar y dar prioridad a áreas de investigación claves para el desarrollo científico nacional en función de las prioridades del desarrollo productivo, social, regional, ambiental y político, así como áreas particulares, donde es posible alcanzar alta competitividad internacional, con base en el uso innovador de los recursos naturales;

· desarrollar un marco legal, institucional y ejecutivo que otorgue el adecuado rango a la ciencia y la tecnología y que permita la interacción del sector público, la comunidad científico-universitaria y la comunidad empresarial, sin lesionar la autonomía universitaria;

· incrementar el gasto público en ciencia y tecnología y establecer mecanismos para garantizar la continuidad racional de los esfuerzos y los recursos dedicados a ellas;

· fomentar y comprometer con inversión la participación del sector privado en el esfuerzo nacional de desarrollo científico-tecnológico, con la incorporación de la innovación y de la adaptación científico-tecnológica en las empresas, adecuando y revisando el régimen de propiedad industrial y de patentes;

· desarrollar un programa nacional de apoyo y divulgación científico-tecnológica dirigido a la pequeña y mediana empresa industrial, agropecuaria y pesquera; desarrollar, en interacción con los sectores privado y social y con los gobiernos de los estados y municipios, un marco regionalizado participativo para la descentralización de la actividad científico-tecnológica y su orientación a las necesidades y condiciones locales de desarrollo.

29

Se requiere generar más de un millón de puestos de trabajo al año sólo para satisfacer la demanda de las y los jóvenes. Sin embargo, la política de población no puede separar los objetivos demográficos de otros objetivos socioeconómicos y requiere el compromiso de mujeres y hombres. Los factores sociales, culturales y de condición de género son predominantes para determinar las tasas de natalidad y fecundidad, así como también la participación de la mujer en la actividad económica y el mejoramiento de sus condiciones sociales, culturales y de salud. La densidad, movimiento y tasa de crecimiento de la población no pueden ser modificados positivamente si no se realiza simultáneamente un esfuerzo de desarrollo. De esta forma, la política de población tendrá un enfoque mucho más amplio que el de verificar cifras; tiene que orientarse a mejorar la calidad de vida humana en términos de salud, educación y desarrollo social.

En este contexto resultarán exitosas las campañas de salud sexual y reproductiva que deben ofrecer a mujeres y hombres un acceso libre, informado y socialmente responsable a métodos de planificación,seguros y dirigidos, que no dañen sus condiciones de salud. En ningún caso es aceptable someter a la población a programas que violenten su derecho a decidir sobre el número de hijas e hijos que desea procrear, mediante acciones basadas en engaño o coerción.

30

El Estado mexicano ha abandonado las responsabilidades asumidas por todo Estado de proteger y desarrollar la producción agropecuaria, garantizar la suficiencia alimentaria y elevar el ingreso rural.

Este abandono explica que este sector sólo participe con un siete por ciento del PIB –a pesar de concentrar una cuarta parte de la población económicamente activa– y que tenga una productividad media muy baja. La magnitud que ha alcanzado la crisis agropecuaria como resultado de la política neoliberal, se expresa en la imposición de precios relativos y marcos de comercialización ruinosos, y en la reducción de la inversión y el gasto públicos en infraestructura productiva, en crédito preferencial y en educación y apoyo técnico. En consecuencia, se abastece la demanda de consumo nacional de granos básicos con importaciones en más del 40 por ciento, con un incremento peligroso de la dependencia alimentaria.

Se impulsará especialmente la reactivación económica y productiva del campo, la elevación de las capacidades productivas agropecuarias y el mejoramiento de las condiciones de la vida rural.

Se creará un nuevo marco institucional para democratizar, regionalizar y descentralizar la programación, presupuesto y administración de la acción pública de acuerdo con las características y peculiaridades del territorio y del medio ambiente natural y cultural. Las distintas formas productivas y las potencialidades de la diversidad de recursos genéticos y de agroambientes ofrecen enormes posibilidades para un desarrollo sustentable y socialmente aceptable en nuestro país.

Los lineamientos de la estrategia de desarrollo rural integral abarcan cambios en la relación entre el poder público y los productores y en la gestión estatal; el fomento de la producción para el mercado interno y la redefinición de la inserción en el mercado internacional y son:

· establecer un sistema descentralizado y regionalizado para el presupuesto, canalización y asignación de apoyos productivos con participación de representantes de los productores democráticamente elegidos y responsables ante sus representados;

· reivindicar que las y los campesinos son agentes productivos importantes para el desarrollo del país y no destinatarios de la caridad pública o reservorio de votos;

· revisar las reformas al Artículo 27 constitucional para fortalecer la propiedad social, continuar el reparto, concluir el rezago agrario y dar seguridad en las distintas formas de la tenencia de la tierra; restituir al ejido el carácter imprescriptible e inalienable; reducir los límites de la propiedad privada; eliminar el derecho de las sociedades mercantiles a ser propietarias de tierras productivas; limitar el “rentismo” de la tierra y elevar la propiedad social de la tierra a categoría constitucional;

· canalizar al menos el 12 por ciento del gasto total federal a actividades de desarrollo rural;

· revisar los tratados y acuerdos de libre comercio;

· reorganizar el sistema de educación técnico-agropecuario vinculándolo regionalmente con la base productiva, y articulándolo con el desarrollo de servicios eficientes de asistencia técnica;

· impulsar la investigación biotecnológica y agropecuaria para el aprovechamiento racional de los recursos biogenéticos y los agroambientales;

· priorizar la inversión pública en infraestructura productiva, de conservación y regeneración de suelos yrecursos acuíferos y de ampliación de la frontera agrícola, así como desarrollar un marco de control sobre los fertilizantes y desechos peligrosos que contaminan y esterilizan la tierra;

· introducir subsidios vía precios y subsidios directos a los costos de producción, diferenciados por producto y tipo de productor, para evitar la competencia desleal con las importaciones y lograr la capitalización del sector y fortalecer su capacidad de absorción de mano de obra y de regeneración del ingreso rural;

· establecer un sistema de crédito preferente canalizado por la banca de desarrollo y de seguros agrícolas;

· promover la industrialización y comercialización eficiente, competitiva y remunerativa de la producción del campo para contribuir al abasto nacional de alimentos básicos y procesados, reactivando la planta productiva agroindustrial y apoyando la formación cooperativa regional y el desarrollo de economía de escala para la adquisición de insumos productivos, tecnológicos y financieros y para el procesamiento ycomercialización nacional e internacional de productos;

· reconstruir las cadenas productivas promoviendo la apropiación del proceso de producción, transporte, almacenamiento, comercialización e industrialización por parte de los productores mexicanos;

· disminuir gradualmente el volumen de las importaciones de productos básicos para garantizar la soberanía alimentaria, importando sólo aquéllos que no se pueden producir internamente.

Para lograr un campo digno y progresista, se requerirá, además del fortalecimiento de los derechos de propiedad, conceptualizados más ampliamente que la tenencia de la tierra, la reducción de los costos de transacción en la aplicación de políticas y en las relaciones productivas y de servicios en el campo; el establecimiento de sistemas de arbitraje que proporcionen un marco de certidumbre a las relaciones entre particulares y con los órganos de gobierno de diversos ordenes; completar y mejorar el marco jurídico y normativo que rige la vida en el campo: reconocer las representaciones de los productores como entidades de interés publico; integrar las cadenas productivas para expandir las oportunidades en el campo y retener el valor de la producción; tomar en cuenta la preponderancia creciente de las mujeres en los procesos rurales; proporcionar un entorno económico favorable para la pequeña producción y las empresas agropecuarias y forestales, el mejoramiento tecnológico, el uso eficiente de agua de riego y de la energía eléctrica; prestar atención especial a grupos más desfavorecidos como los jornaleros, las mujeres y los ancianos y, particularmente, combatir desde sus causas el trabajo infantil.

31

El sector pesquero mexicano también ha sido víctima del abandono estatal, sufriendo una grave descapitalización, con el consecuente deterioro de las condiciones de vida de los productores, sobre todo de los pescadores ribereños. Para que la pesca y la acuicultura contribuyan al desarrollo rural integral, se impulsarán los siguientes lineamientos:

· aumento de la inversión pública en esta actividades, para hacer accesible el crédito, mejorar la infraestructura productiva, diversificar las exportaciones, regenerar el medio natural y en general, mejorar las condiciones de vida de los pescadores y acuicultores y de sus familias.

· un programa integral que impulse tanto la pesca tradicional como la acuicultura;

· condiciones de equidad para los pescadores ribereños y de alta mar:

· promoción de la producción de larvas en laboratorios;

· ampliación del crédito acuícola que incluya la reapertura de los apoyos para la construcción de granjas bajo esquemas flexibles de financiamiento;

· diversificación de la producción acuícola.

32

El puntal para el crecimiento sostenido de la productividad es la industrialización, ambiental y regionalmente equilibrada.

La nueva política industrial tendrá como objetivo resolver los problemas estructurales de la economía mexicana que las fuerzas del mercado no pueden corregir. Su propósito es modernizar la industria para disminuir su dependencia de las importaciones, dinamizar el mercado interno, corregir desequilibrios regionales y alcanzar una inserción favorable de México en el mercado mundial. Un requisito para lograr este objetivo es establecer un marco institucional de interacción funcional público, privado y social que tenga como propósito identificar las ventajas comparativas para la estabilidad del proceso de industrialización, sus requerimientos de infraestructura, de educación técnica y capacitación, de investigación y desarrollo tecnológico, financiero y de comercialización.

Los ejes a rt iculadores y las condiciones de la política industrial son:

· reconstrucción de las cadenas productivas para articular la estructura industrial, disminuir la dependencia de insumos intermedios importados e impulsar a la mediana y pequeña empresas que, en condiciones de equilibrio, han mostrado tener una gran flexibilidad para ajustarse a los mercados nacionales e internacionales y, con ello, dar lugar a un crecimiento sostenido con generación de empleo, sin caer en un déficit externo incontrolable;

· consolidación del sector paraestatal estratégico, en especial de energéticos, petroquímica y obras de infraestructura, con el propósito de conservar la soberanía nacional y dinamizar el crecimiento;

· desarrollo de ramas industriales prioritarias productoras de bienes de capital y algunos insumos intermedios, identificadas y promovidas por el Estado tal como ha ocurrido en todas las economías exitosas;

· fortalecimiento del potencial exportador con la promoción de nichos de alta productividad y competitividad internacional como la petroquímica, cerveza, vidrio, cemento, y el fomento a industrias de componentes, partes y refacciones de productos del mercado internacional con expansión muy dinámica, como equipos de computación e informática;

· desarrollo y asimilación de los avances tecnológicos articulándolos con la política educativa y científicay la apropiación de la tecnología importada en las empresas que la usan;

· revisión de la política de comercio exterior;

· refuncionalización del sistema financiero con el fin de que responda a las demandas crediticias.

33

El sector energético es estratégico para la conquista de un desarrollo sostenido, sustentable e incluyente. Se mantendrá la propiedad de la nación sobre las industrias petrolera y eléctrica, entendiendo la explotación, extracción, transformación y distribución en el primer caso, y la generación y distribución de la segunda.

Se impulsará una política energética bajo los siguientes lineamientos:

· la profesionalización, honestidad, racionalización y suficiencia técnica en la administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX), y los organismos del sector eléctrico con objeto de hacer efectivo el dominio directo de la nación sobre sus recursos energéticos, así como asegurar un manejo empresarial eficiente;

· la reorganización gradual de los impuestos y derechos y la canalización prioritaria de los excedentes al desarrollo de la industria nacional;

· un programa nacional de diversificación, ahorro y conservación de energía, dentro de un marco de protección al ambiente;

· el desarrollo de fuentes alternativas de energía no contaminantes y en equilibrio con el medio ambiente;

· el impulso al desarrollo científico y a la reconversión tecnológica para el uso eficiente de la energía, que posibilite la utilización y desarrollo de fuentes alternativas de energía;

· el equilibrio entre generación, distribución, consumo y beneficios de las diferentes regiones del país;

· la diversificación de las exportaciones petroleras, para evitar privilegiar a un solo mercado, y la defensa del precio internacional de crudo;

Todo ello con el fin de fortalecer la soberanía y la independencia energética de la Nación.

34

Para garantizar la creación de fuentes de trabajo digno y un ingreso remunerado es preciso modificar el patrón actual de “crecimiento económico-generación de empleo”. Se requiere, para ello, una estrategia específica, integrada en las políticas industrial y de desarrollo rural, y construida sobre dos ejes interrelacionados: el eslabonamiento de las economías formal e informal y, la elevación de la productividad de la economía popular, urbana y rural.

Esta estrategia requiere de un proceso de planeación compartida para crear un sector moderno de trabajadoras y trabajadores por cuenta propia, cuyos productos o servicios se integren a la economía formal. Este proceso permitirá incrementar los ingresos de este grupo de población y garantizarle mejores niveles de consumo, así como una ampliación del mercado interno. El mecanismo privilegiado para alcanzar este propósito es elevar la productividad de la economía popular, mediante la incorporación de aquellos avances tecnológicos que permiten adaptar la producción de bienes y servicios a las condiciones locales. Para ello, es crucial estimular la asociación y organización de la población trabajadora y proporcionar apoyos financieros, tecnológicos y de capacitación bajo un esquema flexible, con prioridades definidas y sujeto a evaluación de resultados.

En el marco de estas políticas, es preciso enfatizar la transferencia de recursos federales compensatorios a las zonas de mayor rezago, como parte del proceso de federalización y descentralización. Un elemento central para la superación de la pobreza y el avance de la justicia distributiva es fijar una asignación de recursos federales que permita fortalecer las capacidades productivas de aquellos municipios o regiones que, en las condiciones actuales, no pueden generar localmente los recursos requeridos de inversión productiva.

35

La educación es el mayor reto de las sociedades en las que predomina la pobreza y el atraso. Para encarar este reto es preciso emprender una reforma en todos sus niveles con la participación de quienes participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la investigación científica y técnica, y en la promoción y difusión de la cultura y las

artes.

No es función del Estado educar a la sociedad sino financiar, promover y apoyar la educación, la investigación y la creación artística y cultural, para beneficio del pueblo y a partir de éste. La educación pública es una función de las educadoras y los educadores, organizados de manera democrática, y de los propios educandos.

El Estado obtendrá los recursos necesarios para financiar la educación y la investigación, así como para el apoyo a los proyectos públicos y privados que tengan como finalidad el mejoramiento y el desarrollo de la creación artística y cultural, de tal manera que se garanticen la gratuidad en el sistema educativo y el desarrollo del trabajo de investigadores, creadores, artistas y difusores de la cultura, mujeres y hombres.

El Estado no financiará por ningún medio la educación privada y garantizará que la educación pública sea laica y gratuita, con oportunidades igualitarias para todas las niñas y los niños así como para las y los jóvenes; por ello elevará a rango constitucional la obligación del gobierno de aportar como mínimo el ocho por ciento del PIB. El Estado será responsable de la infraestructura educativa en lo concerniente al mantenimiento preventivo y correctivo de los planteles escolares. El Estado estará obligado a crear las adecuaciones arquitectónicas pertinentes en los edificios escolares para facilitar el acceso de personas con capacidades diferentes.

El Estado garantizará que los estudiantes puedan ingresar y continuar sus estudios hasta culminarlos, mediante los apoyos económicos necesarios en todos los niveles de la educación pública. Los sistemas de becas abarcarán a todos los estudiantes de escasos recursos. Los libros de texto serán gratuitos en los niveles de primaria en todos los tipos de educación, y en secundaria y bachillerato en la educación pública.

· Se reformará el Artículo 3° constitucional para recuperar el carácter laico y la total gratuidad de la educación pública, establecer una gestión democrática y enriquecer su ideario agregando temas de nuestro tiempo como la educación pluriétnica y pluricultural y el nuevo humanismo,

Además, se requiere:

· elevar los niveles científicos y técnicos;

· introducir la pedagogía de avanzada;

· reorganizar los ciclos educativos;

· hacer de tiempo completo la actividad escolar;

· introducir la educación artística y el deporte;

· incluir la educación sexual en los programas escolares

· convertir a la escuela en un espacio de encuentro de la comunidad;

· promover el espíritu crítico y de investigación;

· ejercer y educar en la democracia participativa, la tolerancia, el respeto a la diversidad, el pluralismo, la equidad entre los géneros y la paz;

· promover la conciencia nacional en la diversidad, el pluralismo, la equidad entre los géneros y la solidaridad internacional.

· promover la defensa activa de las especies de flora y fauna que se encuentran en peligro de extinción.

El Estado promoverá la educación de personas adultas y la capacitación sistemática de las trabajadorasy trabajadores de la ciudad y el campo. Esta educación será desarrollada con la participación de los sindicatos.

Los sistemas de evaluación de la educación siempre serán públicos y dirigidos directamente por las instituciones participantes, sin interferencia de otras entidades ni de particulares.

Las y los profesores, investigadores, técnicos y estudiantes a partir de la enseñanza media, tendrán acceso gratuito a la red internacional (Internet) y se definirán subsidios para promover la adquisición de los equipos personales de las alumnas y los alumnos. En toda biblioteca pública y escuela del país se contará con acceso a la Internet.

Los pueblos indios tendrán derecho a la educación bilingüe. En todas las escuelas del sistema educativo nacional se impartirán cátedras del o los idiomas originarios propios de los pueblos indios de la región en que se encuentren asentadas las instituciones educativas. Estas asignaturas tendrán carácter optativo.

36

La revolución democrática de la educación superior revertirá la tendencia a favorecer la educación privada en detrimento de la educación pública y recuperará el prestigio de las universidades públicas y, para ello, se:

· restablecerá el carácter constitucional público y gratuito de la educación superior y se apoyará con los recursos necesarios a una nueva expansión de la universidad;

· respetará escrupulosamente la autonomía universitaria y el compromiso constitucional de dotar a la universidad pública de recursos suficientes para su funcionamiento y expansión y, promoverá que los propios universitarios ejerzan un control estricto y transparente sobre el uso de los recursos. Los poderes legislativos de los estados y el de la Unión expedirán solamente las leyes de autonomía de las instituciones de educación superior, y éstas podrán aprobar libre y democráticamente sus propios estatutos orgánicos y demás reglamentos internos;

· concederá un lugar prioritario a la educación superior en la política de desarrollo y asignará a la universidad pública el papel de centro orientador de la investigación científica nacional, conectada con la investigación internacional según las necesidades globales del país;

· recuperará plenamente su función de medio de relación de la cultura mexicana con la de América Latina, Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo;

· experimentará nuevos modelos, apoyados en las nuevas tecnologías educativas y de comunicación, para crear redes universitarias inclusivas y amplias, flexibles, diversificantes y promotoras de altos niveles de calidad y excelencia;

· creará y fortalecerá universidades estatales y regionales como centros universitarios orientados hacia los problemas y perspectivas del desarrollo regional;

· responderá a las demandas del mercado de trabajo y contribuirá a modelar este mercado y la oferta ydistribución nacional y regional de saberes, técnicas y profesionales;

· democratizará todas las relaciones de la comunidad universitaria y de sus órganos de gobierno yreconocerá a los estudiantes como los sujetos del proceso educativo y a los académicos, como los ejes culturales y organizadores de ese proceso;

· reducirá los espacios de poder de la burocracia y ampliará los espacios de discusión y creación de las comunidades universitarias, de profesores, investigadores y estudiantes;

· incrementará los gastos para la enseñanza y la investigación y disminuirá radicalmente los de la burocracia; y

· elevará los salarios y prestaciones del personal docente y de investigación para recuperar su dignidady prestigio, y detener la pérdida de recursos humanos calificados.

Estas transformaciones demandarán una consistente y gradual elevación del nivel académico.

La investigación científica y técnica será de alta prioridad en todos los aspectos de su desarrollo. Las investigadoras e investigadores tendrán acceso directo a las decisiones que afecten su propio trabajo yrecibirán la remuneración adecuada a su nivel y desempeño. El CONACyT se convertirá en una institución bajo la exclusiva dirección de los representantes de las investigadoras e investigadores de todo el país.

37

En el horizonte de una devastación de la naturaleza a escala planetaria, México enfrenta un deterioro ecológico y ambiental de grandes proporciones.

El desarrollo sustentable debe ser entendido como la modalidad de desarrollo capaz de utilizar los recursos naturales para satisfacer las necesidades esenciales de la población, como forma de elevar la calidad de vida de esta generación y de las futuras.

El objetivo fundamental es elevar la calidad de vida, manteniendo, enriqueciendo y transformando positivamente los ecosistemas mediante tecnologías adecuadas a estos fines y con la activa participación protagónica de la población en las decisiones fundamentales del desarrollo. Para impulsar un desarrollo sustentable se requiere también terminar con el centralismo y la visión tecnocrática de la planeación.

Se promoverá una planeación descentralizada que tenga como referente la regionalización física, biológica y social del país, y se garantizará que dicha planeación sea integral, incluyente y democrática, asumiendo compromisos los sectores público, privado y social.

Se requiere superar la contradicción entre el crecimiento económico y el deterioro de la naturaleza, así como, abandonar las concesiones económicas ecológicamente destructivas. El fortalecimiento de la planta productiva, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía del recurso genético y la generación de empleos y divisas, deben ser considerados en el marco de la planeación ambiental en dos aspectos: el primero, inherente a la división internacional del trabajo y a la relación que México guarda con ésta; el segundo aspecto se refiere al potencial productivo que tiene nuestro territorio en el ámbito regional.

La planeación ambiental regional será concebida en función de los límites naturales y no estrictamente en función de demarcaciones administrativas y políticas. Así, las cuencas hidrológicas, las unidades geomorfológicas o unidades de paisajes, dependiendo de la aptitud productiva o de conservación que tenga, deben ser la base para la definición de políticas de aprovechamiento de los recursos naturales y de uso del suelo. Por tanto, deberán establecerse las coordinaciones intermunicipales e interestatales necesarias para una administración democrática y equitativa.

La planeación ambiental incidirá de manera amplia en toda actividad, proyecto o plan de desarrollo, a través de los estudios de manifestación de impacto ambiental.

Se brindará mayor atención a los problemas de contaminación del agua, el aire y el suelo; al monitoreo del movimiento de residuos y sustancias peligrosas; y a la conservación de las especies amenazadas o en peligro de extinción.

Para hacer compatible la conservación de la biodiversidad y el desarrollo se requiere de un gran esfuerzo y de la participación democrática de los diferentes sectores y actores sociales.

En la agenda ambiental se debe:

· revisar el TLCAN y demás acuerdos comerciales internacionales y de inversión extranjera, para establecer fondos compensatorios para la recuperación ambiental. Así como, también, establecer una relación equitativa entre los países y regiones respecto a la extracción y transformación de las materias primas y el tratamiento de residuos peligrosos, lo que debe incluir mecanismos fiscales;

· promover el derecho que tiene toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar;

· reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) sobre distribución de competencias y coordinación en los niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, para evitar conflictos de competencias;

· promover una reglamentación que garantice el derecho a la información sobre el estado de los recursos naturales de la Nación y en particular, a los trabajadores, sobre las actividades productivas contaminantes;

· impulsar ante la sociedad un código de ética en el marco de la discusión política sobre la bioprospección. Tipificar como delito en la ley penal la substracción del recurso genético de la flora y fauna nacional;

· impulsar el reconocimiento de las y los médicos tradicionales y de sus aportaciones en favor de la humanidad;

· garantizar que el sistema educativo nacional fomente una cultura ambiental;

· priorizar proyectos de investigación dirigidos a resolver problemas ambientales y de desarrollo de tecnologías limpias;

· estimular una política energética alternativa con propuestas de producción, distribución y consumo ambiental, económica y socialmente viable;

· fomentar pequeñas y medianas industrias no contaminantes y generadoras de empleo;

· impulsar una legislación especial que regule el almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento, reutilización, reciclaje, incineración y disposición final de sustancias y residuos peligrosos generados por la industria, así como fomentar la reducción en la producción de éstos e impedir su importación al territorio nacional para evitar que el país se convierta en un basurero de contaminantes industriales;

· impulsar el monitoreo del movimiento de residuos y sustancias peligrosas en el país; castigar severamente el empleo ilegal de éstos y promover su utilización mínima en la planta industrial.

· impulsar la producción y el uso de medios de transporte no contaminantes, eficiente y baratos;

· impulsar tecnologías de reciclaje de desechos sólidos y combatir la cultura del desperdicio;

· apoyar propuestas en los ámbitos nacional, regional y local para racionalizar el uso, distribución yreciclaje del agua y garantizar su conservación;

· reglamentar la emisión de sustancias contaminantes industriales, domésticos y de los medios de transporte e introducir alternativas limpias;

· promover políticas y programas de manejo de los recursos naturales (suelo, agua y biodiversidad) que hagan compatible su conservación y su aprovechamiento sustentable;

· impulsar políticas orientadas a la conservación y administración de áreas naturales protegidas con la participación directa de las comunidades involucradas;

· promover la defensa activa de las especies de flora y fauna, especialmente de aquellas que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.

· aportar soluciones integrales para el uso y disposición final de rellenos sanitarios.

· impedir la instalación de basureros nucleares en el país.

· incorporar a la legislación ambiental mexicana, la aplicación de fondos sociales, a la industria maquiladora de exportación por los graves riesgos ocasionados a la salud de los trabajadores y trabajadoras, al medio ambiente y el equilibrio ecológico.

· lograr que la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (PRPFEPA), sea un órgano autónomo, ciudadanizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que desempeñe la procuración de justicia ambiental pronta y expedita.

· declarar una moratoria en la utilización en gran escala de productos transgénicos animales y vegetales hasta la solución de los problemas que esta técnica ha provocado.

· rechazar la ejecución del Plan Puebla Panamá propuesto por el gobierno de Vicente Fox, e impulsar programas regionales e integrales para el desarrollo sustentable de la región sur-sureste de la República Mexicana. Estos programas deberán ser diseñados y consensuados con las comunidades y municipios correspondientes.

III. REFORMA DEL ESTADO 38

El Partido de la Revolución Democrática lucha por una nueva constitucionalidad en la que se establecerá un Estado federal, representativo y participativo; pluriétnico, multilingüe y pluricultural; nacional ydemocrático. Entre los temas que destacan en esta nueva constitucionalidad se encuentran:

la reforma económica y social; el nuevo régimen político; el papel rector del Estado; la preservación del medio ambiente así como el impulso al desarrollo sustentable, y la vigencia del principio de soberanía nacional frente al nuevo contexto internacional.

El Estado será laico y se mantendrá la separación entre éste y las Iglesias, garantizándose la libertad religiosa de todos los individuos y grupos humanos.

Se requiere la incorporación de una gran cantidad de innovaciones que en el constitucionalismo mundial se han producido y que en México no se han tratado adecuadamente como son: las garantías efectivas a los derechos sociales; la ampliación de los derechos humanos; un marco democrático y moderno al derecho a la información, a los medios de comunicación y a la cultura; adecuación de las reglas del control constitucional en un sentido democrático y abierto; el carácter multicultural y pluriétnico de la nación mexicana a fin de garantizar los derechos de los pueblos indígenas; un esquema constitucional adecuado para la relación de la sociedad civil con el estado; el tratamiento sistemático a los órganos constitucionales autónomos; la urgencia de enfrentar los problemas de gobernabilidad en materia de presupuesto, veto, nombramiento de los miembros del gabinete, moción de censura, comisiones de investigación, entre otros.

39

La forma de gobierno será republicana, democrática, representativa y participativa, y federal. El sistema político será de carácter parlamentario; el presidente o la presidenta de la República será jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas; el Ejecutivo será colegiado y se constituirá mediante sanción parlamentaria; todas las resoluciones del Parlamento serán obligatorias para el Ejecutivo; el Parlamento será bicameral.

Los estados y municipios se organizarán conforme al sistema parlamentario unicameral.

El Distrito Federal será convertido en un estado de la Unión.

40

Serán reconocidos como derechos políticos de los ciudadanos el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación del mandato. El Instituto Federal Electoral (IFE) será el órgano responsable de organizar el referéndum y el plebiscito. Los estados y municipios, así como el Distrito Federal, adoptarán la democracia participativa, el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. Se

promulgará una sola legislación electoral para todo el país, que reconozca al IFE como el responsable de organizar las elecciones, ampliando sus facultades de fiscalizacion sobre el ingreso y gasto de los partidos, aun en precampañas.

La ciudadanía tendrá derecho a votar en referéndum las leyes federales y de los estados que sean impugnadas por un número de ciudadanos definido por la legislación. La ciudadanía, bajo condiciones reglamentadas, podrá proponer iniciativas de ley a las legislaturas, las cuales tendrán la obligación de discutirlas y votarlas. La iniciativa popular podrá ser ejercida a petición de por lo menos cinco mil ciudadanos inscritos en el padrón electoral y por las organizaciones sociales. El derecho de voto pasivo –ser elegida o elegido– se garantizará mediante la creación de la figura de candidaturas independientes cuando la candidata o candidato reúna los requisitos marcados por la ley. Las candidaturas comunes y las coaliciones electorales no podrán ser limitadas o restringidas. Las ciudadanas mexicanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero gozarán del derecho al voto en las elecciones federales. Los partidos políticos y candidatas o candidatos, así como las precandidatas o precandidatos, no podrán comprar tiempo de transmisión en radio y televisión y gozarán de acceso a esos medios por cuenta del Estado, de manera reglamentada por las leyes. Los órganos del poder público no podrán realizar propaganda política; los mecanismos de información oficial serán precisados por las leyes. Se perseguirán efectivamente la coacción y la compra del voto. Se proscribirá el uso de los colores de la bandera nacional en los emblemas de los partidos políticos.

El instituto encargado de la organización de los comicios y consultas populares será de carácter nacional, así como el tribunal de la materia que seguirá siendo parte del poder Judicial de la Federación. La composición de los parlamentos de los estados y de los ayuntamientos será establecida en las constituciones de los estados.

41

El carácter federativo del Estado mexicano será profundizado, de tal manera que los estados tengan la libertad de imponer contribuciones que hoy se encuentran condicionadas u obstaculizadas por la Federación. Los recursos fiscales totales serán distribuidos gradualmente a efecto de que se alcance un 40 por ciento para la Federación y el resto para los estados y municipios.

La política general de distribución de recursos fiscales incluirá los fondos necesarios destinados a las regiones más pobres del país, de tal modo que el desarrollo del federalismo no condene a dichas regiones a permanecer en el atraso.

Las políticas de financiamiento y promoción del desarrollo atenderán prioritariamente a las zonas de mayor atraso del país.

42

Se establecerá un tribunal constitucional para garantizar que las leyes sean congruentes con la Carta Magna de la República Mexicana. Este tribunal será independiente de cualquier otro poder y sus integrantes serán nombrados por el parlamento mediante mayoría calificada de dos tercios.

43

La fiscalización de los ingresos y gastos públicos estará a cargo de un órgano federal y de los

correspondientes de los estados, de carácter colegiado, con capacidad plena para realizar sus

funciones, incluyendo las investigaciones y la persecución ante los tribunales de los presuntos

infractores. Las declaraciones de bienes de las y los servidores públicos serán dadas a conocer y su

revisión estará a cargo de los órganos fiscalizadores.

44

Las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán nombrados directamente por el Senado, mediante mayoría calificada de dos tercios. El Ministerio Público será una institución de carrera, independiente de la administración pública, cuyo titular será nombrado directamente por el correspondiente órgano legislativo mediante mayoría de dos tercios. La policía judicial o cualquiera que sea su nueva denominación será de carrera y sus funciones se limitarán a las investigaciones y demás actividades que se deriven de su subordinación al Ministerio Público y al auxilio de los jueces.

Toda persona contará con la asistencia necesaria para tener acceso a la justicia, por lo que el Estado sostendrá y desarrollará la ayuda jurídica necesaria para alcanzar este propósito. La defensoría de oficio será organizada para dar servicio eficaz a toda persona que lo requiera.

Los organismos estatales y el nacional de derechos humanos podrán pronunciarse sobre asuntos de carácter laboral y electoral; sus titulares y los consejos que los compongan serán nombrados por el Poder Legislativo y ante éste rendirán sus informes.

45

Las administraciones públicas de la Federación y de los estados contarán con el sistema de servicio civil de carrera. Las leyes para la profesionalización de los trabajadores al servicio del Estado, las normas de estímulos y recompensas, así como la ley de responsabilidades de los servidores públicos, deben ser reformadas con la finalidad de que se establezcan reglas claras para el ingreso, permanencia, promociones y remuneraciones de acuerdo al desempeño y de conformidad con los objetivos de las instituciones y necesidades de la población. Las modificaciones propuestas deben incluir indicadores de desempeño, capacitación y el retiro del servidor público. Funcionarán bajo los principios de honradez, eficiencia, disciplina, probidad, responsabilidad y sin discriminaciones por motivos de género.

46

Se debe modificar el Artículo 39 de la constitución para incluir que la soberanía popular se ejerce a través de la participación política de la ciudadanía. Para que se involucre a los usuarios, beneficiarios o actores sociales en la planeación, gestión y evaluación de servicios públicos y en el diseño de políticas de largo plazo. En este sentido, se promoverá la participación ciudadana en organismos públicos mediante la creación de consejos consultivos en todas las dependencias gubernamentales.

Los estados expedirán las leyes de participación ciudadana que garanticen la intervención de los residentes en los asuntos públicos a través de su organización y el ejercicio de derechos colectivos conferidos a las comunidades urbanas y rurales.

47

La seguridad pública será organizada por la Federación, los estados y los municipios, a través de la carrera policial. Las corporaciones de seguridad pública estarán al servicio de la sociedad y auxiliarán al Ministerio Público y al poder Judicial, pero no podrán ser usadas por las y los gobernantes para su beneficio o seguridad personal.

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La existencia de las fuerzas armadas es una exigencia de seguridad nacional. Su tamaño, organización y recursos deben, por tanto, ser tales que puedan garantizar la integridad territorial, la independencia y la soberanía nacional.

En las últimas dos décadas, las fuerzas armadas se han modernizado en muchos aspectos pero en otros, de carácter vital, han permanecido estancadas. Su estructura orgánica, su legislación, y la calidad profesional de su personal, ya no son las que requieren las nuevas realidades del país.

No son menores los vicios y problemas que hoy padecen las fuerzas armadas. Uno de ellos es el de las inadecuadas percepciones económicas de su personal, insuficientes en algunos de sus niveles y muy desiguales en otros. A los sueldos o remuneraciones básicas se añaden bonos, niveles, asignaciones o compensaciones de diversos tipos, las cuales, la mayoría de las veces se otorgan para asegurar la subordinación jerárquica e incondicional de los efectivos, no para premiar o estimular conductas y desempeños ejemplares. La designación de comisiones importantes se encuentra en manos casi exclusivamente de los secretarios de Defensa y Marina, lo que refuerza el centralismo y reproduce los vicios de control de personal.

Se diseñará un plan de percepciones que homologue al personal de las fuerzas armadas. Se hará una revisión exhaustiva de los sueldos, así como del sistema de compensaciones y otro tipo de emolumentos tanto para el personal en activo como del retirado. Se modificará el sistema de ascensos y la asignación de comisiones, a fin de eliminar la discrecionalidad e imponer criterios profesionales. Se diseñará un plan orgánico de cuadros y efectivos, que defina el tamaño de cada una de las fuerzas y, conforme a ello, se establecerá el número y distribución de las plazas y cargos signados o por asignar.

El Estado Mayor Presidencial es una dependencia militar que ha desvirtuado sus fines originales. Entre otros problemas, salta a la vista la discrecionalidad e ilegalidad con que se hace uso de su personal, pues algunos de sus miembros llegan a ser ocupados como ayudantes, guardaespaldas y sirvientes de funcionarios y sus familiares. Tampoco hay un claro control sobre el manejo y fin de su presupuesto, pues éste no es controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ni por la Contraloría de la Federación. Resulta indispensable suprimirlo y sustituirlo por una ayudantía para el Presidente de la República.

El Ejército tiene serios problemas de estructura. Para contar con unas fuerzas armadas funcionales ymodernas, al servicio de la nación y su soberanía, se independizará la Fuerza Aérea del Ejército, pues ello es absolutamente necesario desde el punto de vista profesional. Separada del Ejército, la Fuerza Aérea elaborará programas óptimos de compras, mantenimiento del material de vuelo y entrenamiento.

La formación militar ha sido descuidada. El Colegio Militar y otras escuelas de formación no han estado a la altura de las circunstancias para formar oficiales con una sólida base de principios morales, militares y profesionales. Se reestructurarán los programas de estudio de las escuelas militares y, en los casos del Heroico Colegio Militar y la Escuela Militar de Aviación, sus cursos se elevarán al nivel de licenciatura.

Se revisará y reformará el sistema de impartición de justicia en las instituciones armadas, pues éste tiene graves distorsiones y vicios que es necesario corregir.

La Secretaría de Defensa Nacional debe transformarse para agrupar a las tres fuerzas armadas, con una estructura comandada por un Estado Mayor conjunto o unificado, formado por los jefes del Estado Mayor del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y presidida por un jefe del Estado Mayor Conjunto. Los planes de operación, trabajo y desarrollo de las fuerzas armadas deberán actualizarse tomando en cuenta las nuevas realidades del país y los compromisos bilaterales fronterizos y multilaterales de la región, sin desvirtuar principios patrióticos y de resguardo de la integridad de la nación.

Es de vital importancia actualizar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para darle a esas fuerzas estructura, funcionalidad y posibilidades de operación más acordes con las necesidades que plantea la realidad nacional; actualizar la Ley del Instituto del Seguro Social para las Fuerzas Armadas, para su eficaz y oportuna aplicación; y realizar cambios a la Ley de Ascensos yRecompensas.

Las Fuerzas Armadas Mexicanas dejarán de participar en actividades que no son compatibles con sus funciones, tales como el combate al narcotráfico y de seguridad pública.

49

La libertad de prensa no tendrá restricciones, sin menoscabo de las responsabilidades establecidas por las prescripciones civiles y penales que garantizan derechos y persiguen la comisión de delitos. La inoperante Ley de Imprenta vigente será abrogada y se establecerán disposiciones congruentes con las garantías constitucionales.

Las garantías de libertad de expresión y derecho a la información se incluirán en un artículo que contenga: los derechos de los profesionales de la comunicación y los derechos de los ciudadanos de acceso a la información, réplica, rectificación y aclaración. El otorgamiento de concesiones y permisos para la operación de emisoras de radio y televisión, dejará de ser una atribución discrecional del Poder Ejecutivo, aquéllas se otorgarán por tiempo indefinido pero no podrán ser acaparadas por personas o grupos, y se aplicarán disposiciones tendientes a la diversificación de los concesionarios. Las violaciones a las leyes de la materia y las controversias serán vistas en tribunales de justicia. El Estado, a través de los poderes públicos federales, estatales y municipales, dispondrá de lapsos en las transmisiones de radio y televisión, los cuales también serán usados por las instituciones de educación pública y cultura, los partidos políticos y las autoridades electorales, a través de regulaciones precisas. El Poder Legislativo Federal y los poderes legislativos de las entidades federativas tendrán derecho a disponer de autorizaciones para la instalación de canales de televisión restringida y abierta. La ley protegerá y promoverá la radio y televisión culturales de carácter público, así como las emisoras en lenguas indígenas. En el ámbito administrativo, se creará un consejo nacional de radio y televisión, integrado por consejeras y consejeros nombrados por el Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo de la Unión; tomarán parte en dicho consejo las y los representantes elegidos por los concesionarios, las instituciones públicas de cultura y las trabajadoras y trabajadores de tales medios.

La Constitución impedirá la publicidad, a través de cualquier medio, de bebidas alcohólicas y tabacos, así como la identificación de las víctimas de abuso sexual y de los infractores menores de edad.

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El derecho a la información debe estar consagrado en un sólo artículo constitucional que lo separe de la libertad de expresión y de imprenta.

Las y los mexicanos tendrán derecho a recibir información de los asuntos públicos; el Estado estará obligado a informar públicamente sobre los aspectos principales de su desempeño. Será eliminado el secreto bancario de las operaciones pasivas. No podrá haber partidas secretas o de uso discrecional en los presupuestos de ningún nivel de la administración pública central y descentralizada ni de las instituciones públicas independientes o autónomas. La ley establecerá el carácter público de los archivos históricos y protegerá la documentación de todos los archivos de ese mismo tipo; los servidores públicos no podrán disponer de los documentos que deban archivarse. Las informaciones reservadas conforme a la ley no podrán mantenerse con ese carácter por más de 20 años. Se creará un órgano autónomo que podrá coordinarse con las entidades federativas y municipios para llevar a cabo un sistema nacional de archivos, con pleno respeto a la autonomía y ámbito de competencias locales. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); se convertirá en un organismo independiente en su funcionamiento, cuyo titular será nombrado por una de las cámaras legislativas. Las y los legisladores tendrán la facultad de obtener información veraz de cualquier dependencia pública; toda persona requerida estará obligada a comparecer ante las comisiones legislativas bajo protesta de decir verdad. El Estado garantizará la confidencialidad de las comunicaciones privadas entre las personas, sin impedir las actividades de carácter judicial, y penalizará la publicación de las comunicaciones ilegalmente obtenidas.

IV. DEMOCRACIA EN LA SOCIEDAD

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La democracia debe hacerse presente en todos los ámbitos sociales. La crisis del corporativismo debe traducirse en la superación del carácter antidemocrático de la mayoría de las organizaciones sociales del país. Desde diferentes posiciones, es tarea de los y las demócratas mexicanos superar los viejos métodos antidemocráticos y promover una nueva cultura de y para la democracia.

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La reforma sindical promoverá las bases para la democracia de las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras, pero será insuficiente. Es preciso impulsar la participación activa de las bases en los asuntos sindicales, la cultura sindical y la unidad y la solidaridad de las trabajadoras y trabajadores del país.

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La nueva cultura democrática en las organizaciones sociales significa, por lo menos:

· independencia de las organizaciones sociales respecto a los grupos económicos, los partidos políticosy el Estado, y el rechazo a la afiliación colectiva de las y los trabajadores a cualquier partido político;

· libertad para constituir sindicatos, agrupaciones campesinas y de productores rurales, cooperativas, asociaciones civiles, empresariales y de profesionales y el respeto del Estado a su personalidad jurídica;

· unidad en la diversidad con plena libertad de expresión y opinión;

· libre elección de las y los dirigentes, mediante voto directo, secreto y universal, obligación de éstos de rendir cuentas a sus representados y derecho de las y los agremiados a revocar su mandato; y

· respeto a los acuerdos de las instancias colectivas de las organizaciones, sean sindicales, campesinas, profesionales, empresariales o vecinales.

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En el marco de la organización democrática de las trabajadoras y los trabajadores y de la garantía de sus derechos, es posible enfrentar los nuevos retos del mundo del trabajo derivados de las transformaciones productivas operadas a escala mundial durante las últimas décadas y de los procesos de regresión ocurridos en el país.

Los cambios en la estructura técnica y económica están conduciendo a una transformación profunda del trabajo que incluso plantea su redefinición conceptual y genera cambios radicales en la estructura de las ocupaciones. Este es el momento de marchar hacia una concepción más avanzada del trabajo, desarrollando su dimensión creativa. La democratización y valorización del trabajo son incompatibles con el uso antilaboral de la tecnología que, por el contrario, debe emplearse para liberar a las trabajadoras ytrabajadores de las tareas nocivas y monótonas e incrementar sus potencialidades creativas y de control sobre su proceso de trabajo.

Una adecuada base técnica es una condición para incrementar la productividad. Sin embargo, ésta es resultado de la conjugación compleja de condiciones sociales óptimas y propicias para la producción. Por lo mismo, la productividad es una tarea social compartida por empresas, trabajadoras, trabajadores y gobierno que no puede ser cumplida subordinando al trabajo o sobre-explotando la mano de obra; en ese sentido, deben valorarse y ser punto de referencia las recomendaciones y acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); firmados por México. La calidad es otro espacio de lucha sindical emergente.

Para enfrentar el reto de la reestructuración democrática y productiva del mundo del trabajo se

requieren perfeccionar los procesos intensivos y extensivos de educación y capacitación. Se trata de crear condiciones que permitan movilizar, desarrollar y profundizar la capacidad colectiva de las y los trabajadores, técnicos y profesionales para plantear y resolver problemas de la producción tanto de su centro de trabajo como de la nación. Se requiere establecer el marco legal que obligue a todas las empresas a brindar capacitación de gestión mixta a sus trabajadores y trabajadoras, destinando montos específicos e instituciones ágiles.

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Los medios de comunicación deben ser voluntarios promotores de la cultura democrática. Esta tarea se ubica en el terreno de la lucha de las ideas, de la permanente crítica de las expresiones y formas contrarias a la democracia, la diversidad, la equidad entre los géneros y el pluralismo, que debe estar a cargo de todas las y los demócratas. Los partidos políticos y toda clase de organizaciones de la sociedad, así como la escuela, deben asumir el gran reto de asumir el encargo de convertirse en promotores de la democracia y de la cultura democrática a través de los medios de comunicación social.

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Las y los residentes de poblados, colonias, barrios, unidades habitacionales y otros conglomerados humanos, además de gozar de derechos legales para tomar decisiones a través de métodos directos participativos, constituyen elementos básicos para el desarrollo de la democracia. Su organización en la diversidad y el pluralismo es tarea de los y las demócratas a través de un proceso de educación popular en la práctica.

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El papel de las organizaciones no gubernamentales es cada vez mayor. A pesar de los obstáculos, estas organizaciones se han ido desarrollando como instrumentos de la sociedad en favor de los derechos humanos, la democracia, la tolerancia, la diversidad, el pluralismo y la defensa del medio ambiente, y en contra de la discriminación, la persecución y la injusticia. Es papel de los y las demócratas de todas las tendencias contribuir al desarrollo de estas organizaciones de la sociedad, mientras que el Estado debe respetarlas y apoyarlas, y otorgarles un marco jurídico propicio para su actividad.

V. INTEGRACIÓN MUNDIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

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El mundo vive una nueva era, marcada por el poderoso fenómeno de la globalización. La revolución tecnológica es el factor desencadenante de este proceso trascendental. Esto puede observarse en la forma en que la globalización del comercio y el aumento del flujo de capital han determinado el crecimiento económico. Han surgido poderosas entidades privadas multinacionales con poder económico y capacidad de creación de empleos y de movilización de capitales superiores a muchos estados nacionales.

Al mismo tiempo, en el mundo continúa creciendo la brecha entre ricos y pobres, tanto dentro de las naciones como a través de las diferentes regiones del orbe; aparecen nuevas formas de exclusión social relacionadas con la revolución tecnológica; crece la concentración del poder financiero y económico, combinado con una mayor vulnerabilidad ante las crisis financieras; se debilita la democracia representativa y el papel de la política; proliferan los conflictos dentro y entre las naciones; crece la degradación y el agotamiento de los recursos naturales. Ante ello, el Partido de la Revolución Democrática reivindica, junto con las corrientes de izquierda democrática en todo el mundo, la necesidad de la lucha para que la integración global redunde en beneficio de toda la población del planeta. Es necesario vincular la revolución tecnológica y el crecimiento material derivado de ella, con el avance social, en un proceso democrático y sustentable. En otras palabras, transformar el cambio global para que traiga consigo el progreso global.

La era de la globalización está impactando con fuerza en la realidad internacional. Los cambios tecnológicos, nuevas amenazas al medio ambiente, los constantes flujos migratorios, la reafirmación de identidades culturales y la pérdida de autonomía de la política a nivel nacional, son todos factores que aumentan el nivel de desorden en el mundo. Las crisis surgen y se hacen cada vez más globales.

La principal tarea de hoy es dar al proceso de globalización una dimensión social y colocarlo al servicio de la humanidad. Esto significa que la globalización debe ser regulada, fortaleciendo democráticamente a las autoridades locales, los Estados nacionales, las organizaciones regionales y las instituciones internacionales. Lo anterior incluye abrir cauce a una mayor participación ciudadana y vigorizar las instituciones democráticas cuando ellas existan y crearlas donde sean necesarias.

La solidaridad internacional es la clave de los esfuerzos por conformar una sociedad democrática global. La solidaridad ha estado en el centro de los movimientos de izquierda y ha colocado a ésta en la vanguardia de la respuesta a los nuevos desafíos de la globalización.

La solidaridad es fundamentalmente la lucha contra la desigualdad, a favor de la equidad entre los géneros y contra cualquier forma de discriminación por razones de origen, etnia, creencias religiosas o preferencias políticas.

El PRD considera que el elemento fundamental para el establecimiento de una sociedad democrática mundial sigue siendo el Estado-nación, incluyendo a partidos políticos, instituciones públicas yorganizaciones y movimientos sociales que canalicen y respondan a las aspiraciones de los habitantes de una nación.

Nuestro partido luchará también por una mayor cooperación entre los países, sobre todo a nivel regional, siempre y cuando esté basada en intereses comunes y en el respeto a la diversidad cultural, y tenga como objetivos mejorar el bienestar de los pueblos y desarrollar políticas más amplias y equilibradas para alcanzar la paz y la seguridad, la preservación del medio ambiente y la transferencia e intercambio de tecnología en forma equitativa.

Resulta indispensable construir un nuevo orden mundial, con nuevos y eficientes instrumentos multilaterales para prevenir, gestionar y resolver los conflictos. Como un paso concreto hacia el logro de esta tarea, el PRD apoya la propuesta de aumentar el número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tal medida contribuiría a democratizar este organismo internacional, haciéndolo más representativo.

Promover la solidaridad global como el fundamento del nuevo orden mundial, significa:

· impedir el genocidio y la impunidad de los regímenes dictatoriales que violan sistemáticamente derechos humanos universales. Dentro de este contexto, el PRD apoya la creación de la Corte Penal Internacional, según demanda el Tratado de Roma;

· apoyar las iniciativas políticas que sean necesarias, dentro de las naciones y en las instituciones internacionales, para apoyar una total abolición de la pena de muerte en todo el mundo;

· promover la solución definitiva del problema de la deuda bilateral y multilateral, de los países más pobres, asegurándoles un acceso irrestricto de sus productos al mercado. Las futuras generaciones en estos países deben ser liberadas de este lastre, mientras que las generaciones actuales pueden utilizar los recursos adicionales para luchar contra la pobreza y financiar servicios de salud, educación y desarrollo local;

· apoyar la adopción, por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de una cláusula social que favorezca a los países menos desarrollados. La cláusula social debería, por lo menos, incluir fondos compensatorios para el desarrollo social y la promoción del empleo, prohibir los trabajos forzados y el trabajo de menores, mecanismos para la protección del medio ambiente y garantizar la total libertad sindical, incluyendo los derechos de libre asociación y la negociación colectiva.

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El comercio internacional y los mercados financieros se desarrollan en el plano global, pero la gobernabilidad y la regulación aún tienen un ámbito principalmente nacional.

Un reto fundamental es, por lo tanto, reestructurar el desequilibrio actual entre el poder ascendente de los mercados financieros y la disminución del poder de los Estados. Ello requiere la cooperación y los esfuerzos coordinados de los Estados nacionales y de la comunidad internacional.

En esta dirección, las naciones del mundo, incluyendo México, deben centrarse alrededor de las siguientes tareas:

· impulsar iniciativas que reduzcan los riesgos actuales de inestabilidad financiera y recesión global, ypromover la cooperación internacional para aquellos países que ya se han visto afectados o se encuentran en una situación especialmente vulnerable;

· promover la coordinación de políticas económicas y sociales a nivel internacional, con objeto de promover un mayor crecimiento sustentable;

· luchar por una reforma del marco internacional para la regulación financiera y económica, incluyendo las respectivas funciones y competencias del FMI y del Banco Mundial;

· exigir la ampliación cuantitativa y cualitativa de las aportaciones de los países desarrollados destinados a prestar apoyo a las economías en desarrollo y en transición;

· cancelar de manera inmediata la deuda de los países altamente endeudados y lograr la renegociación de la que tienen los países en desarrollo;

· reducir las tasas de interés que aplican los organismos financieros internacionales y asegurar que las tasas de cambio de las divisas más importantes sean estables o se puedan ajustar de una forma coordinada;

· reforzar los mecanismos nacionales e internacionales de vigilancia de las operaciones financieras, particularmente en los llamados “paraísos fiscales”, como parte de un esfuerzo concertado para impedir el blanqueo de dinero que realizan los traficantes de drogas y otras organizaciones criminales internacionales;

· alentar a la OIT para que fortalezca sus acciones en la promoción de los derechos de los trabajadores, la creación de más y mejor empleos, la previsión social y el crecimiento sustentable;

· apoyar la creación de un Consejo de Seguridad Económica dentro del marco de las Naciones Unidas, para abordar temas globales tales como la estabilidad de los tipos cambiarios y el flujo internacional de capitales, la evasión fiscal; y acción en programas globales orientados a recortar el desempleo y estimular la recuperación económica; y las políticas de las instituciones financieras internacionales. Las negociaciones para la creación de tal organismo deberán incluir tanto a los países desarrollados como en desarrollo.

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En esta era de la globalización, los mayores desafíos medioambientales incluyen: la reducción de los recursos naturales a un ritmo acelerado, los cambios climatológicos provocados por el calentamiento global, el agujero de la capa de ozono, la variedad de las especies que va disminuyendo paulatinamente, la destrucción de las tierras agrícolas y de las aguas subterráneas, la contaminación y el consumo excesivo; todo ello constituye una amenaza para la vida en el planeta.

La protección del medio ambiente es una tarea que va más allá de las fronteras nacionales. Por ello, el papel del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y de los otros órganos de la ONU deben apoyarse y fortalecerse

El PRD considera como especialmente importantes los esfuerzos por reducir, en la atmósfera, la emisión de los gases que alteran el clima. La tarea consiste en lograr un amplio acuerdo general con miras a establecer una nueva generación de instrumentos legales de cumplimiento obligatorio en los ámbitos nacional así como regional y global.

México debe lanzar un llamamiento específico para la total aplicación del Protocolo de Kyoto, que incluye un compromiso con el fin de reducir las emisiones en los países industriales en por lo menos un cinco por ciento durante el periodo 2008-2012, sobre la base de los niveles de 1990. Este protocolo proporciona una justa distribución de esta tarea entre los distintos países,

El PRD también hace hincapié en la importancia de proteger la diversidad y aboga, asimismo, por que ocupe un lugar prioritario en la agenda medioambiental global. Todos los días, varias especies desaparecen de la tierra. Por tanto, el partido lanza un llamamiento a todos los países para que respeten los compromisos adquiridos como partes firmantes del Convenio sobre Diversidad Biológica.

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El papel de los medios de comunicación de masas en la nueva sociedad de la información representa uno de los aspectos más significativos de la revolución tecnológica. Esta es una preocupación, no solamente porque limita la opinión y la posibilidad de expresar puntos de vista diferentes debido a la creciente concentración de los medios en manos de un pequeño grupo de corporaciones transnacionales, sino también porque conlleva un proceso de homogeneización cultural, por el cual las características específicas de diferentes pueblos, sus costumbres y tradiciones no se distinguen claramente dentro de la uniformidad impuesta por el mercado.

Como parte de un esfuerzo internacional, debe promoverse una mejor comprensión y apreciación de la diversidad cultural como parte de un esfuerzo general para acercar a los pueblos, las etnias y las naciones. Para ello, sin embargo, se requiere definir nuevas políticas de seguimiento y nuevos criterios legales, nacionales e internacionales, en relación con los medios masivos de comunicación. En esta

tarea, mucho podrán aportar grupos e instituciones, públicos y privados, cuyo enfoque no esté basado en el interés comercial.

La paz y la seguridad en la era de la globalización dependen del respeto mutuo entre las diferentes culturas. A diferencia de tiempos anteriores, las principales armas en el siglo XXI deben ser el diálogo y el conocimiento.

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El fenómeno de las migraciones se debe en gran medida a los desequilibrios, cada vez mayores, entre los países más ricos y los países más pobres del mundo. Es un problema que está creciendo continuamente y constituirá uno de los mayores problemas sociales y políticos del siglo XXI.

Al mismo tiempo que crece el flujo de inmigrantes se agravan los abusos contra éstos. Por ello, el PRD apoya la redacción de una Carta de los Trabajadores Inmigrantes. Dicha carta debería, entre otras funciones, estipular las responsabilidades de los países receptores y los derechos de los migrantes, incluyendo el derecho a un proceso legal para los que hayan llegado a un país sin previa autorización.

Dicha carta debería ser adoptada por la ONU y por los organismos especializados pertinentes, tales como la OIT, con miras a incrementar la cooperación internacional

En la medida en que existe un vínculo evidente entre los flujos de inmigrantes y la globalización de la economía, los gobiernos deben comprometerse a incluir junto con los temas de comercio y de desarrollo, los esfuerzos que tendrían que desplegar en el campo de la inmigración. En este orden, se requiere, particularmente, programas relativos a los trabajadores estacionales inmigrantes menos calificados.

Resulta imperativo luchar contra el racismo y la discriminación que sufren los trabajadores inmigrantes y sus famillas. Desplegar un esfuerzo a nivel internacional para llevar a cabo acciones judiciales severas contra los crímenes perpetrados contra los inmigrantes por razones de raza, de religión o de nacionalidad. Reducir las barreras legales y administrativas con el fin de facilitar así la obtención de la ciudadanía y, al mismo tiempo, desarrollar programas con el propósito de incrementar la participación de los inmigrantes y de los nuevos ciudadanos en la vida cívica, social y cultural de sus nuevos países. del año dos mil uno. Por la Mesa de Debates: Pablo Gómez, presidente; Lorena Villavicencio, secretaria.

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